Una plataforma de afectados por la compra por un euro del Banco Popular solicitó, a través de personas del Partido Popular, que Mariano Rajoy respondiera sobre la actuación del Gobierno en la resolución del Popular. La respuesta que recibieron de un departamento del gabinete de comunicación parece escrita por el propio Luis de Guindos…, o por el propio Santander
Una plataforma de afectados por la venta del Popular por un euro al Santander se quiso poner en contacto con Mariano Rajoy a través de personas del Partido Popular para, en primer lugar, explicarle la situación de las víctimas de la operación y, en segundo lugar, conocer de su parte la implicación o las actuaciones que adoptó el Ejecutivo que él preside para haber permitido la ruina de más de 305.000 familias. La respuesta les llegó y no tiene desperdicio porque parece redactada por el propio Luis de Guindos o, directamente, por el Banco Santander puesto que los argumentos que se dan son los mismos que están utilizando los abogados de la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Diario16 ha tenido acceso al documento en cuestión.
«Señalamos que el Gobierno no tiene competencias y, por tanto, no puede intervenir en la supervisión ni en la resolución de entidades financieras. Dicho esto, cabe apuntar que la resolución del Banco Popular deriva de la declaración de inviabilidad del mismo declarada por el Banco Central Europeo (BCE). A partir de ese momento, las decisiones sobre cómo proceder ante los problemas de la entidad dependen de la Junta Única de Resolución. Una vez constatado por este órgano que se cumplían las condiciones para recurrir al procedimiento de resolución del banco, la Junta dio al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) la instrucción expresa de que iniciase el proceso, que se ha realizado minimizando los daños lo más posible, así como bajo el estricto cumplimiento de la normativa europea.
» Permítenos explicarte brevemente las condiciones que son necesarias para comenzar el proceso de resolución. En primer lugar, como ya hemos citado, se había declarado la situación de inviabilidad tanto por el BCE como por el propio Popular. En segundo lugar, se reconoció la falta de alternativas para resolver estas dificultades por medio de inversores privados. Por último, debía darse la condición de existir motivos de interés público, que en este caso no son otros que el de preservar la estabilidad financiera, evitar la inyección de dinero público y a la par proteger a los depositantes como obliga la legislación a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Sin embargo, el caso de los accionistas es distinto ya que, como sabes, las acciones constituyen inversiones cuyos activos son más rentables que los depósitos financieros y, en consecuencia, también conllevan más riesgo. Por otra parte, de no haberse realizado este proceso de resolución, el banco se habría liquidado en procedimiento concursal ordinario.
En relación con la venta, se trató de un proceso abierto, transparente y neutral. Se llevó a cabo mediante un proceso competitivo en el que se contactó con las únicas cinco entidades financieras que habían mostrado interés en el proceso anterior de intento de venta privada y que, por tanto, tenían ya datos sobre la situación del Banco Popular. De esas cinco entidades, dos firmaron el acuerdo de confidencialidad para poder participar en el procedimiento. Por último, la oferta ganadora fue la que presentó el Banco Santander, propietario hoy de todas las acciones, al tiempo que se ha comprometido a garantizar la liquidez necesaria para asegurar la continuidad del normal funcionamiento del Popular desde el mismo día de la operación. Cabe añadir que, en paralelo, un experto independiente había realizado una valoración negativa del Banco Popular, y a pesar de ello, el precio de venta final resultó ser superior a esta valoración».
Señor Mariano Rajoy, ¿usted también? Cuando un departamento o un gabinete de comunicación de una entidad pública responde a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos es su palabra la que está ahí y, por tanto, su visión sobre el tema en cuestión. En este caso, todos los argumentos que se dan en esa contestación parecen escritos por su ministro de Economía puesto que son exactamente los mismos que ha dado en el Congreso de los Diputados en diferentes ocasiones. Por otro lado, esas mismas justificaciones son las que dio la representación legal del Banco de Santander al afirmar que los tribunales españoles no son competentes para juzgar las demandas de las víctimas de esta presunta estafa.
Cuando la respuesta se refiere al experto independiente, ¿se está refiriendo al informe de Deloitte? ¿Acaso no sabe que uno de los escenarios que planteó daba al Popular una valoración positiva y que no se tuvo en cuenta porque aplicarla era «complicado», tal y como reconoció el presidente del FROB en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Económica del Congreso de los Diputados? Los propios inspectores del Banco de España calificaron dicho informe y los escenarios que plantearon como de «grosería técnica» y de «poco profesional». Además, esa valoración independiente era provisional y, a día de hoy, no hay noticia de que ninguna de las empresas auditoras que conforman el Big Four, se haya querido hacer cargo del informe definitivo. En otro orden de cosas, en esa comunicación a la plataforma de afectados se dice que se abrió un proceso para hacerse con el Popular y que la oferta del Santander superaba a la valoración de Deloitte. Tal y como ya le hemos dicho, uno de los escenarios era muy superior al euro por el que la entidad cántabra se hizo con el sexto banco español.
Señor Mariano Rajoy, tal y como hemos hecho público en Diario16, el proceso de la resolución se inició a través de un documento cuya verosimilitud está en duda por, en primer lugar, no ir acompañado del sello de la entidad, en segundo lugar, por estar firmado presuntamente por Emilio Saracho ya que la firma no se corresponde con la que ese mismo día rubricó en el acta de la reunión del Consejo de Administración, y, en tercer lugar, porque dicha firma no va siquiera acompañada de la correspondiente antefirma. ¿Se imagina que usted firmara un Decreto Ley en un documento sin las correspondientes verificaciones gubernamentales y que ese Decreto Ley se aplicara? Sería ilegal, ¿verdad?
Señor Mariano Rajoy, usted debería saber que en los días anteriores a la intervención se recibieron en el Banco Popular dos ofertas para ampliar capital por parte de dos grandes entidades internacionales, Barclays y Deutsche Bank, ofertas que no fueron comunicadas al Consejo de Administración, tal y como era el deber de la persona que ocupaba la presidencia del Popular pero que, en realidad, trabajaba para otra entidad. Por esta razón, cuando en la respuesta a la plataforma de afectados se afirma que «se reconoció la falta de alternativas», se estaba faltando a la verdad.
Por otro lado, por si no lo sabe o no lee Diario16, debe conocer el hecho de que la estrategia para la comunicación de la inviabilidad se diseñó en el despacho de abogados más vinculado al Santander a través de las conversaciones telefónicas mantenidas entre dicho bufete con el secretario del Consejo de Administración Joaquín Hervada, un documento en el que se hace hincapié en el hecho de que la inviabilidad no conllevaba una intervención inmediata. Esta conversación tuvo lugar días antes de que se recibieran las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank. ¿Se necesitan más pruebas de que toda la operación estaba diseñada y que nada podía hacer que el Santander se hiciera con el Popular? ¿Un banco con depósitos por valor de 60.000 millones de euros en depósitos es inviable? ¿Un banco que dos grandes entidades internacionales reconocen que es viable, solvente y sólido estaba para ser intervenido o es que había prisa?
Por otro lado, está la responsabilidad de su propio Gobierno, en concreto del ministerio de Economía que, de un modo directo o indirecto, permitió que el ataque de los mercados al valor del Popular llegara a ocupar más de un 20% del capital del banco. En otra situación tanto la CNMV como el Banco de España, dependientes del departamento de Luis de Guindos, habrían actuado tal y como se hizo en otros casos, el último, el de Liberbank donde el ataque no llegó ni al 7%. ¿Por qué su ministro no ordenó a las autoridades supervisoras que actuaran? Era público que el Popular estaba siendo atacado. ¿No lo sabían en la CNMV o no lo quisieron ver?
Finalmente, le decimos que responsabilizar a la Junta Única de Resolución como único culpable de la intervención del Popular es un modo de empatizar con las posiciones que está adoptando el Banco de Santander, son los mismos argumentos. La JUR adoptó esa decisión basándose en unos datos que iban encabezados por una carta de dudosa veracidad, en unos datos que salieron de un Consejo de Administración al que se le había ocultado la existencia tanto de las dos ofertas de ampliación antes mencionadas como de negociaciones que se estaban llevando a cabo en paralelo con el propio Santander por un valor que osciló entre los 5.000 y los 3.000 millones.
Con los asuntos que tiene usted sobre la mesa —corrupción en su partido, acusación de que usted cobró de la caja B, Cataluña, aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, España como el país donde más aumenta la pobreza de la Unión Europea, la precariedad del mercado de trabajo, por citar algunos— no puede ser que se alinee con la versión de quien es responsable de la ruina de más de 305.000 familias, la gran mayoría de ellas votante de su partido y que probablemente dejen de poner su confianza en el PP. Su obligación es ponerse del lado de su pueblo y no de las élites, buscar soluciones para quienes han sido presuntamente estafados por la voracidad de una entidad en serias dificultades. Señor Rajoy, ¿usted también defenderá al Santander? Si lo hace y da la espalda a más de 305.000 familias afectadas, de las que casi tres cuartas partes son pensionistas y pequeños ahorradores, se estará convirtiendo en el cómplice necesario y eso no es propio de un presidente de un gobierno que presume de respetar y hacer respetar las leyes.
Ana Patricia Botín podría ser citada a comparecer en el Congreso de los Diputados por el caso Popular
Nueva documentación relacionada con el Banco Popular podría hacer comparecer a la presidenta del Banco de Santander en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera
A medida que va pasando el tiempo, lo que realmente ocurrió con el Banco Popular va esclareciéndose y nueva documentación comprometedora podría obligar a la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados a llamar a comparecer a Ana Patricia Botín. Lo que no están haciendo la gran mayoría de los despachos y bufetes, lo va a tener que hacer el Congreso. Estos bufetes están intentando desviar las demandas hacia la JUR o el FROB, cosa lógica pero incompleta, cuando las responsabilidades reales están en quienes pergeñaron la operación que hizo caer a una entidad bancaria en menos de un año desde que pasara con solvencia los test del Banco Central Europeo.
Tal y como indicamos ayer, desde hace varios meses el Congreso de los Diputados tiene activa la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera y el Rescate de las Cajas de Ahorro. Sin embargo, y después de las informaciones de Diario16 y de la documentación que a día de hoy hemos ido publicando, documentos que están demostrando que las cosas no se hicieron de manera correcta ni sujetas a derecho, los diputados han decidido dedicar un capítulo de dicha Comisión de Investigación a la intervención del Banco Popular por parte de las autoridades europeas y su posterior venta por un euro al Banco Santander. Esos documentos publicados y los que quedan por publicar son la clave para entender que la ruina de las más de 300.000 familias afectadas no tenía otro fin que rescatar a la entidad cántabra.
Por esta razón, el Congreso de los Diputados ha decidido citar a dicha comisión de investigación a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a la inspección del Banco de España con el fin de analizar la crisis de liquidez de la sexta entidad financiera española. También se ha requerido la presencia de Rodrigo Echenique, actual presidente del Popular tras la adquisición por parte del Santander. Sin embargo, no se ha citado a Ana Patricia Botín, cosa que extraña siendo ella la máxima responsable de todas las operaciones que realice la entidad cántabra, algo que podría ocurrir en breve debido a la aparición de nueva documentación comprometedora para la entidad cántabra relacionada con la operación que llevó al Popular a ser comprado por un euro por el Santander. Además, tendrán que comparecer el ministro de Economía, Luis de Guindos, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Albella y el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Jaime Ponce.
Por otro lado, la Comisión ya acordó hace unos días citar a declarar al organismo comunitario que ejecutó la intervención del Popular, la Junta Única de Resolución citando a declarar a su presidenta, Elke König, una mujer que fue una de las que más contribuyó al hundimiento en bolsa y a la fuga en masa de depósitos con sus declaraciones en la cadena Bloomberg en las que indicó que el Popular se encontraba en vigilancia por parte de las autoridades europeas. König, además, tendrá que defender el hecho de negar el acceso al informe de Deloitte a las defensas de los más de 300.000 afectados, a los eurodiputados españoles que lo han solicitado e, incluso, al propio Congreso de los Diputados, es decir, a los legítimos representantes del pueblo español. Este informe, por cierto, se pagó con dinero público y, por tanto, debe ser de acceso público independientemente de los datos que presuntamente contiene, unos datos que, al parecer, son más peligrosos hacerlos públicos que un ataque nuclear de Corea del Norte. Sin embargo, el informe de Deloitte es fundamental para entender los procesos que se llevaron a cabo o las cifras que se tomaron como referencia para adoptar la decisión, en primer lugar, de intervenir al Popular y, en segundo lugar, de entregarlo al Santander por un euro. Tanto secretismo por parte de una institución que tiene entre sus pilares fundamentales la transparencia ya da una idea de que hay demasiadas cosas que ocultar.
Por otro lado, la Comisión de Investigación ha determinado que el papel de las empresas auditorias y consultoras fue fundamental. Por esta razón deberán comparecer el presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, por razones obvias; el expresidente de KPMG John Scott, por la revisión de los procedimientos de las provisiones de la exposición inmobiliaria en 2015, informe que tuvo unas conclusiones positivas; el presidente de PwC, Gonzalo Sánchez al ser esta empresa la auditora del Popular y quien dio validez a las cuentas de 2016.
Finalmente, deberá comparecer José Antonio Delgado, el secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España y a dos inspectores que tenían funciones en la política de riesgo del Popular. Hay que recordar que hace unos días fueron los propios inspectores quienes calificaron las conclusiones del informe de Deloitte como de «grosería técnica» y de una muy «escasa profesionalidad».
Diario16 lleva informando de todo lo que ocurrió y está ocurriendo en el Caso Banco Popular desde el mes de febrero y, desde la intervención, ha reclamado a la clase política española que se involucrara, sobre todo a los partidos de la izquierda. Ahora tendrán la oportunidad de tener cara a cara a los responsables de la ruina de más de 300.000 familias, de las que un 74% son jubilados o pensionistas, no grandes especuladores o grandes fortunas. Por otro lado, miembros del Congreso de los Diputados han solicitado a Diario16 documentación que tenemos en nuestro poder y que aún no hemos hecho pública que podría demostrar la falsedad de documentos, cifras y actas utilizadas por Emilio Saracho para poder ejecutar la operación y que se tomaran las decisiones adoptadas en la noche del 6 al 7 de junio. Igualmente, se ha solicitado información y presuntos documentos por los cuales se demostraría que Emilio Saracho actuó bajo influencia del Banco de Santander e, incluso, cobrar de manera directa o indirecta la cantidad de 90 millones de euros con la intermediación de una de las compañías anteriormente citadas a comparecer en la Comisión.
Con estos datos, la propia Comisión de Investigación podría citar a declarar a la presidenta del Banco de Santander en representación de la entidad que pudo actuar como cómplice necesario en la presunta estafa de Saracho a los más de 300.000 afectados del Popular.
La clase política tiene ahora la obligación de llegar hasta el final, determinar las responsabilidades políticas, determinar qué y quiénes son los verdaderos responsables de que una entidad que en el año 2016 superó sin problemas los test de estrés del Banco Central Europeo y, apenas un año después, era intervenido y regalado por un euro. Paralelamente la Justicia debe tomar nota de la actividad de esta Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados y comenzar a citar a declarar a estas personas para determinar la responsabilidad penal, civil o mercantil que les corresponda. Porque, lo quieran o no, hay responsabilidades que depurar y no hace falta mirar más allá unos meses.
Desde hace varios meses el Congreso de los Diputados tiene activa la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera y el Rescate de las Cajas de Ahorro. Sin embargo, y después de las informaciones de Diario16 y de la documentación que a día de hoy hemos ido publicando, documentos que están demostrando que las cosas no se hicieron de manera correcta ni sujetas a derecho, los diputados han decidido dedicar un capítulo de dicha Comisión de Investigación a la intervención del Banco Popular por parte de las autoridades europeas y su posterior venta por un euro al Banco Santander. Esos documentos publicados y los que quedan por publicar son la clave para entender que la ruina de las más de 300.000 familias afectadas no tenía otro fin que rescatar a la entidad cántabra.
Por esta razón, el Congreso de los Diputados ha decidido citar a dicha comisión de investigación a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a la inspección del Banco de España con el fin de analizar la crisis de liquidez de la sexta entidad financiera española. También se ha requerido la presencia de Rodrigo Echenique, actual presidente del Popular tras la adquisición por parte del Santander. Además, tendrán que comparecer el ministro de Economía, Luis de Guindos, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Albella y el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Jaime Ponce.
Por otro lado, la Comisión ya acordó hace unos días citar a declarar al organismo comunitario que ejecutó la intervención del Popular, la Junta Única de Resolución citando a declarar a su presidenta, Elke König, una mujer que fue una de las que más contribuyó al hundimiento en bolsa y a la fuga en masa de depósitos con sus declaraciones en la cadena Bloomberg en las que indicó que el Popular se encontraba en vigilancia por parte de las autoridades europeas. König, además, tendrá que defender el hecho de negar el acceso al informe de Deloitte a las defensas de los más de 300.000 afectados, a los eurodiputados españoles que lo han solicitado e, incluso, al propio Congreso de los Diputados, es decir, a los legítimos representantes del pueblo español. Este informe, por cierto, se pagó con dinero público y, por tanto, debe ser de acceso público independientemente de los datos que presuntamente contiene, unos datos que, al parecer, son más peligrosos hacerlos públicos que un ataque nuclear de Corea del Norte. Sin embargo, el informe de Deloitte es fundamental para entender los procesos que se llevaron a cabo o las cifras que se tomaron como referencia para adoptar la decisión, en primer lugar, de intervenir al Popular y, en segundo lugar, de entregarlo al Santander por un euro. Tanto secretismo por parte de una institución que tiene entre sus pilares fundamentales la transparencia ya da una idea de que hay demasiadas cosas que ocultar.
Por otro lado, la Comisión de Investigación ha determinado que el papel de las empresas auditorias y consultoras fue fundamental. Por esta razón deberán comparecer el presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, por razones obvias; el expresidente de KPMG John Scott, por la revisión de los procedimientos de las provisiones de la exposición inmobiliaria en 2015, informe que tuvo unas conclusiones positivas; el presidente de PwC, Gonzalo Sánchez al ser esta empresa la auditora del Popular y quien dio validez a las cuentas de 2016.
Finalmente, deberá comparecer José Antonio Delgado, el secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España y a dos inspectores que tenían funciones en la política de riesgo del Popular. Hay que recordar que hace unos días fueron los propios inspectores quienes calificaron las conclusiones del informe de Deloitte como de «grosería técnica» y de una muy «escasa profesionalidad».
Diario16 lleva informando de todo lo que ocurrió y está ocurriendo en el Caso Banco Popular desde el mes de febrero y, desde la intervención, ha reclamado a la clase política española que se involucrara, sobre todo a los partidos de la izquierda. Ahora tendrán la oportunidad de tener cara a cara a los responsables de la ruina de más de 300.000 familias, de las que un 74% son jubilados o pensionistas, no grandes especuladores o grandes fortunas. Por otro lado, miembros del Congreso de los Diputados han solicitado a Diario16 documentación que tenemos en nuestro poder y que aún no hemos hecho pública que podría demostrar la falsedad de documentos, cifras y actas utilizadas por Emilio Saracho para poder ejecutar la operación y que se tomaran las decisiones adoptadas en la noche del 6 al 7 de junio. Igualmente, se ha solicitado información y presuntos documentos por los cuales se demostraría que Emilio Saracho actuó bajo influencia del Banco de Santander e, incluso, cobrar de manera directa o indirecta la cantidad de 90 millones de euros con la intermediación de una de las compañías anteriormente citadas a comparecer en la Comisión.
Con estos datos, la propia Comisión de Investigación podría citar a declarar a la presidenta del Banco de Santander en representación de la entidad que pudo actuar como cómplice necesario en la presunta estafa de Saracho a los más de 300.000 afectados del Popular.
La clase política tiene ahora la obligación de llegar hasta el final, determinar las responsabilidades políticas, determinar qué y quiénes son los verdaderos responsables de que una entidad que en el año 2016 superó sin problemas los test de estrés del Banco Central Europeo y, apenas un año después, era intervenido y regalado por un euro. Paralelamente la Justicia debe tomar nota de la actividad de esta Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados y comenzar a citar a declarar a estas personas para determinar la responsabilidad penal, civil o mercantil que les corresponda. Porque, lo quieran o no, hay responsabilidades que depurar y no hace falta mirar más allá unos meses.
Diario16 volvió al mundo de la comunicación con una misión: controlar al poder a través de la información veraz, contrastada y real que ofrecemos a nuestros lectores. Todo ello sin traicionar la filosofía con la que Juan Tomás de Salas fundó allá por el año 1971 el semanal Cambio16 y en 1976 el diario Diario16. Esa filosofía de la creación se basa en la libertad, la ética, la verdad, la conciencia y la independencia, aspectos que son muy difíciles de mantener con dignidad en los tiempos que corremos en la que las dictaduras privadas y públicas pretenden amordazar esos dos factores claves para la decencia periodística a través de diferentes tipos de contratos y de modelos de financiación. Todo esto es una verdad intangible que nadie podrá negar.
Diario16 es un grupo de profesionales del periodismo: filólogos, sociólogos, abogados, politólogos, caricaturistas, artistas, dibujantes, médicos, arquitectos, ingenieros, empresarios, economistas, jueces, militares, activistas, feministas y un largo etcétera que están dando lo mejor de ellos y de ellas para que el proyecto de hacer resurgir una cabecera histórica, fundamental para poder entender la realidad actual a través de su influencia en los procesos históricos del pasado, sin traicionar lo que aquel gran hombre que fue Juan Tomás de Salas diseñó, pensó e implementó en su creación y que lo llevó a ser uno de los medios de comunicación más influyentes gracias a su libertad y a su independencia. El desarrollo posterior no lo analizamos por respeto. Desde el presidente-editor, Manuel Domínguez, junto a su equipo personal, Andrés Domínguez, Francisco José Larios, Manuel Larios, el adjunto a la dirección, Ricardo Lenoir, pasando por el director de contenidos, José Antonio Gómez, por la directora de diario16.com, María José Pintor, por la directora de opinión, Beatriz Talegón, por el director de publicaciones, Natalio Blanco, por la directora de relaciones institucionales, Marta Ormaechea, por el director de diseño y arte, Felipe Báñez y, por supuesto, por todos los colaboradores y miembros de la redacción, Ángel Zafra, Santiago Aparicio, José Antequera, Agustín Millán, Jerónimo Martínez, José Luis Domínguez, Patricia de Miguel, Carmen Martínez, Helena Gallardo, María Montero, nuestros compañeros en Latinoamérica Jorge Zavaleta y Ricardo Angoso, y, por supuesto, nuestro corresponsal en Nueva York Juan Carlos Deus Iglesias, y por el equipo de investigación encabezado por Esteban Cano y compuesto por Claudia Moreno y Pilar Santo Domingo, además de asesores externos como, por ejemplo, el escritor Javier Puebla, el juez Fernando Presencia, o los miembros del consejo editor, Andrés Mata, Carlos Luis Delgado, Cristina del Valle, Josu Gómez, todos estamos metidos en la tarea de ofrecerles una información libre, independiente, veraz y contrastada.
En los últimos meses Diario16 comenzó a informar a sus lectores de lo que ocurrió en el caso del Banco Popular que, realmente, es el caso Popular-Santander-Emilio Saracho-Partido Popular-Unión Europea. Los más de 300.000 afectados se ponen en contacto constantemente con nuestras distintas redacciones para, en primer lugar, agradecer el trabajo que estamos haciendo porque, al fin y al cabo, les estamos dando, como nos decía uno de ellos «esperanzas para poder pensar que todo se va a arreglar». En otro caso, un lector nos comenta que leer Diario16 le levanta el ánimo y le ayuda a sobrellevar la depresión en la que se ha visto sumido tras haberse quedado en la ruina. Dentro de todos estos lectores tenemos casos en los que, incluso, se han llegado a plantear el suicidio porque la situación en que lo que se perpetró con el Popular les ha dejado en una situación muy desesperada. Han sido estos lectores los que nos han pedido que, por una vez, hablemos de nosotros.
Realmente lo que Diario16 está haciendo es desenmascarar la verdad en la medida de nuestras posibilidades y en aprovechar al máximo nuestras fuentes de información, unas fuentes creíbles y de alto nivel. Son estas fuentes las que nos facilitaron la documentación y las pruebas necesarias para determinar que el Popular no cayó por un movimiento concreto del mercado, sino que se trató de una operación bien calculada pergeñada desde los más altos niveles tanto de la administración española como de la europea para rescatar al Banco de Santander. En los últimos días estas fuentes nos han confirmado que existe una clara conexión profesional y, evidentemente, económica para esta operación, entre Emilio Saracho y el Santander, conexión que publicaremos en los próximos días. Nuestra libertad y nuestra independencia nos lo permite.
Sin embargo, no todo es tan maravilloso. Diario16 está empezando a sufrir las consecuencias. Como todos ustedes habrán podido comprobar, nuestro medio disponía de espacios publicitarios contratados por el Banco Popular. Ahora llega el momento de renovar esos espacios y, casualmente, tenemos información fehaciente del propio Popular de que esa situación no va a producirse. ¿Tendrá algo que ver que estemos defendiendo a más de 300.000 familias ante el Banco de Santander, el Gobierno, Emilio Saracho y las instituciones europeas, y el periodismo que ejercemos con este hecho? Juzguen ustedes. Este es un ejemplo más de cómo funcionan las dictaduras privadas en este país ya que se piensan que por el hecho de que pongan publicidad en un medio concreto van a limitar la independencia y la libertad del mismo. En Diario16, al menos, no trabajamos así. Cuando tenemos una noticia, la ofrecemos a nuestros lectores, sea sobre quien sea o sobre lo que sea, un hecho que otros muchos no pueden hacer.
Uno de nuestros lectores, en una comunicación reciente nos decía lo siguiente:
«Estimado señor Esteban Cano:
» el motivo de mi correo es daros las GRACIAS ya que soy uno de los 300.000 accionistas afectado del Popular y la labor y apoyo que nos estáis dando no tiene precio, muchas familias lo estamos pasando mal.
» No puedo entender cómo los tribunales aún no han actuado contra quienes tiene que actuar ni por qué no se están tomando las medidas que se están tomando en otros casos de corrupción, porque lo que nos han hecho es un caso de corrupción gravísimo
» Esteban y Diario16 son ustedes unos valientes. Tal y como funciona este país que haya un periodista y un periódico con profesionales que se atrevan a contar la verdad de lo que ocurrió con nuestro banco, con el banco en el que confiábamos, que haya un periodista que se atreva a poner sobre el papel las corruptelas del poder es para que le hagan un monumento o que le pongan una calle.
» Muchas gracias de nuevo. Somos muchos los que leemos sus artículos que nos dan la vida porque son la única esperanza que tenemos de que su trabajo obligue a la justicia a ir contra quien debe ir y no a enfrentarse a molinos de viento que no son otra cosa que una cortina de humo para tapar la verdadera realidad y a los verdaderos responsables de nuestra ruina.
» Reciba un cordial y fraternal abrazo».
Comunicaciones como estas las recibimos a diario y son las que nos dan la fuerza para continuar adelante con algo que ya nos está trayendo consecuencias. Sin embargo, Diario16 no se puede echar atrás, no podemos traicionar a lo que significa esa cabecera ni, por supuesto, a las 300.000 familias a las que debemos nuestro respeto y la mejor forma de demostrarlo es a través de nuestro trabajo libre e independiente.
Presentada la demanda que paralizará la operación del Popular, por una iniciativa de Diario16
Tal y como adelantó Diario16, la propia intervención y venta al Santander supuso una vulneración de la legislación concursal que también es aplicable a las entidades de crédito
Se ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid una demanda, a la que ha tenido acceso Diario16, en representación de uno de los más de 300.000 afectados por la intervención por la que se reclama la «declaración de concurso necesario para la mercantil Banco Popular Español S.A.». Como ya adelantó Diario16 hace meses, en el proceso de intervención y posterior compra por un euro por el Santander se había vulnerado la legislación concursal. En nuestro equipo de investigación somos periodistas, filólogos, sociólogos, escritores y, para contrastar las evidencias que habíamos detectado sobre esta irregularidad y conocer si la ley concursal se aplica en la misma medida en las entidades de crédito que en las empresas llamémoslas normales, recurrimos a un experto en derecho mercantil, el juez Fernando Presencia, quien nos confirmó nuestras sospechas: en la incautación del Popular por el Santander se había vulnerado la ley concursal porque, tal y como se indica a la demanda, «en caso de una entidad de crédito, el juez nombrará al administrador concursal de entre los propuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria». En otros casos, como el de la reversión de la operación, consultamos con el despacho Navas&Cusí o con el de Iván Hernández, Iuris Tantum, siempre con el fin de ofrecer a nuestros lectores una información correcta.
La base de la demanda está en la previa declaración del concurso necesario, y se solicita con carácter principal para que, «una vez recibida en el Juzgado de lo Mercantil la documentación solicitada […] resuelva el juzgado como cuestión prejudicial administrativa sobre la nulidad de todo el Mecanismo Único de Resolución (MUR) aplicado en relación del Banco Popular desde la decisión de la JUR SRB/EES/2017/08 o sólo desde la Resolución de 7 de junio de 2017 de la Comisión Rectora del FROB, aunque sólo sea como presupuesto y a los meros efectos del concurso necesario y dicte auto declarando en concurso necesario a la mercantil Banco Popular Español S.A. aplicando las especialidades previstas en la Ley 11/2015 de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y, alternativamente, para el supuesto de que no se admita a trámite la solicitud de concurso necesario, se tenga por promovida la designación de una administración concursal».
Con carácter alternativo a todo lo anterior y conforme a lo dictado en el artículo 174 de la Ley Concursal, que dice que «1. En los casos de adopción de medidas administrativas que comporten la disolución y liquidación de una entidad y excluyan la posibilidad de declarar el concurso, la autoridad supervisora que las hubiera acordado comunicará inmediatamente la resolución al juez que fuera competente para la declaración de concurso de esa entidad; 2. Recibida la comunicación y, aunque la resolución administrativa no sea firme, el juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal o de la autoridad administrativa, dictará auto acordando la formación de una sección autónoma de calificación, sin previa declaración de concurso» será necesaria, según el demandante, el nombramiento de una administración concursal para que realice lo que la ley ordena.
Por tanto, en esta demanda lo que se solicita es la aplicación de la ley en la resolución del Banco Popular y el nombramiento de una administración concursal porque el Mecanismo Único de Resolución (MUR) se aplicó mal en el caso de la liquidación del Banco Popular. El FROB debió de solicitar la previa declaración del concurso y el nombramiento de la administración concursal, antes de “regalar” el Banco Popular al “Banco del Santander”.
Por otro lado, la adjudicación del Popular fue un regalo lo demuestra el hecho de que el Santander obtuvo por la venta de su activo tóxico, que le costó 1 euro, más de 5.100 millones de euros. Esa venta del activo tóxico debió de hacerse dentro del proceso concursal, al constituir una liquidación parcial “encubierta”.
Por otro lado, Pero que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) constituya una legislación especial dentro del proceso ordinario no significa que pueda sustituir a todo el proceso concursal ordinario. Lo dice expresamente el apdo. 1 de la referida disposición adicional segunda de la Ley Concursal, cuando indica expresamente que:
«En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras, así como entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores, se aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales se hallen establecidas en su legislación específica, salvo las relativas a composición, nombramiento y funcionamiento de la administración concursal».
De hecho, en la propia legislación especial se dice que el mecanismo de la resolución se aplicará para evitar solo la “liquidación concursal”, no el resto del procedimiento concursal ordinario, que no tiene por qué acabar con la liquidación. En cambio, en los casos de liquidaciones parciales sí que debe de aplicarse el procedimiento concursal ordinario, porque lo dice el artículo 25.6 de la Ley 11/2015, de 18 de junio:
Cuando se utilicen los instrumentos de resolución previstos en el apartado 1, letras a) y b), y se apliquen para realizar una transmisión parcial de los activos y pasivos de la entidad, la entidad residual se someterá a un procedimiento concursal dentro de un tiempo razonable teniendo en cuenta la necesidad de que la entidad residual colabore para garantizar la continuidad de los servicios por parte del adquirente y el mejor cumplimiento de los objetivos y principios de resolución».
El sólo hecho de que dicha demanda sea admitida a trámite ya paralizará la operación hasta que se determine si se establece una administración concursal para el Banco Popular en el que los deudores serán los más de 300.000 afectados por la intervención. Según fuentes judiciales consultadas por Diario16, más del 95% de las solicitudes de administración concursal son admitidas a trámite y en un tiempo corto de tiempo, por lo que la importancia de esta demanda es fundamental porque paralizará la operación de manera cautelar mientras se decide o se asigna una administración concursal.
Día seis de junio. El Consejo de Administración del Banco Popular se reúne en para tomar una decisión sobre lo que hacer en vista de la situación en que se encontraba la entidad tras los constantes ataques de las posiciones bajistas. Ahí fue el momento en que Emilio Saracho expuso sus «éxitos». Diario16 ha tenido acceso al acta de dicha reunión, un documento fundamental para entender todo lo que ocurrió después y cómo se dieron datos que no se correspondían con la realidad.
Fue Emilio Saracho quien tomó la palabra y reconoció que el Popular estaba sufriendo fuertes tensiones financieras provocadas por los menores ratios e capital respecto a sus competidores, la exposición a activos improductivos y «la menor cobertura relativa de éstos respecto a las principales entidades españolas». Sorprende que el entonces presidente de Popular citara como principal razón de la situación del banco las noticias en la prensa que estaban provocando graves «efectos sobre la posición de liquidez», sorprende cuando él era uno de los que filtraba esas noticias a un medio en concreto, tal y como fue reconocido por esa cabecera y no negado por Saracho.
Saracho reconoció en la reunión que el Popular estaba «cumpliendo con todos los requerimientos de capital que les son de aplicación de acuerdo con la legislación aplicable», pero que la tensión financiera estaba afectando a la posición de liquidez, algo que él sabía perfectamente porque esa era uno de los principales objetivos de la Operación Washington de la que él era uno de los elementos clave. Saracho también hizo una mención respecto a las agencias de rating que habían rebajado la calificación «entre 1 y 3 grados, dejando todas ellas la deuda senior del Banco Popular entre 3 y 6 niveles por debajo del “grado de inversión”».
Saracho, además, reconoce que el precio de la acción cayó un 62% en 2017, «habiéndose intensificado las caídas de precio en la última semana, con caídas del 45%» en las sesiones del 3, 4 y 5 de junio. Casualmente, ese descenso del valor de la acción se produjo tras las declaraciones de Elke König, hecho que Saracho obvió mencionar incluyéndolo dentro de la categoría de noticias publicadas por la prensa, pero que fue el último clavo en el ataúd del Popular.
Es significativo el escenario apocalíptico que plantea cuando afirmó que «durante este periodo, el índice Euro Stoxx Bank Index ha tenido una evolución marcadamente positiva, ya que en lo que va de año se ha revalorizado un 9,26%. Esta situación provoca que el precio de las acciones del Banco sea significativamente menor que su valor contable, siendo la proporción entre uno y otro muy inferior a la del grupo de comparación del Banco».
Para Saracho estas tensiones financieras se manifestaron en la posición de liquidez y de financiación del Popular y estaba provocando el incumplimiento de la ratio LCR (Coeficiente de Cobertura de Liquidez) que es una relación de un mes, que tiene como objetivo requerir a los bancos mantener suficientes activos líquidos de alta calidad para cubrir las salidas netas de efectivo durante un período de 30 días, hecho que fue comunicado al BCE para que se adoptaran medidas para retomar el cumplimiento. Sin embargo, según Saracho la posición de liquidez del banco se estaba agravando y, a día 6 de junio, era insostenible. Sin embargo, el Banco tenía depósitos de 60.347 millones de euros, lo que le estaba permitiendo «ir cumpliendo con todos sus compromisos a medida que han ido venciendo». Esto lo afirmó Saracho, reconociendo que aún no se habían producido incumplimientos más allá de la ratio de cobertura. Saracho plantea un escenario totalmente apocalíptico afirmando que esa ratio de cobertura había pasado en un mes del 74,4% al 24%. El presidente también reconoció que se había solicitado el 5 una provisión urgente de liquidez de 9.500 millones de los que se habían dispuesto 3.500. Hay que recordar que el propio subgobernador del Banco de España reconoció que el Popular no había aportado todas las garantías de las que disponía para acceder a una línea de liquidez mucho mayor por lo que, Saracho, al exponer los «éxitos» de su gestión, estaba reconociendo de manera cristalina que no se habían buscado todas las herramientas que tenía a mano para solventar la situación generada por las salidas de los depósitos.
Aquí llegó el momento en que Saracho dejó clara su intención: la intervención del Popular. «A pesar del acceso a ese mecanismo urgente de provisión de liquidez, el Banco considera que los datos de liquidez expuestos y la ausencia de perspectivas de recuperación de fuentes de financiación estables en un futuro próximo obligan a considerar que el incumplimiento de la ratio LCR ha dejado de ser provisional y que ese incumplimiento ha pasado a ser significativo a efectos de la valoración de inviabilidad del Banco».
Es entonces cuando Saracho, tras declarar ante el Consejo que el Popular era inviable y que, por tanto, había logrado cumplir con el objetivo que le marcaron los urdidores de la Operación Washington, propone dos soluciones para captar capital: en primer lugar, «a través de la venta y recapitalización por otra entidad»; en segundo lugar, «a través de una ampliación de capital que, sumada a una reducción del nivel de activos improductivos y a un incremento de su cobertura y a la generación de capital a través de la venta de activos no estratégicos, le permita desarrollar su modelo de negocio de forma autónoma». Es decir, que Saracho planteó las mismas soluciones que ya puso sobre la mesa en la Junta de Accionistas y que provocó una fuerte caída del precio de la acción. Sin embargo, en este caso hay una diferencia con lo ocurrido en abril. Encima de la mesa el presidente tenía la oferta de inyección de capital que le había hecho Antonio del Valle, oferta que, por supuesto, no aparece mencionada en el acta de la reunión del Consejo. Saracho, entonces, va más allá y deja claro que la segunda opción es inviable, aunque plantea las dos porque «el éxito de cualquier de las dos opciones requiere dotar de una mayor certidumbre sobre la valoración específica de los activos inmobiliarios que la entidad mantiene en balance, para lo que ha iniciado un proceso de tasación individualizado de los activos inmobiliarios que el grupo actualmente mantiene en propiedad». Según esa valoración, el valor se reduciría en 1.600 millones de euros sin contar con la provisión de los mismos. Sin embargo, acontecimientos posteriores dejan en evidencia esta afirmación puesto que un 51% fue vendido sin problema por el Santander con una reducción del 66% de su valor y que trajo consigo una operación de 5.100 millones de euros que han ido a la cuenta de beneficios del banco cántabro. Respecto a las provisiones de los activos inmobiliarios, Saracho presentó nuevamente un escenario apocalíptico muy alejado de la realidad.
Ahí es cuando Saracho afirma que el banco es inviable, hecho que el Consejo aprueba en base a las previsiones de incumplimientos de la ratio de liquidez lo que llevaría a que el Popular pudiera mantener la autorización como entidad financiera.
El último párrafo del punto referido a la inviabilidad del Popular recogido en el acta de la reunión es significativo: «Sin Perjuicio de lo anterior, y en tanto no se adopte una decisión por las autoridades competentes tras esta comunicación, el Consejo acuerda continuar buscando una salida privada a su situación actual mediante una operación corporativa, así como seguir trabajando en planes de acción alternativos que puedan permitir a la entidad la captación de capital para el caso de que no prosperase ninguna de las vías de negociación que se tienen abiertas en el marco de la operación corporativa». A pesar de esta frase, lo que hizo Saracho ya lo conocen ustedes: enviar una carta a la JUR declarando al Popular likely to fail y dando el pistoletazo de salida para la intervención.
Casualmente, mientras se estaba produciendo esa reunión, el Banco de Santander anunció que estaba dispuesto a realizar una ampliación de capital por 5.000 millones de euros para comprar el Popular. Fue la primera vez que la entidad cántabra se posicionó para hacerse con la entonces sexta entidad del país.
Saracho presentó unos datos sesgados que llevaron a la intervención del Banco. Por un lado, ofreció al Consejo de Administración los resultados de su obra, su «éxito», algo que corroboró al día siguiente en una entrevista en la que estaba particularmente satisfecho y feliz porque fue el Santander quien se hizo con el Popular por un euro. Por otro lado, no se puede afirmar que el banco tuviera problemas de liquidez con unos depósitos de más de 60.000 millones de euros, con unos activos inmobiliarios valorados en más de 30.000 millones, con una cartera de negocio que continuaba generando ingresos y, sobre todo, con una oferta sobre la mesa de ampliación de capital por 5.000 millones de euros. A todo esto, hay que mencionar el hecho fundamental de que, a pesar de que el valor de la acción había caído y que se habían retirado 14.000 millones de euros en depósitos desde que Saracho ocupaba la Presidencia de la entidad, el Popular no pudo acceder a la totalidad de la línea urgente de liquidez porque el propio Saracho no presentó todas las garantías que el banco tenía, tal y como reconoció el subgobernador del Banco de España.
Saracho dijo una vez a sus íntimos que le iba a dejar las «llaves de este puto banco en la puerta del BCE». Eso fue lo que hizo cuando se envió la carta dirigida a Danielle Nouy y que ustedes ya han visto. Cumplió su amenaza y superó los objetivos que le marcaron.
En consecuencia, de esta información se puede deducir que la venta del Popular al Santander por un euro arruinando a más de 300.000 familias se gesta en una presunta estafa con premeditación y alevosía y que los presuntos estafadores deben ser identificados sin más demora por la Fiscalía Anticorrupción por la alarma social que representan esos trescientos mil perjudicad@s, por el enriquecimiento ilícito de terceros, tanto personas como entidades. Por otro lado la Audiencia Nacional, bajo el procedimiento procesal que consideren adecuado, debe paralizar de urgencia las actividades de desmantelamiento que el Banco de Santander está llevando a cabo con el Popular.
En próximos días Diario16 publicará los datos concretos que Saracho presentó al Consejo, unos datos que muestran claramente que la afirmación de que al día siguiente el Popular no hubiera podido abrir las oficinas era falsa.
La JUR no tiene quien justifique la intervención del Popular y su venta por un euro al Santander
El «secuestrado» informe de Deloitte sobre el que se basó la decisión de intervenir al Popular era provisional. Ahora no hay ninguna empresa que se quiera hacer cargo de la redacción del definitivo
Robert Heilein solía decir que lo malo de las conspiraciones es que se pudren por dentro. Esto es, más o menos, lo que está pasando con la historia de la intervención del Banco Popular y su posterior venta al Banco Santander por un euro. A medida que va pasando el tiempo se va conociendo cómo se gestó la Operación Washington en la que se decidió en las esferas de los poderes ocultos que gobiernan el mundo desde la sombra que el Banco Popular Español era la tabla de salvación para el Santander, era la entidad que permitiría reducir las pérdidas de los niveles de beneficio del banco cántabro provocadas por los reveses sufridos en el mercado latinoamericano y en el británico, además de la caída de negocio en España o la mala planificación de ciertos productos estrella que dispararon sus costes sin que esta circunstancia fuera tenida en cuenta durante su diseño. Balzac lo resumió muy bien: «Todo poder es una conspiración permanente».
La operación, tal y como estaba planificada, iba sobre ruedas. Nada se salía de lo programado. El valor de la acción del Popular caía al ritmo marcado por las declaraciones irresponsables de Elke König en Bloomberg o por los titulares de cierta «prensa amiga». El objetivo estaba claro y el propio Emilio Saracho se lo comunicó a su círculo íntimo cuando afirmó que el precio de la acción estaba muy alto y había que bajarlo incluso a cero. Todo iba sobre ruedas, el objetivo cada vez estaba más cerca y los últimos flecos se cerraban en un hotel del Estado de Virginia donde estaban reunidos los más poderosos del mundo, un exclusivo hotel situado a apenas 50 kilómetros de Washington.
Sin embargo, surgió un acontecimiento que hizo que el cronograma se alterara. Antonio del Valle le había propuesto a Emilio Saracho una inversión de capital por 5.000 millones de euros, lo que provocaba que el presidente puesto por los urdidores de la operación de salvamento del Santander se encontrara entre la espada y la pared ya que, si esa oferta se hacía pública, los más de 300.000 pequeños accionistas que estaban viendo cómo los ahorros de su vida estaban siendo devorados por los bajistas se provocarían una presión que daría al traste con toda la operación. Saracho no tenía ninguna excusa para no acometer una ampliación de capital que, evidentemente, subiría el precio de la acción y mejoraría los niveles de liquidez del Popular.
Por esta razón se tuvo que precipitar todo y decidirse a intervenir. La situación se debió comunicar a la JUR a través de Antonio Carrascosa. Se pidió un informe independiente a Deloitte que lo redactó en un tiempo récord teniendo en cuenta que había que intervenir al Popular cuanto antes para entregárselo al Santander. El informe que ahora está «secuestrado» por las autoridades europeas y al que, incluso, han negado el acceso al Congreso de los Diputados o a los europarlamentarios españoles, es decir, a los representantes del pueblo español, no es el definitivo, sino que era provisional porque se redactó en unas pocas horas.
Ante la presión que se está ejerciendo sobre la Junta Única de Resolución tanto por los afectados, como por las instituciones públicas españolas y por la propia administración de Justicia, que lo ha requerido en un auto de la Audiencia Nacional, quien tomó la decisión de intervenir al Popular y entregárselo por un euro al Santander para que éste hiciera negocio rápido y especule con el patrimonio y la cartera del banco intervenido con el fin de obtener unos beneficios rápidos que se reflejen ya en las cuentas de 2.017, la JUR se ha visto en la necesidad de encargar la redacción de un informe definitivo basado en los escenarios planteados por Deloitte que, tal y como han afirmado los inspectores del Banco de España, es un documento muy poco profesional. El problema que se han encontrado Elke König y Antonio Carrascosa es que nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad de redactar ese informe definitivo, ni siquiera Deloitte. ¿Por qué? Algo oscuro tiene que haber en la documentación o en la propia decisión cuando ninguna empresa auditora o consultora, con la competencia atroz que hay en ese sector, se quiere hacer cargo de la responsabilidad de determinar los verdaderos escenarios sobre los que se asentó la decisión de intervenir al Popular. ¿Será que el Popular valía bastante más que un euro?
Los datos del día 6 de junio, los propios datos que manejaba el Consejo de Administración del Popular, determinaban que sí se hubiera podido abrir las oficinas durante el día 7. Estas cifras serán analizadas y publicadas la semana que viene en Diario16. Sin embargo, hay un punto más sobre el que poner el énfasis: si esas cifras que Emilio Saracho presentó ante el Consejo de Administración, teniendo en cuenta que el presidente tenía la obligación de poner un escenario más negro del real para justificar la solicitud de intervención, no mostraban la realidad del banco y el informe de Deloitte presentaba un escenario positivo que no se quiso aplicar, ¿por qué ahora nadie se quiere cargo de la redacción del informe definitivo? ¿Por qué Deloitte no lo hace, dado que, al fin y al cabo, ellos fueron los responsables de la redacción del provisional?
Cada día va quedando más claro que la operación no fue limpia, que influyeron muchos factores y que la precipitación final llevó a los inductores y a los ejecutores a cometer errores muy graves que han tenido como consecuencia la ruina de más de 300.000 familias. Esto es un motivo más para que el juez Fernando Andreu suspenda cautelarmente la operación y no permita que el Santander siga haciendo negocio con un patrimonio que no es suyo.
La «grosería» de Deloitte que arruinó a las 300.000 familias del Popular
Expertos califican los escenarios de Deloitte como muy poco profesionales y tomar la decisión de intervenir el Popular con esos escenarios de dudosa profesionalidad debe ser la causa principal para que el juez Andreu actúe de oficio y suspenda cautelarmente la operación
Una de las claves para entender por qué se tomó la decisión de intervenir al Banco Popular para entregárselo al Banco de Santander está en el ya famoso y «ultrasecreto» informe que presentó la auditora Deloitte a la JUR, precisamente la empresa que presidió Miguel Zorita, uno de los personajes más oscuros del mundo empresarial español, siempre protegido por el Santander y que está impuesto por la entidad cántabra en Duro Felguera teóricamente para buscar soluciones a esta compañía cuando, en realidad, está trabajando por los propios intereses del Santander. Según parece, porque nadie lo ha visto, salvo los que tomaron la decisión de arruinar a 300.000 familias para rescatar a una entidad en serias dificultades, Deloitte presentó unos escenarios negativos que oscilaban entre -2.000 y -8.000 millones de euros. También se ha reconocido que en el informe había un escenario positivo de 2.000 millones pero que no se quiso aplicar porque no se ajustaba a la normativa. Por otro lado, la propia Deloitte, en la persona de Francisco Celma, va a ser procesada por graves irregularidades en la salida a bolsa de Bankia.
Según Pedro Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, ese desfase es una «grosería técnica» y ha criticado los diferentes escenarios que se contemplaron antes de la intervención porque es «como no decir nada». En la comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Sánchez afirmó, en referencia al informe de Deloite, que si realmente «el informe dice esto y si esta es la valoración que se hace de la entidad, técnicamente hablando es una grosería. No tiene ningún sentido». Por otro lado, el presidente de los inspectores dijo a los diputados que hay “debilidades” en la supervisión y los mecanismos de resolución europeos. «Si cualquier inspector dice que en una cartera de crédito ha encontrado un eventual deterioro de entre 200 y 300 millones, no vamos a quedar muy bien profesionalmente. Pero si digo que el eventual quebranto que he detectado variará en función del escenario entre 200 y 800, quizás es mejor que me dedique a otra cosa». Por tanto, según los profesionales de la supervisión, el propio informe de Deloitte ya parte de un punto muy bajo respecto a la profesionalidad del mismo y, por tanto, debería haberse puesto muy en duda antes de tomar la decisión de arruinar a más de 300.000 familias, de las que un 74% están formadas por jubilados o pensionistas.
Por otro lado, la Audiencia Nacional, tras admitir la querella de Estel Ingeniería contra Emilio Saracho, la Sindicatura de Accionistas y los consejos de administración del Banco Popular, ha solicitado a la JUR la entrega de la documentación que se tomó como base para intervenir a la entidad y entregársela al Santander por un euro, concretamente, ha solicitado el propio informe de la Junta de Resolución y el «ultrasecreto» de Deloitte. En el auto se ordena que el FROB remita los expedientes de 2016 y 2017 relacionados con el Popular y el «generado por el procedimiento comunitario de resolución, con entrega del informe de valoración llevada a cabo por el experto independiente». Por tanto, el juez Fernando Andreu reclama la documentación que le ha sido negada persistentemente tanto a los despachos de abogados que están defendiendo los intereses de los 300.000 arruinados, como al propio Congreso de los Diputados o a los europarlamentarios españoles que lo solicitaron a las autoridades europeas. No es descartable que, a pesar de que los informes hayan sido solicitados a través de un auto judicial, las autoridades económicas le denieguen al propio juez dicha documentación porque, tal y como ya hemos publicado en Diario16, hay quien ya empieza a dudar de la existencia de los mismos o que se redactaron en base a los intereses de quienes pergeñaron, diseñaron y ejecutaron la Operación Washington.
En unos momentos como los que está viviendo España, en los que se está señalando el cumplimiento de la ley por encima de cualquier otra cosa, que las instituciones económicas europeas y españolas pongan tantas trabas al acceso de una documentación que es pública es un escándalo más en todo lo que se refiere a la intervención del Banco Popular y la ruina de 300.000 accionistas.
En referencia a esa situación, con la posible salida de las entidades catalanas de su territorio de referencia, ¿cuál habría sido el valor del Popular en esta situación? Este movimiento de CaixaBank y de Sabadell tiene dos vertientes en referencia a la posición que hubiera ocupado la que entonces era la sexta entidad bancaria del país. En primer lugar, la pérdida del valor de los dos bancos catalanes tendrá una repercusión clara con la retirada de depósitos que se moverán a otras entidades, en principio a Santander y BBVA pero, en el caso del Popular, también habría tenido una importante captación de fondos. En segundo lugar, habría captado un porcentaje importante de los clientes pyme «fugados», lo que hubiese generado un incremento de liquidez y de depósitos. En conjunto, la revalorización hubiese sido muy importante.
De otro lado, la propia cartera inmobiliaria del Popular, tal y como hemos visto y publicado, tenía un valor muy superior al puesto en el mercado por el Santander, un valor que no se tuvo en cuenta a la hora de decidir sobre la intervención.
Por tanto, el juez Andreu, ante las certezas de que se han podido cometer irregularidades, más allá de las demandas que se puedan interponer, está en la obligación de suspender cautelarmente la operación de venta del Popular al Santander y la propia intervención puesto que, dados los movimientos que está realizando la entidad cántabra, dada la documentación que recibirá, dados los análisis sobre dicha documentación que hacen los expertos, todo indica que, presuntamente, todo se hizo con una interpretación de la ley demasiado laxa y forzando los límites de la misma hasta situaciones en que se rozó la ilegalidad o, directamente, se vulneró la ley. Mientras, las 300.000 familias arruinadas siguen esperando una solución que sólo puede venir de la mano de la Justicia y, precisamente, para que la decisión que se adopte sea justa no puede permitir que el Santander plantee un escenario de tierra quemada en la que ya nada tenga solución ni haya opciones de una vuelta atrás. La misma Audiencia Nacional determinó que las consecuencias podrían ser irreversibles. Para evitar esto y para que la Justicia pueda trabajar con tranquilidad la única salida que hay es la de la suspensión cautelar de la operación que impida que el Santander continúe haciendo negocio con el patrimonio y con los clientes del Popular.
La Iglesia rechaza los bonos de Ana Patricia Botín
En este caso, la Iglesia se pone del lado del más débil, de los jubilados, de los pensionistas, de los ahorradores, de los trabajadores, de las 300.000 familias arruinadas y humilladas por el banco de Santander, tal y como dicta la doctrina de Jesucristo.
Dentro de los afectados de la incautación del Banco Popular un importante número de ellos pertenecen a la Iglesia, al Opus Dei o a organizaciones e instituciones dependientes. Durante la operación que llevó a rescatar al Santander a costa de las más de 300.000 familias arruinadas, el propio banco cántabro hizo movimientos para garantizarse que esas inversiones y depósitos permanecieran en el Santander tras la compra del Popular.
Para ello ficharon en abril de 2017 a Eduardo Pomares, al que se le llamaba Monseñor Pomares porque durante buena parte de su carrera en el Popular se encargó de dirigir el departamento de instituciones religiosas. Esta fue un movimiento del Santander para ir atrayendo, incluso antes de la intervención, los fondos eclesiásticos que él gestionaba, tanto de instituciones como de personalidades de la curia.
La historia tras la intervención ya la conocen ustedes y no vamos a ahondar más en ello, pero fueron muchos eclesiales, tanto institucionales como personales, que quedaron atrapados y lo perdieron todo. A muchos de ellos se les han ofrecido los famosos bonos convertibles del Santander para los clientes afectados del Popular, el «regalo» con el que la entidad cántabra quiere comprar el silencio de una buena parte de los afectados, regalo que, además, tal y como contamos en estas páginas, será pagado con el capital del propio Popular. La semana pasada el propio Santander se felicitaba de que aproximadamente la mitad de los clientes a los que se les había ofrecido el producto lo habían aceptado, obviando el hecho de que una gran parte de ellos son trabajadores que también eran accionistas y que no quieren ponerse a malas con el Santander para intentar defender su puesto de trabajo.
No obstante, el banco cántabro se ha llevado una gran decepción al conocerse que importantes fondos de la Iglesia, como la Universidad de Navarra (Opus Dei) o la Congregación de la Pasión y la del Corazón de María han rechazado la oferta de bonos, tal y como ha contado El Confidencial. Estas congregaciones prefieren llegar a juicio para defender lo que se les incautó el pasado 7 de junio antes que aceptar un bono de carácter perpetuo y que sólo cubre el 100% de lo perdido si la cantidad es inferior a 100.000 euros.
En este punto es cuando entra en acción Monseñor Pomares quien está intentando realizar la labor comercial y reunirse con las congregaciones y las entidades católicas. No obstante, se está encontrando con que la gran mayoría no le abren la puerta y se niegan a reunirse o, incluso, a cogerle el teléfono.
Como dijo don Quijote, «Con la Iglesia hemos dado, Sancho».
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades nacionalizadas tras el rescate bancario de la Unión Europea y por entidades en proceso de reestructuración. La SAREB está participada en un 55% por capital privado y en un 45% por capital público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, es decir, que es su máximo accionista.
El FROB, al ser uno de los organismos dependientes del Ministerio de economía, tenía datos fehacientes de la situación del Banco Popular en los días previos a su intervención por parte de la JUR y su entrega por un euro al Banco de Santander.
Mucho se ha hablado de los depósitos que perdió el Popular en los días previos al 7 de junio, la gran mayoría de ellos procedentes de instituciones públicas. En Diario16 ya hablamos de la retirada que realizó la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, retirando de golpe más de 1.000 millones de euros.
Sin embargo, el FROB también tuvo mucho que ver con la bajada de liquidez del Popular. No lo hizo directamente sino a través de la SAREB. Según datos a los que ha tenido acceso Diario16, el «banco malo» retiró a día 5 de junio la totalidad de los depósitos que tenían en el Popular, en concreto 633 millones de euros. En próximos artículos iremos informando de otros organismos públicos que retiraron sus depósitos o una parte de ellos en los días previos a la intervención.
¿Por qué un organismo dependiente del Ministerio de Economía, el mismo ministerio que afirmó, a través de su titular Luis de Guindos, que el Popular era un banco solvente, retira todos sus depósitos apenas 48 horas antes de la intervención? Evidentemente porque tenía información privilegiada. ¿Quién se la filtró o facilitó? Esa es la cuestión y la pregunta clave. No se puede tomar como excusa las noticias publicadas en esos días o en los meses pasados, tal y como hizo el último Consejo de Administración del 6 de junio, porque la información real de la situación del Popular sólo la podían conocer en la propia entidad y en los órganos reguladores. Ahí ya se estrecha el cerco sobre el filtrador. No se puede asemejar la situación de una entidad como el FROB o la SAREB con la que pudieron tener los clientes minoristas que, tras el impacto de ver cómo las acciones de su banco se desplomaban en bolsa y los titulares de cierta prensa mostraban una situación de quiebra inminente. Es normal que estos clientes se fueran corriendo a su oficina y retiraran sus ahorros o cancelaran las cuentas de sus pequeñas empresas. El FROB, sin embargo, no tenía esta situación porque conocía a la perfección la situación real del Popular, situación que distaba mucho, tal y como informaremos en breve en Diario16, de la que se mostraba en cierta prensa o de los informes «ocultos» o «inexistentes» de Deloitte.
La retirada de depósitos de la SAREB ayudó a incrementar la crisis de liquidez que se puso como excusa para la intervención. Por otro lado, el propio FROB firmó la resolución sin pruebas fehacientes de que la situación real del banco fuera la que le trasladaban desde la JUR que, además, se apoyaba en el «ultrasecreto» informe de Deloitte que incluía escenarios positivos que no fueron tomados en cuenta.
Con estos datos, y los próximos que iremos facilitando, los propios organismos públicos son responsables de la caída del Popular y de su entrega al Santander por un euro. No obstante, hay un dato que hay que recordar. A día 6 de junio en el propio Consejo de Administración se presentaron unas cifras por las que el Popular tenía 62.000 millones de euros en depósitos. Con esa cifra…, ¿falta de liquidez? Como todos ustedes ya saben, había algo más.
El presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez Ruiz, ha calificado de "grosería técnica" el desfase de entre 2.000 y 8.200 millones negativos en el informe elaborado por Deloitte para cuantificar el deterioro del Banco Popular.
Preguntado por los diputados durante su intervención ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Sánchez Ruiz ha criticado la amplitud de los diferentes escenarios contemplados el pasado mes de junio, antes de la venta de la entidad por un euro al Banco Santander, porque cree que "es como no decir nada".
"Si de verdad el informe dice esto y si esta es la valoración que se hace de la entidad, técnicamente hablando es una grosería. No tiene ningún sentido", ha aseverado el presidente de los inspectores, que también detecta "debilidades" en la supervisión y los mecanismos de resolución europeos.
"Si cualquier inspector, ante nuestros responsables decimos que en una cartera de crédito hemos encontrado un eventual deterioro de entre 200 y 300 millones, no vamos a quedar muy bien profesionalmente. Pero si digo que el eventual quebranto que he detectado variará en función del escenario entre 200 y 800, quizás es mejor que me dedique a otra cosa", ha manifestado.
Respecto a los controles previamente realizados, los conocidos como 'test de estrés', que el Popular había superado previamente, Sánchez Ruiz ha argumentado que "las entidades tienden a superarlos todos, salvo el de la realidad". "El 'stress test' de la realidad... Ahí ya sufren más problemas", ha criticado.
"¿En todos esos escenarios se considera el análisis de riesgo de crédito que existe en el activo? Es el principal análisis para determinar la salud de una entidad", ha aseverado el presidente de la asociación.
Falta de auténtica supervisión
Sánchez Ruiz, que ha anticipado durante su comparecencia un colapso del sistema financiero europeo peor que el sufrido por el empeoramiento de la regulación, ha criticado que "no se está llevando a cabo una auténtica supervisión 'in situ' de las entidades de crédito europeas".
"No se está comprobando con todo rigor el cuadro contable, la conciliación contable, los datos de origen, los datos de balance, etcétera, desde hace casi ya tres años", ha criticado. "Esa es la realidad en la que vivimos y es nuestra obligación transmitírsela", ha dicho, dirigiéndose a los diputados. "Estamos en una situación realmente complicada y podemos llegar a una situación aún más complicada", ha dicho.
"No conocemos ninguna entidad en el sistema financiero mundial que pueda llegar a dotar estas provisiones en tres meses, que es el tiempo de vida de los estados financieros de Bankia antes de salir a bolsa", ha dicho Sánchez. En este sentido, ha explicado que la salida a bolsa de Bankia fue desanconsejada por un informe del Banco de España y ha criticado el apoyo que recibió del FROB avalando la contabilidad del grupo.
Sánchez ha indicado también que posteriormente el Tribunal Supremo confirmó que la salida de acciones de Bankia fue incorrecta y que aún así "no ha habido dimisiones en el Banco de España y nadie ha asumido responsabilidades". "No se produjeron dimisiones y, sin señalar a nadie, lo que se produjeron fueron promociones y ascensos a muchos de los implicados en este caso", ha dicho.
El inspector también ha criticado que los quebrantos y pérdidas de BFA Bankia no se reconocieran en las cuentas de pérdidas y ganancias y fueran a cargo de la cuenta patrimonial. En su opinión esto conllevó a que se repartieran bonos por resultados a los directivos de las siete entidades financieras que conformaban el grupo, por un importe de unos 100 millones de euros en remuneración variable. Un importe que -ha señalado- fue luego a cargo del rescate bancario.
Contra la tendencia a la concentración
Otra de las cuestiones apuntadas por el presidente de los inspectores es la tendencia a la concentración del sector financiero, que ya en España considera "elevada", pero que ante las demandas de una mayor concentración en el ámbito europeo, ha manifestado que alimenta un "riesgo sistémico".
"Defender que las entidades, cuanto más grandes mejor para todos, eso va contra el sentido común, prudencial y supervisor", ha subrayado, reclamando que la "fusión de entidades" debe hacerse "desde la máxima prudencia y rigor".
"Si, además, defendemos como mecanismo fusiones transfronterizas, podemos llegar a tener un problema desde el punto de vista prudencial. Una entidad más grande son problemas más grandes", ha declarado.
No existe un documento legal firmado del Popular dirigido al FROB solicitando que la entidad fuera intervenida por la JUR
El banco cántabro utiliza las cuentas semestrales del Popular para dar salida a la rebaja de la venta del 51% del ladrillo a BlackStone, que fue vendido con un descuento del 66% de su valor
El Santander acelera en su estrategia para eliminar al Popular del mapa, es decir, para quitarle su responsabilidad jurídica y prescindir de la marca. Todo tiene un único fin: aprovecharse de las carteras y del patrimonio de la que fue la sexta entidad financiera del país. El nuevo paso que ha dado ha sido utilizar el capital del Popular para sanear el balance, pero sin que afecte a sus cuentas. En total, se han gastado el 70% del capital del Popular: 11.181 millones de euros.
El principal concepto que han cargado al Banco Popular ha sido la valoración de la cartera inmobiliaria vendida a BlackStone y su provisión para poder rebajar su precio en un 66%. Es decir, que el Popular ha pagado la diferencia de dos tercios del valor de la cartera vendida al fondo estadounidense a través de provisiones, es decir, un total de 7.779 millones de dólares.
Por otro lado, el Santander tiene la desfachatez de cargar al Popular el coste de los bonos de fidelización con los que se quiere ahorrar las demandas y, de paso, fidelizar a los afectados en su propio banco. Ya contamos en Diario16 que, además, esos bonos no tendrían ningún coste para el Santander puesto que la devolución de las cantidades asignadas a dichos bonos se haría repercutiendo en el cliente los beneficios obtenidos a través de las ratios de intereses del mercado secundario si el afectado decidiera canjearlos pasados los siete años mínimos que exige el Santander de permanencia con el producto. Todo un negocio. Carga su coste al Popular, pero recoge los beneficios de los mismos. Por tanto, los 980 millones de los bonos convertibles también irán a las cuentas de resultados del Santander en el asiente de beneficios.
EL SANTANDER CARGA AL POPULAR LOS BONOS Y LAS DEMANDAS PARA QUE NO AFECTEN A SUS CUENTAS
El Santander pretende justificar esto porque si el Popular no hubiera sido intervenido no serían necesarios ni los bonos ni se interpondrían demandas. Sin embargo, ¿el banco no era inviable, no tenía problemas de liquidez? ¿Cómo se le pueden cargar este tipo de conceptos que son consecuencia de las actuaciones posteriores del Santander? Por otro lado, el banco cántabro no hace mención al sobreprovisionamiento que hizo Saracho de activos que no tenían ningún tipo de toxicidad.
Además, esto generará unas pérdidas enormes que nada tienen que ver con la gestión que se hizo del Popular, sino que son provocadas por las acciones de rentabilización y de búsqueda de beneficio rápido del Santander.
Ante esta situación comprobamos que la verdadera realidad de la operación no era otra que el rescate del propio Santander gracias a la cartera del Popular, de su know how y de los clientes que se mantuvieron fieles y no sacaron sus depósitos durante la crisis provocada por la Operación Washington. ¿Se imaginan que el Santander tuviera que provisionar el 70% de sus activos? Quebraría porque su situación antes de la incautación del Popular ya era muy delicada, pero, en caso de que no estuviera en esa situación, también quedaría muy tocado…, al igual que cualquier otra entidad que se viera obligada a provisionar ese porcentaje de activos.
Ya informamos hace unas semanas acerca de que el Santander incautó al Popular para, entre otras cosas, seguir manteniendo su categoría de banco sistémico. Estos movimientos en las cuentas del Popular que presentarán el próximo viernes lo que hacen es dejar limpio de responsabilidad al propio Santander y, por tanto, quedarle el camino libre para su próximo paso: dejar sin personalidad jurídica y sin la marca al Popular con lo que hará imposible la reversibilidad de la operación. ¿Puede dejar la Justicia impunes todos estos movimientos?
En otro orden de cosas, en Diario16 insistimos en el hecho de que no existe un documento legal firmado del Popular dirigido al FROB solicitando que la entidad fuera intervenida por la JUR. Según quienes están metidos en la operación de rescate al Santander, fue Emilio Saracho quien informó de que el banco no tenía liquidez para, siquiera, abrir las oficinas al día siguiente. Esto no fue así. Saracho no firmó ese documento y si alguien lo hizo no tenía el apoderamiento necesario para hacerlo. Por otro lado, ese documento, de ser cierta su existencia, no es legal porque no fue pasado por el Consejo de Administración que es quien, según los Estatutos, tiene que aprobar esa comunicación.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción tomo el propio juez Fernando Andreu tienen la obligación de intervenir de oficio porque estarían permitiendo una ilegalidad, además de un daño que «puede generar perjuicios si no de imposible, sí de muy difícil reparación», tal y como se reconoce en el auto de la Sección 5 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Son muchos los datos que Diario16 ya ha aportado acerca de la trama que llevó al Popular a ser incautado por el Santander, dejando arruinadas a más de 300.000 familias, de las que un 74% están formadas por pensionistas/jubilados.
Los oscuros movimientos que llevaron al Popular a ser intervenido
Retiradas de depósitos por parte de instituciones públicas o la inexistencia de documentación sobre la que se dice que se argumentó la decisión de intervenir al banco son algunos de los aspectos que restan transparencia y, por tanto, credibilidad a la operación
El cerco se va cerrando sobre Luis de Guindos. El último dato que faltaba para que la presunta implicación de su Ministerio en la retirada de depósitos de las entidades públicas del Popular en los días inmediatamente anteriores a la intervención ha sido que uno de los organismos dependientes de Economía retiró 1.000 millones de euros y la transfirió a otros bancos. Lo primero que habría que preguntarse es cómo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tenía semejante cantidad en su tesorería y, además, en un solo banco cuando su misión es, precisamente, el de proteger y generar competencia entre las empresas privadas. La cantidad en sí, teniendo en cuenta que la CNMC cobra las multas impuestas a grandes compañías o grandes lobbies, puede estar justificada por esta razón. Sin embargo, lo que no se justifica en modo alguno es la retirada de esos depósitos.
Según hemos informado en Diario16, las instituciones públicas retiraron en los días previos a la incautación del Popular un total de 14.000 millones de euros. Entre estas instituciones se encontraba el Gobierno de Canarias y la propia Tesorería de la Seguridad Social. Pero hubo más: Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y entidades dependientes directa o indirectamente del Gobierno Central. Sin embargo, que un organismo dependiente directamente del Ministerio de Economía y Competitividad nos da una idea de que la filtración al resto de instituciones públicas tuvo que partir del ministerio de Luis de Guindos. La consecuencia fundamental de estos movimientos fue una pérdida importante de depósitos y, por tanto, de liquidez que fue una de las causas que se argumentó para intervenir al Popular.
Sin embargo, hay otros muchos movimientos oscuros, algunos de los cuales ya han ido apareciendo en estas páginas, sobre todo en lo referido a la documentación y a los datos que se utilizaron para la intervención y la posterior venta por un euro del Popular al Santander.
Según fuentes consultadas por Diario16, no existe un documento legal firmado del Popular dirigido al FROB solicitando que la entidad fuera intervenida por la JUR. Según quienes están metidos en la operación de rescate al Santander, fue Emilio Saracho quien informó de que el banco no tenía liquidez para, siquiera, abrir las oficinas al día siguiente. Esto no fue así. Saracho no firmó ese documento y si alguien lo hizo no tenía el apoderamiento necesario para hacerlo. Por otro lado, ese documento, de ser cierta su existencia, no es legal porque no fue pasado por el Consejo de Administración que es quien, según los Estatutos, tiene que aprobar esa comunicación.
Por otro lado, los miembros del Consejo de Administración de Saracho cobraron 7 millones de euros, de los que 4 correspondían al propio presidente que llevó al Popular a ser intervenido. Ese Consejo pudo cobrar esa cantidad por la comunicación que ellos no firmaron. La duda es: ¿cómo pudieron cobrar esa cantidad cuando la entidad no era viable y no disponía de liquidez?
Otro aspecto importante para tener en cuenta es el ya famoso informe de Deloitte y la negativa constante de la JUR a hacerlo público o a que sea consultado. Se lo ha negado a los abogados de los afectados, se lo ha negado a europarlamentarios españoles, se lo ha negado hasta al propio Congreso de los Diputados. ¿Hasta dónde va a llegar la desfachatez de las autoridades económicas europeas que niegan el acceso a documentación que debería ser pública a los representantes legítimos de un Estado soberano y miembro tanto de la Unión Europea como de la Eurozona? ¿Qué esconde ese documento para que se niegue ese acceso? Es tanto el oscurantismo que, incluso, se duda de que el informe de Deloitte exista y, de ser así, el escándalo ya sería de proporciones bíblicas. Lo mismo que con las actas de la subasta que llevó a que el Popular fuera entregado por un «justiprecio» de 1 euro.
El propio presidente del FROB, Jaime Ponce, reconoció en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados contemplaba un escenario positivo para el Popular pero que no fue tenido en cuenta porque no se podía aplicar con la normativa actual. Esto ya lo afirmamos en Diario16 hace dos meses y ahora es el propio FROB quien lo reconoce. ¿Qué es eso de que no se podía aplicar? En juego estaba el patrimonio económico de más de 300.000 familias a las que les ha sobrevenido la ruina, familias de trabajadores, autónomos, pensionistas, jubilados, etc., no grandes inversores o especuladores, que también los hay, pero en menor número.
Sorprende que la Audiencia Nacional, en concreto, el juez Fernando Andreu, no actúe de oficio teniendo conocimiento de todos estos datos e información sobre los hechos acaecidos en todo el proceso que llevó a la intervención del Popular, sabiendo que Europa se niega a facilitar al pueblo español el informe de Deloitte sobre el que se fundamenta el ultraje, la presunta estafa, la connivencia con el beneficiario; conociendo la manipulación de la CNMV o del Banco de España; con la evidencia todos los espurios comportamientos permitidos por el Gobierno de España y, más concretamente, por Luis de Guindos, presunto cómplice en el expolio y la ruina de más de 300.000 familias españolas. Es sorprendente que la Justicia no acepte frenar esta sangría de penas, ruinas, maltratos, vulneración de los derechos humanos o provocación de muertes y enfermedades a miles de españoles sin sentir nada en su conciencia. ¿Tanto importan las minutas, regalos, gratificaciones, concesiones, donaciones más o menos espurias o no justificadas?
Todo lo que rodea a la operación del Popular es oscuro, como lo fue la Edad Media, pero todo lleva al mismo destino: proteger al Santander sin importar un ápice la ruina de 300.000 ciudadanos, de los cuales que más de 240.000 son pensionistas, más del 70% del total.
Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y el jefe del Estado tienen que demostrar que no están prevaricando en caso Santander-Popular. Tienen que demostrar en qué se diferencian o pueden diferenciarse sus comportamientos de responsabilidad, justa o no, sobre el desafío catalán de la dejadez y presunta connivencia con los 300.000 arruinados por la intervención del Popular en favor del Santander y de terceros. El propio Mariano Rajoy y su gobierno no paran de decir que la ley hay que cumplirla cuando se refieren al referéndum catalán. Sin embargo, la ley se ha vulnerado en la incautación del Popular y no se ha oído al ministro de Justicia, al de Hacienda, al presidente, a Felipe de Borbón ni, por supuesto, a Luis de Guindos defender la ley en este caso. La ley está para cumplirla por todos, tanto por los catalanes como por el Santander o por el propio Gobierno.
Casualmente, el mismo día en que Diario16 reclamaba por enésima vez que la Justicia debía paralizar cautelarmente la operación de compra del Popular por el Santander, la Justicia española toma una decisión que va en contra de los intereses de los afectados porque da vía libre al Santander para seguir con su estrategia de desguace del Banco Popular que les llevará a, incluso, dejar sin personalidad jurídica al banco para que la propia Justicia se encuentre ante un escenario de irreversibilidad. Este es un nuevo varapalo de las instituciones públicas a los más de 300.000 afectados del Banco Popular y nuevos movimientos encaminados a proteger al Santander. No hay tregua para los expoliados y arruinados por la Operación Washington. Todos los órganos estatales y europeos están en su contra y la decisión adoptada por la Sección Quinta de lo Contencioso de la Audiencia Nacional es una nueva muestra de ello.
Según los magistrados de esta sala no se puede suspender de forma cautelar la venta del Popular al Santander porque no creen que, si bien está generando perjuicios de difícil reparación, la ejecución por parte del FROB es consecuencia de una decisión adoptada en Europa y que, por tanto, este tema debe dirimirse en los tribunales europeos, por lo que el papel del organismo dependiente del Ministerio de Economía fue meramente instrumental. Los magistrados estiman que fue la JUR la encargada de valorar la situación del Banco Popular, por lo que «la paralización pretendida, incluso si se tratara de la misma venta, dejaría sin efecto la decisión del organismo y mantendría unas circunstancias que ha considerado que hacen inviable la entidad y conllevan un riesgo para el interés público». Todo esto en un auto que reconoce que la operación puede «puede generar perjuicios si no de imposible, sí de muy difícil reparación». Pueden consultar el auto AQUÍ
Es incongruente. La Justicia debe actuar de oficio si ve un indicio de delito o de que una de las partes pueda ser perjudicada por una actuación que está generando miles de demandas y que la propia Fiscalía reconoce que deben ser admitidas a trámite.
El hecho de que la Audiencia Nacional esté reconociendo que como consecuencia de la incautación del Popular se esté generando un perjuicio de difícil recuperación, perjuicio provocado por el Santander con las operaciones de venta rápida de los activos del Popular, ya es causa para que, independiente de las jurisdicciones judiciales, el propio órgano judicial intervenga de oficio y paralice la operación hasta que se determine en un juicio la responsabilidad adoptada. No hacerlo sería contrario a la propia esencia de la Justicia porque están reconociendo que se está perjudicando a un tercero y eso el tercer poder no lo puede permitir. La jurisdicción no es excusa. Las togas de cristal siguen siendo opacas para los 300.000 afectados del Popular y continúen dando tiempo al Santander a que desguace al Banco Popular.
En un país donde la Justicia va muy lenta, en el que pasan los años desde la admisión a trámite de las querellas hasta la apertura de juicio oral, en que los procesos de corrupción se juzgan pasadas décadas desde la comisión de los delitos, sorprende la celeridad en que la Audiencia Nacional ha tomado decisiones que favorecen claramente al Santander, la misma celeridad con la que la entidad cántabra está aplicando estrategias de desguace del patrimonio, de los activos y de la cartera del Popular. Por otro lado, en estos días el Santander, como parte de ese plan, anunció a través de Rami Aboukhair, que el 50% de los afectados del Popular ya han aceptado la oferta de bonos convertibles. Se trata de un 50% de los contactados, siendo un porcentaje muy elevado de quienes lo han hecho los propios trabajadores del Popular en su intento de mantener sus puestos de trabajo.
Volvemos a insistir en que el próximo lunes publicaremos una noticia en la que desenmascararemos los oscuros movimientos que llevaron al Popular a ser intervenido.
Los niveles de crueldad de la operación del Popular parecen no tener un techo. El Plan de Reestructuración del Santander respecto a las oficinas y los empleados del Banco Popular se centra en el cierre de más de 700 oficinas en todo el territorio nacional, de los Servicios Centrales y el despido de 7.000 trabajadores. A la cabeza de este plan se encuentra el Director General Adjunto, Francisco Javier García-Carranza, lo que supondrá que un 70% de la actual plantilla sea despedida a través de uno o diferentes Expedientes de Regulación de Empleo. Según ha podido saber, el directivo fichado por el banco cántabro de Merril Lynch, presume en círculos íntimos que toda la operación del Popular salió de su despacho. Por otro lado, un plan de reestructuración tal y como está planteado es muy del estilo de Carranza. Javier García-Carranza no solo tiene su trayectoria en el Banco Santander dejando a Isolux en concurso y al resto de entidades acreedoras como Bankia y CaixaBank en una difícil situación y en la participación del Santander en las autopistas de peaje quebradas, sino que también tuvo un papel fundamental en la situación actual de Abengoa, tema éste que será tratado en profundidad próximamente por el equipo de investigación de Diario16. Hay un aspecto en el modo de operar de García-Carranza: no negocia, impone.
El Plan comenzaría a aplicarse en los Servicios Centrales del banco intervenido para extenderse a toda la red de oficinas comenzando por la Comunidad de Madrid, donde se estima que serán 2.000 trabajadores. El resto se distribuirá por la red del resto del territorio nacional hasta alcanzar los 7.000. «Una verdadera masacre», confirmaba a Diario16 un@ emplead@.
La estrategia del Santander respecto a las oficinas del Popular es exactamente la misma que ya aplicaron con Banesto: una distancia máxima entre oficinas de 2 kilómetros con un máximo de oficinas competidoras entre ellas. Todo esto, junto con el ahorro de la sede corporativa del Popular, supondrá un beneficio para el Santander superior a 700 millones de euros, algo que se posiciona muy por encima de las propias previsiones iniciales de la entidad cántabra tras hacerse con el Popular por un euro y dejar en la ruina a más de 300.000 familias.
Los despidos de esos 7.000 trabajadores, además, serán prácticamente a coste 0 para el Santander. En teoría, el Expediente de Regulación de Empleo ejecutado en 2016 complica al Santander poder realizar esa reestructuración en base a prejubilaciones o bajas incentivadas. Tendrán que ser despidos y eso tiene un coste. El Santander es una entidad que está en beneficios, por lo que la Administración exige que es la empresa la que tiene que hacerse cargo de los importes de las prestaciones por desempleo de cada uno de los trabajadores afectados por el ERE. Sin embargo, el Santander aplicará una argucia sostenida por un vacío legal: descontará los importes correspondientes al subsidio de la liquidación por despido que se acuerde, es decir, quien realmente paga un importe, que es un derecho adquirido, es el propio trabajador. Se lo descuentan de la indemnización, pero lo abona el SEPE. Posteriormente a la hora de la redacción del acuerdo de ERE, se redacta de forma que no sea explicito para evitar su judicialización. Esto ya lo utilizó el Santander en su anterior Expediente de Regulación de Empleo y les salió bien, por lo que es el Estado quien se hará cargo del coste real del ERE.
Según nos confirman fuentes sindicales del Popular, el coste medio de esos despidos estaría en 25.000 euros, lo que eleva la cifra a 175 millones de euros.
Todo esto hay que unirlo a los 4.900 millones de euros que el Estado tendrá que devolver al Santander por los créditos fiscales del Popular. Luis de Guindos volvió a mentir respecto a que el coste de la operación de rescate del Santander sería de cero euros cuando, en realidad, ya nos encontramos con una cifra por encima de los 5.000 millones, un 0,5% del PIB español. Exactamente lo mismo que hizo con el rescate a la banca y que el propio Mariano Rajoy alabó a pesar del reconocimiento de que el importe de ese rescate no va a ser recuperado por los españoles.
Todo son prisas por parte del Santander para rentabilizar la operación cuanto antes y, sobre todo, para hacerla irreversible de cara a la justicia y que la Audiencia Nacional se encuentre en un escenario de hechos consumados y no pueda actuar contra la operación. De momento, este plan de reestructuración de la plantilla está parado, pero aprobado, debido a la situación judicial, pero, según fuentes consultadas por Diario16, ya se están moviendo los aparatos jurídicos de la entidad cántabra para acelerar la pérdida de la personalidad jurídica del Popular, incluso del propio nombre, como una estrategia más de ese escenario de tierra quemada que quieren presentar para demostrar la irreversibilidad de la operación. Por esta razón, la Audiencia Nacional tiene la obligación de paralizar cautelarmente la operación para evitar, precisamente, que el Santander alegue que no puede haber vuelta atrás con la misma, obligación con los accionistas afectados, con los trabajadores y, por supuesto, con la Justicia y el pueblo español.
Mientras tanto, tanto los miles de empleados como los 300.000 afectados tendrán que seguir en la incertidumbre: los primeros esperando a que se ejecuten sus puestos de trabajo; los segundos, luchando por recuperar lo que en una noche del mes de junio se les incautó.
Anticorrupción pasa al ataque acusando de estafa al Popular pero olvidándose del Santander
El fiscal Antonio Romeral debe tener en cuenta no sólo la responsabilidad de los diferentes consejos de administración, sobre todo del de Saracho, sino que debe tomar en cuenta el amplio catálogo de presuntas ilegalidades y de sus presuntos responsables
Antonio Romeral, fiscal Anticorrupción, ha pasado definitivamente al ataque y ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en el que, entre otros delitos cometidos durante la operación que terminó con la resolución y compra del Banco Popular por el Santander por un euro. La entrada de la Fiscalía a investigar lo que realmente ocurrió con la entonces sexta entidad del país es un movimiento de la Justicia que Diario16 llevaba reclamando desde hace meses porque, tal y como hemos comentado en estas páginas, la operación vulneró, presuntamente, leyes de distintos ámbitos y, uno de ellos es el que ha incluido el propio fiscal en su informe: la estafa, pero no desde el punto de vista en que lo plantea sino en toda su extensión.
No se trata de personalizar sólo en el Consejo de Ángel Ron por la ampliación de capital, sino que la Fiscalía Anticorrupción tiene la obligación de ir más allá y verificar el por qué una entidad con un valor de 1.300 millones en bolsa fue vendida al Santander por un euro dejando en la ruina a más de 300.000 familias. Hay que tener en cuenta que las cuentas por las que se quiere investigar a Ron fueron aprobadas por Emilio Saracho en una Junta de Accionistas y, por tanto, la responsabilidad de las mismas recae en el presidente que las aprobó. Lo mismo habría que decir de los movimientos que realizó Emilio Saracho para quitar liquidez al banco. Eso también fue una estafa tanto a los clientes como a los accionistas del banco. Exactamente igual habría que decir de las personas que filtraron a las administraciones públicas datos de una entidad privada para que se fugaran en pocos días más de 14.000 millones de euros en depósitos, lo que provocó una grave crisis de liquidez. Exactamente igual que las responsabilidades de altos cargos de la administración que fueron los inductores o que diseñaron la operación. Exactamente igual que las entidades supervisoras que miraron hacia otro lado mientras se ejecutaba el ataque de las posiciones bajistas. El fiscal, además, olvida la responsabilidad del Santander en toda la operación, algo que se ha explicado en estas páginas.
No se trata de exculpar a nadie. Si se produjo un falseamiento de los datos del banco, evidentemente, esos hechos deben ser juzgados. Sin embargo, hay otras muchas responsabilidades que se están quedando fuera, sobre todo las referentes al Santander.
Ya comentamos en estas páginas cómo organizaciones y despachos de abogados han sacado de sus planteamientos de demanda reclamar responsabilidades a la entidad cántabra por conflictos de intereses o porque el propio Santander es uno de sus máximos benefactores.
Sin embargo, la realidad es que la responsabilidad plena en esta estafa que fue la resolución del Popular se halla en todos los movimientos que se realizaron a partir del mes de junio de 2016, cuando se diseñó la «Operación Washington». Todos estos movimientos conformaron una trama por la que el Popular tenía que llegar a un punto de cotización por el cual debía ser comprado por otra entidad financiera. Sin embargo, en esa operación sólo había un candidato: el Banco de Santander. Además, había que llevarlo a los límites más bajos porque la propia situación de la entidad cántabra no le permitiría hacer frente a una operación corporativa en la que tuviera que desembolsar miles de millones de euros.
En otro orden de cosas, el fiscal tendría que determinar si los movimientos realizados por el Santander tras la intervención y que están dejando sin patrimonio ni cartera al Popular y por el que se están generando beneficios rápidos que arreglarán las cuentas de final de año de la entidad cántabra pueden continuar realizándose o no hasta que la Justicia determine si la operación fue legal o no. Por esta razón, debe ser la propia Fiscalía la que solicite al juez Andreu la paralización cautelar de cualquier acción comercial que perjudique patrimonialmente o en cifras de negocio al Popular, teniendo en cuenta que cualquier juzgado donde se están interponiendo las demandas la puede paralizar o la puede declarar ilegal. De este modo, también se evitará que el Santander le retire la personalidad jurídica y la marca al Popular para que la operación sea irreversible y no haya vuelta atrás.
Finalmente, el propio fiscal y el juez Andreu deben inmediatamente iniciar una investigación sobre el papel que jugaron los bancos custodios, los fondos de inversión o las gestoras de cartera que son los máximos accionistas del Santander en toda la operación bajista porque esos movimientos que estuvieron coordinados rompieron todas las reglas del mercado bursátil.
Repetimos que la entrada de la Fiscalía Anticorrupción en el caso del Popular es una buena noticia pero que hay que ir más allá de las responsabilidades que puedan tener los consejos de administración que no estuvieron implicados en la operación bajista. Si se determina que Ángel Ron y su consejo cometieron irregularidades, deberán dar explicaciones en un juicio. Sin embargo, el catálogo de presuntas ilegalidades es mucho más amplio y el fiscal debe ser igual de diligente. No obstante, ¿estarán también protegiendo al Santander desde la Administración de Justicia? Eso sería muy grave y por el bien de nuestro Estado de Derecho no debería ser así, pero el nivel proteccionista respecto a la entidad cántabra es tan elevado que las dudas que podrían surgir son muchas.
La Fiscalía y, por ende, la propia Administración de Justicia también están obligados a investigar y a actuar de oficio contras las instituciones europeas que no sólo están negando información fundamental para entender las causas de la resolución y los datos por los que se tomó una decisión que dejó en la ruina a más de 300.000 familias a los despachos de abogados que representan a los afectados, sino que también la han negado al Parlamento de un país miembro de la Unión Europea. Esto es un atentado contra la soberanía del pueblo español que viene propiciado porque, según fuentes consultadas, el propio documento de negación fue pactado con el Ministerio de Economía español y, por extensión, con el propio Luis de Guindos. Tantas negativas a los representantes legales de los afectados y a las instituciones públicas o a sus representantes electos dejan dudas, incluso, sobre la existencia de dichos documentos, incluido el ultrasecreto informe de Deloitte. Europa vuelve a insultar al pueblo español y, tal y como reza la portada del número de mayo de la revista de Diario16, no es de extrañar que cada vez más ciudadanos ya se esté planteando que los británicos tuvieron razón cuando decidieron irse de esta Unión Europea y llegar a reivindicar un «Spainxit».
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al frente de la investigación abierta por la quiebra del Banco Popular, que divida la causa en dos piezas separadas; una relativa a la ampliación de capital que solicitó el banco por importe
de 2.505 millones de euros y otra por la presunta manipulación del mercado con información falsa antes de que la entidad fuera vendida por un euro al Banco Santander.
En el escrito en el que pide que se admita a trámite una treintena de querellas interpuestas contra los expresidentes del banco Angel Ron y Emilio Saracho y contra el auditor PwC, el fiscal apunta que los hechos son constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores. Alega que para captar el capital, el banco proporcionó a través de los folletos de inversión, una información de sus estados contables y financieros que "no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad".
Advierte de que la maniobra relativa al ejercicio de 2016 supuso una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil" no solo por la cantidad solicitada por la entidad sino por el "descrédito y la desconfianza" que generó en el sistema financiero y por los miles de accionistas "potencialmente perjudicados".
El fiscal denuncia que el banco puso en marcha una campaña de desprestigio a través de la publicación de noticias que contenían datos o información falsa, par hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios.
Por estos hechos Anticorrupción no se opone a la personación en la causa como acusación particular de un total de 26 perjudicados que dirigen su denuncia contra el que fuera presidente del popular entre los años 2004 y 2017, Ángel Ron, su sucesor en el cargo Emilio Saracho, así como
la cúpula del consejo de administración, por incurrir presuntamente en un delito de administración desleal.
No obstante el fiscal entiende que no hay base sólida para pedir que se actúe contra el Ministerio de Economía, la cúpula del Banco de España como su gobernador Luis María Linde, contra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella o
el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.
En paralelo hoy mismo la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros (Adicae) ha presentado este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra los expresidentes del Banco Popular Angel Ron y Emilio Saracho, así como contra sus respectivos consejos de administración, por estafa a los inversores, falsedad de cuentas y administración desleal que llevó a la quiebra de la entidad.
Según ha explicado a los medios de comunicación el presidente de Adicae, Manuel Pardos, la querella "abarca a todos los consumidores que puedan estar dañados por la quiebra de Popular". "Adicae quiere defender a los pequeños accionistas ahorradores, no defiende a los grandes magnatesinversores", ha explicado.
Popular. Según el BCE, el banco era tan rentable como Caixabank, Bankia y Sabadell
El último informe PRES del supervisor, fechado en noviembre, le daba el nivel 3, empatado con los otros tres grandes bancos.
Y sólo superado (nivel 2) por Santander y BBVA.
Por ejemplo, estaba bien preparado para la retirada masiva de dinero.
El Popular ya había superado su segunda ampliación de capital (2.500 millones) y el Consejo ya estaba roto.
De hecho, el uno de diciembre la entidad anunció el nombramiento de Emilio Saracho como nuevo presidente.
En el último Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRES), realizado en noviembre de 2016, el Banco Central Europeo (BCE) dictaminó que el Popular estaba en el nivel 3,junto a Caixabank, Bankia y Sabadell.
Ojo, estamos hablando de un proceso que analiza mucho más que el nivel de solvencia o capitalización de un banco. El PRES incluye el modelo de negocio, el Gobierno interno y la gestión de riesgos, los riesgos para el capital y los riesgos de liquidez y financiación de la entidad. En definitiva, se trata de un examen profundo cuyas conclusiones son de vital importancia para los bancos.
En otras palabras y según fuentes del Banco de España, el BCE dictaminó que el Popular era tan rentable como Caixabank, Bankia y Sabadell. Sólo fueron superados (nivel 2) por el Santander y el BBVA.
Ninguno de los grandes bancos españoles estaba en el nivel 4 (suspenso) ni, por supuesto, en el 5. Ahora bien, también es cierto que ninguno alcanzó la máxima puntuación (nivel 1).
En cualquier caso, llama poderosamente la atención que el BCE otorgase al Popular el nivel 3 (bien/notable) y sólo medio año después lo interviniera y entregara al Santander por un euro. ¿De verdad que un banco se puede deteriorar tanto en tan poco tiempo? Porque, como hemos señalado antes, el SREP es un análisis exhaustivo de todas las facetas de la entidad.
Por ejemplo, el BCE examina la capacidad del banco para atender necesidades de efectivo específicas, por ejemplo, en momentos de incertidumbre económica en los que los depositantes puedan retirar mucho más dinero de lo habitual. Es decir, el BCE certificó que el Popular estaba bien preparado para afrontar una retirada masiva de dinero.
El supervisor también se fija en el modelo de negocio: evalúa la estructura de cada entidad, es decir, si desarrolla un amplio abanico de actividades o si se centra sólo en algunas líneas de negocio. Por ejemplo, una entidad centrada en el transporte marítimo sería muy vulnerable aúna desaceleración del comercio mundial o excesivamente generosa en sus préstamos a armadores, y necesitaría gestionar ese riesgo.
En cuanto al Gobierno interno y la gestión del riesgo, el BCE examina la estructura organizativa y realiza un seguimiento de sus órganos de administración. Por supuesto, el supervisor es el encargado de verificar que los riesgos se gestionan adecuadamente.
Pero aún hay más, porque el BCE también analiza los riesgo para el capital. Por ejemplo, si la entidad en cuestión dispone de una red de seguridad suficiente para absorber las pérdidas derivadas de la morosidad de sus prestatarios.
En definitiva, según el BCE, el Popular estaba bien preparado para afrontar el ejercicio 2017. Porque conviene recordar que cuando el BCE le otorga en nivel 3, el banco ya había superado su segunda ampliación de 2.500 millones de euros y, por si eso no fuera suficiente, el Consejo de Administración ya estaba roto. De hecho, el uno de diciembre el Popular anunció que Ángel Ron sería sustituido por Emilio Saracho.
comienza a actuar contra los responsables del Popular
Tal y como lleva solicitando Diario16 desde hace meses, la Justicia parece que quiere tomar las riendas de un proceso que puede terminar con la paralización de la operación que finalizó con la incautación del Banco Popular
En el día de hoy se ha sabido la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se investigue tanto a Emilio Saracho como a Ángel Ron, en su calidad de ex presidentes del banco incautado, por la quiebra y posterior incautación del Banco Popular. Esta medida del Ministerio Público la llevamos reclamando desde Diario16 prácticamente desde el día en que la Junta Única de Resolución decidió intervenir al Popular y entregarlo al Santander por un euro dejando en la ruina a los más de 300.000 pequeños accionistas de la entidad. Lo que no pidió ningún medio de comunicación, ningún partido político (sobre todo los de la izquierda), ninguna organización de la sociedad civil —más allá de las que integran las demandas de los perjudicados—, lo hizo Diario16 desde su independencia y libertad. Es lo que tiene no tener facturas pendientes con nadie, que no traicionamos ni a nuestro ideario ni a los miles de lectores/afectados que cada día se ponen en contacto con nosotros para recalcar esa independencia.
Un escándalo así no podía pasar desapercibido para la Fiscalía. Ya anunciamos en este medio que desde la propia institución se aconsejaba la admisión a trámite de las demandas, querellas y recursos que presentaran los afectados por la incautación. Y ahora ha dado el paso que llevábamos reclamando, por justicia hacia la ciudanía, desde hace meses.
Investigar a Emilio Saracho y a Ángel Ron, además de a sus respectivos consejos de administración, es un paso correcto para comenzar el camino hacia la restitución del patrimonio y de la dignidad que una decisión injusta tomada para rescatar al Banco de Santander, una restitución que sólo puede pasar por la anulación de toda la operación y la devolución del banco a sus verdaderos dueños: sus accionistas y sus clientes.
La investigación a Saracho es fundamental porque él fue el que ejecutó todos los procedimientos necesarios para llevar al Popular a una situación límite en la que los mercados le castigaban día sí y día también. Saracho, con su gestión, perjudicó a sabiendas a la entidad que presidía porque tenía otros jefes a los que presentar cuentas. Eso es cometer un presunto delito. Por otro lado, Emilio Saracho hizo movimientos encaminados a perjudicar al Popular como, por citar algunos ejemplos, dar informaciones confusas que generaron una pérdida del valor y una fuga de depósitos tanto personales como institucionales, provisionar activos no tóxicos, no acceder a la vía de liquidez de emergencia porque no presentó todas las garantías, tal y como confirmó el vicegobernador del Banco de España y comunicar que el banco no tenía esa liquidez a la que él mismo había rehusado o su colaboración para que se perdiera esa liquidez. Emilio Saracho hizo mucho para ser investigado, sabiendo que estaba presuntamente violando la ley, pero la pregunta que surge es esta, ¿qué protección puede tener una persona para obrar como obró sin importarle las consecuencias? Alguien que tiene poco que perder o alguien que sabe que es impune.
Respecto a Ángel Ron, tiene la posibilidad de demostrar en la Audiencia Nacional que la gestión que hizo de la ampliación de capital fue correcta y que los movimientos posteriores que llevaron al Popular a donde lo han llevado fueron responsabilidad de quienes le obligaron a dimitir —Antonio del Valle y Reyes Calderón— y de los consejos de administración que le sucedieron. Si no lo puede demostrar entonces será responsable aunque tiene la tranquilidad de que todas sus cuentas fueron aprobadas en una Junta de Accionistas presidida por Saracho.
Por otro lado, ni la Audiencia Nacional ni la Fiscalía Anticorrupción pueden quedarse parados en investigar sólo a las cúpulas del Banco Popular Español. Hay otros muchos responsables de la ruina de más de 300.000 familias. En primer lugar, Luis de Guindos tendría que comparecer en calidad de investigado (imputado), previo suplicatorio por su condición de aforado, porque fue él quien diseñó toda la operación para que el Popular fuera adquirido por el Santander al menor coste posible. Todos los movimientos que se realizaron, ya fuera a través del mercado por las argucias y conocimientos del mismo de Emilio Saracho y de las posiciones bajistas dependientes de JP Morgan, ya fuera a través de la influencia en las instituciones europeas a través de su amigo, casi hermano, Antonio Carrascosa, ya fuera por el juego de distracción durante las semanas previas a la intervención poniendo a bancos respetables dentro del plató cuando la realidad era que el destino del Popular ya estaba dictaminado, ya fuera por el mero hecho de que un miembro del gobierno conspirara para beneficiar a una entidad privada, ya fuera por obligar a las entidades supervisoras (BdE y CNMV) a mirar para otro lado y, en definitiva, incumplir con su cometido y con la ley. Por todo ello, De Guindos debiera ser imputado o llamado a declarar porque eso es un tipo distinto de corrupción ya que, poner a los aparatos del Estado en manos de una entidad financiera privada, son comportamientos espurios, corruptos y pudiera llegar a ser prevaricación. Las entidades reguladoras dependientes de economía también deben ser llamadas a declarar por la inacción.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción también tendría que investigar a Elke König porque, gracias a sus declaraciones, provocó un pánico total tanto a nivel de valor accionarial como a pérdida de depósitos, que fueron la puntilla para el Popular. Apenas una semana después de que esta mujer dijera que el banco estaba en vigilancia, el Popular fue intervenido.
La Fiscalía Anticorrupción tiene la obligación de investigar, además de a Saracho y a Ron, las filtraciones interesadas por parte de quien tenía toda la información y tenía acceso directo hacia los responsables financieros de las instituciones públicas que retiraron sus depósitos del Banco Popular, cosa que ocurrió y que supuso una pérdida de más de 14.000 millones de euros de liquidez.
Los culpables son muchos y todos, uno a uno, tienen que ser investigados por Anticorrupción ya que lo que se ha hecho con el Popular es un modo de corrupción muy grave dado que el enriquecimiento no ha sido particular sino poner al servicio del Santander los aparatos estatales y europeos para rescatarle. En Diario16 hemos definido estos comportamientos como el tercer golpe de Estado a la democracia del poder económico del Gobierno. Por esta razón, el Santander, como beneficiario máximo, tiene que ser también investigado porque, gracias a un proceso presuntamente delictivo y corrupto, está arreglando su situación y ya está generando beneficios provocando, a su vez, el deterioro del patrimonio del Banco Popular, además de la ruina de 300.000 familias. La entidad cántabra, además, aceptó un bien que sabía a la perfección que le llegaba de manera no muy clara. Compró por un euro un banco incautado. Aunque, siempre tiene la oportunidad de reconocer su no participación en esta operación anulando la compra por un euro y devolviendo al Popular a sus legítimos dueños y, de este modo, hacer justicia.
En otro orden de cosas, la justicia tiene que abrir otros caminos. Diario16 tiene constancia de una plataforma de afectados que va a ir por otra vía en la que también se infringió la ley, tal y como hemos publicado en este medio a través de análisis realizados por expertos en derecho mercantil: la vía concursal que, con la jurisprudencia existente y con las evidencias claras de que se violó ese procedimiento fundamental para la liquidación de una empresa, en este caso el Popular, paralizará de inmediato la operación y evitará que el Santander continúe beneficiándose del banco incautado.
Por otro lado, además de empezar a intervenir en el caso del Popular, la Fiscalía tendrá mucho trabajo en los próximos meses puesto que por estas páginas aparecerán empresarios venezolanos que están haciendo negocios en España a través del Banco Activo, presidido por José Antonio Oliveros Febres Cordero, cuñado del asesor jurídico de Rafael Ramírez y, casualmente, muy vinculado a la entidad financiera cántabra.
Uno de los argumentos que han argüido quienes tomaron la decisión de intervenir el Banco Popular y regalárselo al Santander por un euro dejando en la ruina a más de 300.000 accionistas es que la entidad estaba perdiendo una parte importante de sus depositantes, hecho que creaba un grave problema de solvencia. El hecho, en sí, es cierto. Nadie puede dudar de que en los meses anteriores a que la que era la sexta entidad financiera del país fuera incautada por las autoridades europeas hubo miles de clientes que retiraron sus depósitos a causa del miedo que se estaba generando desde los medios de comunicación afines a la operación —incluso se llegó a publicar que el Popular estaba quebrado—, desde las instituciones españolas y europeas y, sobre todo, desde el propio consejo presidido por Emilio Saracho.
Sin embargo, tomando como ciertas las cifras globales de la cantidad de depósitos que salieron del Popular, hay ciertos elementos que dan a entender que el manejo de esta cifra global por parte de quienes tomaron la decisión no se tomaron en cuenta. El primero de ellos es crucial: el Popular tenía en enero de 2017 un total de 71.743 millones de euros de los que salieron 18.522, según los datos de la Asociación Española de la Banca. Fueron muchos millones pero, en realidad, no suponen ni un tercio del total del que disponía el banco. La cifra es espeluznante pero el día de la intervención el Popular disponía de unos depósitos por encima de los 50.000 millones de euros.
El segundo dato, no refleja tanto la responsabilidad de quien tomó la decisión sino de quien fue el ejecutor de la operación: Emilio Saracho ya que las mayores fugas de depositantes se produjeron tras la irresponsable rueda de prensa del entonces presidente tras la Junta de Accionistas en la que propuso dos soluciones a la situación de la entidad, algo que produjo el pánico tanto en los mercados como entre los clientes. ¿Un presidente que llegó para salvar al Popular y que no tenía claro si la solución era una nueva ampliación de capital o una operación corporativa? ¿En qué manos estaba el dinero de los clientes del Popular, un banco que hasta la llegada de Saracho se había caracterizado, precisamente, por la seriedad a la hora de tomar decisiones (fueran acertadas o equivocadas)? De los dieciocho mil millones que salieron del Popular, más de 14.000 salieron tras estas declaraciones de Saracho, declaraciones que, evidentemente, además de mostrar su desconocimiento de la banca comercial, demostraba su profesionalidad a la hora de manejar al mercado, es decir, que si Saracho no hubiese mostrado su irresponsabilidad y su ineptitud perfectamente calculada, era muy posible que los depósitos hubieran podido seguir saliendo pero no al ritmo despiadado en que lo hicieron tras sus palabras.
En tercer lugar, y para darle más peso a las palabras de Saracho en la rueda de prensa y acelerar la salida de depósitos, las declaraciones de Elke König el día 31 de mayo al afirmar en la cadena Bloomberg que el Popular estaba en vigilancia porque se hallaba en «alerta temprana».
En cuarto lugar, la propia naturaleza de los depósitos que salieron. Es normal que el cliente minorista, ante el temor a perder sus ahorros, deje la entidad en que los tiene depositados. Sin embargo, no es muy habitual la salida en masa de los clientes institucionales, de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos. Está claro que alguien dio información privilegiada a estas entidades de que se producirían novedades nada positivas para el Popular y que se recomendaba que se sacara el dinero de ahí. La pista de quién, presuntamente, pudo ser la tenemos en quién tiene acceso directo a estas instituciones y manejaba información directa de la situación, tanto del Popular, como de la operación para rescatar al Santander. Según ha podido saber Diario16 a través de fuentes de extrema credibilidad, ya hay demandas penales presentadas o a punto de presentarse contra Luis de Guindos acusándole de prevaricación. Por otro lado, según las mismas fuentes, los abonos a las Comunidades Autónomas que eran clientes del Popular por parte del Gobierno de Mariano Rajoy se realizaron en otras entidades antes de que estas instituciones sacaran sus depósitos.
Tras la intervención, el Santander se quedó con esos más de 50.000 de millones en depósitos, cantidad con la que está sacando rentabilidad, lo mismo que con la cartera inmobiliaria o la de Pymes, de la que el Popular tenía un 26% del mercado. Además, a los datos que ya se han dado en este medio por los que la operación ha tenido un coste 0 para el banco cántabro y que la rentabilidad está siendo inmediata, hay que sumar la gestión que está haciendo el Santander de esos depósitos. Por otro lado, esos más de 50.000 millones le están reparando un grave problema: la liquidez. Hay que tener en cuenta que la entidad cántabra, de no haberse hecho con el Popular de la manera en que se lo hizo y con el apoyo de las instituciones económicas y políticas españolas y europeas, hubiera quedado en una situación de extrema gravedad por los problemas de la desaceleración latinoamericana —sobre todo en México y Brasil—, y por las consecuencias del Brexit, además de por el elevado coste que están suponiendo ciertos productos estrella en el mercado español. De ahí las prisas por sacar rentabilidad rápida o poner todos los recursos disponibles para que la operación no sea anulada o suspendida cautelarmente por la Justicia.
Mientras todo esto ocurre, los 300.000 afectados siguen en su lucha por recuperar lo que es suyo y que se les arrebató con nocturnidad y alevosía una noche del mes de junio.
La Audiencia Nacional debe suspender cautelarmente la operación del Popular
Los cientos de recursos presentados por los afectados minoristas y grandes accionistas deberían obligar a la Audiencia Nacional a la suspensión cautelar hasta que haya una resolución definitiva
Ya han sido cientos los afectados los que han presentado recursos en diferentes órganos judiciales para que la operación por la que el Banco Santander se hizo con el Banco Popular por un euro sea anulada. Ante el volumen de demandas no sólo que hay presentadas sino, sobre todo, por los miles que se van a presentar en fechas próximas. La resolución ejecutada por el FROB, por tanto, debería suspenderse cautelarmente para que el Santander no continúe haciendo negocio con el patrimonio del Popular y, llegado el momento de que se suspendiera la operación, los accionistas se encontraran en un escenario de tierra quemada. Por el momento, el banco cántabro ya ha vendido el 51% de la cartera inmobiliaria y tiene un plan para un cierre masivo de oficinas.
En este escenario, y, sobre todo, frente al recurso presentado por un familiar de Antonio del Valle, el Santander se ha presentado en la causa para evitar, precisamente, esa suspensión cautelar, y ha presentado un escrito de alegaciones en el expone los motivos por los que la entidad cántabra cree que no se debe suspender, basando sus argumentos, sobre todo, en que es imposible devolver las acciones del Popular a sus accionistas ya que la propia intervención de la JUR las amortizó por un euro. Lo sorprendente es que el propio Popular también se ha presentado con la misma argumentación, un refuerzo procesal a los argumentos del Santander.
La decisión se tomará a finales de este mes o a principios del mes de octubre. El juez deberá tener en cuenta las consecuencias presentes de la suspensión cautelar, pero no sólo para el Santander, sino para los más de 300.000 afectados que fueron arruinados por una decisión tomada en Europa sin ningún tipo de transparencia y basada en datos que no se correspondían con la realidad ni con la viabilidad del banco.
Lo que sorprende, sobre todo, es la actitud del Abogado del Estado que se posicionó en favor de la operación, olvidándose de los afectados. El argumento principal es que el FROB ejecutó la orden dada por la JUR tras declararse al Popular insolvente, además de incidir en que la operación es irreversible. Más o menos los mismos argumentos presentados por el Santander.
Nuevamente se ponen los instrumentos del Estado para favorecer a una entidad privada, esta vez de modo indirecto y aprovechando la defensa del FROB en estos recursos. No es entendible esta posición, como no lo es que un Estado defienda a un banco privado contra los ciudadanos, contra los que detentan la soberanía popular, tal y como reconoce la Constitución. El Estado español, en vez de dedicarse a rescatar bancos en dificultades, tendría que cumplir con las obligaciones a las que la Ley le somete. En este caso, el Abogado del Estado tendría que haber apoyado todos y cada uno de los argumentos de los afectados.
La Audiencia Nacional debería frenar, aunque de momento sea de forma cautelar hasta que se tome una resolución definitiva, la resolución del Popular. A diferencia de otras estafas bancarias, como, por ejemplo, las preferentes, se corre el riesgo de que si se decidiera la anulación los accionistas y el propio Popular se encuentren con que el Santander les ha dejado sin patrimonio, sin carteras y con una entidad vacía. Esas son las prisas del banco cántabro por rentabilizar cuanto antes la operación. Las consecuencias de la desaceleración en Sudamérica y del Brexit hacen que el Santander busque operaciones rápidas porque, tal y como ya hemos dicho en Diario16, la situación económica podría haber sido muy preocupante de no haber absorbido al Popular y el hecho de presentar ante los tribunales ese escenario de hechos consumados no tiene otro fin que provocar que los jueces fallen a su favor sin tener en cuenta a los más de 300.000 afectados. La Justicia no puede permitir eso.
Los clientes del Popular no confían en el Santander
Más del 60% de los clientes del Popular que retiraron sus depósitos mientras se ejecutaba la operación de rescate del Santander llevaron sus ahorros y sus productos de inversión a CaixaBank
Tal y como publicamos en Diario16 en las fechas en las que las entidades bancarias españolas presentaban los resultados del primer semestre de 2017, la operación del Santander para absorber al Popular a coste 0 había provocado que diferentes entidades se hubieran beneficiado de la fuga de depósitos y de productos de inversión. En aquel artículo se mencionó que CaixaBank y Abanca habían declarado en sus presentaciones que sí que habían recibido clientes procedentes del Popular, aunque no se cuantificaba la cantidad.
Ahora ya se sabe cómo se han repartido esos ex clientes del Popular que dejaron la entidad. Según los datos hechos públicos por diferentes entidades, el banco perdió 15.000 millones de euros en depósitos, tanto de clientes particulares como institucionales. La estimación del Santander era que, una vez absorbido al Popular, una parte importante de esos depósitos retornarían al banco cántabro. Sin embargo, no fue así, ya que más del 50% de esa cantidad fue a parar a CaixaBank. Al Santander «sólo» han retornado 2.000 millones, sólo 200 millones más que el BBVA que fue de los grandes bancos el que menos captó. Por tanto, los ex clientes del Popular no confiaron, ni confían en el Santander.
Una de las causas por las que el banco cántabro no sonó como uno de los candidatos a comprar el Popular mientras se estaba perpetrando la operación bajista en bolsa y se lanzaban mensajes de pánico —incluso noticias falsas de quiebra— desde todos los foros implicados en la misma era precisamente esa, que los clientes, tanto institucionales como particulares, que sacaran los depósitos del Popular cayeran en los brazos del Santander y, de este modo, que la entidad cántabra ya rentabilizara la operación incluso antes de su ejecución con una inyección de liquidez a través de esos depósitos. Con los datos que hemos citado anteriormente, no fue así. Los clientes del Popular no confiaban en el Santander ni siquiera sin saber que era el que estaba detrás de la operación. Los que sacaron esos depósitos en los días posteriores a la intervención, lógicamente, no se acercaron a la entidad cántabra.
Esa falta de confianza en el Santander mucho tiene que ver con el modo en que se está gestionando la absorción y las formas por las que el banco cántabro está intentando liquidar todo el patrimonio del Popular para obtener un beneficio rápido que arregle sus cuentas de explotación. Por tanto, la desconfianza en el banco cántabro ha provocado que, en primer lugar, se beneficien otras entidades y, en segundo lugar, que el Santander no haya podido rentabilizar aún más el retorno de los depósitos de quienes abandonaron al Popular por el pánico generado por todos aquellos que estaban dentro de la operación, tanto particulares como medios de comunicación, instituciones españolas y europeas y empresas privadas.
Según el propio Santander, las pérdidas del Popular en el último año fueron de 12.000 millones de euros. En concreto, según se ha publicado en diferentes medios, a 31 de diciembre de 2016 eran 10.000 millones. En esas fechas, quien estaba ya al frente de la entidad eran Emilio Saracho y los consejeros Del Valle y Calderón, a pesar de que aún no se hubiese oficializado el nombramiento del ex vicepresidente de JP Morgan. Estas pérdidas, por tanto, son atribuibles a ese consejo de administración y, como dicta la ley, sería ese consejo el que tuviese que indemnizar a los accionistas con su patrimonio por esas pérdidas.
Por otro lado, esos resultados publicados, casualmente, coinciden casi al céntimo con el patrimonio expropiado a bonistas y accionistas con la resolución del FROB 12.122 millones. El Santander provisiona, pero pagan los accionistas y bonistas a los que dejaron en la ruina. Si las pérdidas hubieran superado 12.122 millones, le hubiera tocado pagar el exceso a la entidad cántabra. Si son menores, le correspondería devolver lo que restara en la reserva a accionistas y bonistas, poniendo además patas arriba la resolución del FROB. Por tanto, las pérdidas «publicadas/cocinadas» suponen el 100,8% del volumen de la reserva indisponible expropiada a accionistas y bonistas. Otra casualidad de esa cifra es que coincide prácticamente con la suma del dinero captado en la ampliación de capital (7.000 millones) y de los impuestos que se ahorrará a final de año (5.000 millones), por lo que la rentabilidad es total porque el coste de la operación es 0.
Otro aspecto es la oferta de bonos por la que el Santander, presuntamente, quiere compensar a los afectados, una oferta que no es otra cosa que un modo por la que el Santander obtendrá un beneficio total porque, tal y como se publicó en este medio la semana pasada, no tendrán que poner un solo euro ya que, sólo con la rentabilidad generada en los siete años de vigencia del producto queda totalmente cubierta con el beneficio del mismo. El Santander no les pagará nada a los afectados, sólo les dará el beneficio generado por ese dinero «retenido» durante esos siete años. Además, es un producto que no es aconsejable para ser contratado por el perfil de los que vayan a contratarlo, tal y como se afirma en el folleto entregado a la CNMV. Si esto es así, no es muy normal que haya publicaciones que la justifiquen o que la casi publiciten como la única solución para los afectados.
En referencia a la oferta de bonos también hay que apuntar un aspecto que es fundamental. Fuentes de los trabajadores del Popular nos han trasladado una reflexión que lo define todo: «cuando tu banco tiene mucho interés en un producto, a quién realmente le interesa es al banco», no al cliente o al trabajador. Y la oferta es para desconfiar porque, según esas mismas fuentes, en primer lugar, el cliente de forma manuscrita debe reconocer que este producto no es conveniente para él. Si tan bueno es el producto, ¿no había otra manera de ponerlo en el mercado o de compensar a todos los afectados? En segundo lugar, los intereses, en principio se abonan trimestralmente, pero el Banco de Santander no tiene ninguna obligación de hacerlo, incluso por determinadas razones podría no realizar el abono de los mismos y no estaría incumpliendo nada. Hay que confiar en el Banco. En tercer lugar, también por razones financieras, el cliente podría no recuperar el importe con que a priori sería compensado y en este caso, no se estaría una vez más, incumpliendo nada. Por estas y otras razones no es muy lógica la defensa que se está haciendo de la venta de bonos para los afectados desde diferentes foros.
Sin embargo, la operación por la que se rescató al Santander con la intervención es todo menos transparente. Tras más de 3 meses de investigación, en breve publicaremos un documento realizado por expertos juristas nacionales e internacionales por el que los afectados tendrán en su mano las claves que según la ley española son fundamentales para poder anular la operación. Esta documentación, además de ser publicada, será entregada a la nueva Plataforma de Afectados que sabemos que se está creando y que ya cuenta con varios miles de quienes fueron llevados a una situación de ruina para rescatar al Santander y que, en fechas próximas, organizará una asamblea en Madrid de la que podrán informarse puntualmente en este medio, incluso de las condiciones para acceder a la Plataforma con la que se podrán poner en contacto en la siguiente dirección de correo electrónico: afectados.popular.anulacion@gmail.com
Santander necesitaba la rentabilidad del Popular para seguir siendo «banco sistémico»
Tanto los bonos de fidelización como los beneficios que ya está obteniendo le generarán colchones de capital y deuda con las que el Santander podrá seguir siendo una Entidad de Importancia Sistémica Mundial
Un banco sistémico es una entidad de gran tamaño, importancia en el mercado y con fuertes relaciones con otros agentes financieros. Cuando un banco sistémico tiene problemas puede generar consecuencias graves al sistema financiero internacional. Por esta razón el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, siglas en inglés) creó una serie de reglas para que esos impactos sean menores a través de unas fuertes exigencias de capital, supervisiones más intensas y regímenes de resolución adecuados. Es decir, que un banco sistémico no puede quebrar, es un too big to fail (demasiado grande para caer). Para que esto no ocurra todo el sistema financiero mundial en colaboración con las instituciones políticas siempre buscará soluciones para evitar una quiebra que pueda afectar al sistema económico internacional.
Según datos del Banco de España, sólo el Banco de Santander está considerado dentro de la clasificación de Entidades de Importancia Sistémica Mundial (EISM). «El Banco Santander ha sido clasificado dentro de la primera subcategoría, en la que ya se encontraba desde el 1 de enero de 2016, por haber obtenido una puntuación de 208 en el indicador que se utiliza para clasificar a las EISM. Por ello, el Banco Santander estará sujeto a un requerimiento adicional de capital de nivel 1 ordinario, el denominado colchón de capital de EISM, equivalente al 1 % de su exposición total al riesgo en base consolidada. No obstante, el colchón aplicable en 2017 será del 0,5%, según la Disposición Transitoria Décima de la Ley 10/2014, que establece un periodo de implantación gradual, por el que únicamente será exigible en ese año el 50 % del total cuyo requerimiento completo sólo será efectivo en 2019. La designación de EISM es objeto de una revisión anual. De mantener su condición de EISM en 2018, y su clasificación dentro de la primera subcategoría, Banco Santander estaría sujeto al cumplimiento de un colchón de EISM de 0,75 % en dicho año».
El Santander es el único banco español que se encuentra en esta categoría. Ni siquiera el BBVA es un EISM y se encuentra encuadrado en «Otras Entidades de Importancia Sistémica (OEIS)», al igual que están CaixaBank, Bankia, Sabadell y estaba el Banco Popular. ¿El Popular? ¿Un banco que estaba quebrado, que había que hundir para rescatar al Santander? Sí, el Banco Popular Español estaba considerado como entidad de importancia sistémica por el propio Banco de España.
Según el Banco de España, «La cuantificación de los colchones está basada en línea con los nuevos criterios establecidos por el Banco Central Europeo a fin de reducir la heterogeneidad de los colchones de capital para OEIS que fijan los distintos países del Mecanismo Único de Supervisión. Esta nueva metodología ha dado lugar a un aumento de 0,25 % de los colchones finales exigibles a partir del 1 de enero de 2019 a BBVA, Sabadell y Popular».
La caída de resultados del Santander por los efectos de la desaceleración económica en Latinoamérica, sobre todo en México y Brasil, y del Brexit hacían peligrar la calificación EISM para la entidad cántabra, lo que provocaría que se le retirara la protección absoluta del sistema financiero internacional y de las entidades políticas nacionales e internacionales porque salir de esa categoría supondría dejar de ser un too big to fail y estar expuesto a una quiebra absoluta. Eso no se podía permitir y por esta razón era fundamental que el Popular cayera y fuera absorbido por el Santander para que los beneficios que ya se están generando con esta operación hiciera superar los duros controles a los que una entidad EISM tiene que someterse para poder mantenerse en esa categoría que, realmente, trae consigo un blindaje absoluto ante graves dificultades de capital o de beneficio, un blindaje que se aplica sin importar los daños colaterales que puedan generar los salvamentos a estas entidades too big to fail. En el caso del rescate al Santander han sido más de 300.000 familias a las que se les ha incautado su patrimonio. Hubiera dado igual que el número superara los 10 o los 100 millones. Al Santander había que salvarlo porque es un banco sistémico de importancia mundial y para ello se pusieron todos los resortes políticos, tanto en España como en Europa, y económicos, con la presión de los bancos de inversión como JP Morgan o de los bancos custodios que son los dueños reales del banco cántabro.
Tal y como hemos contado en Diario16, la operación del Popular sólo tenía un objetivo: rescatar al Santander de los efectos negativos de la desaceleración latinoamericana y del Brexit. Sin el Popular no sería posible que en 2018 el banco cántabro permaneciera dentro de la categoría EISM. Para que esto sea posible están sacando beneficios tanto de la cartera de productos como de las acciones comerciales de la red de oficinas y de la venta del patrimonio inmobiliario a fondos buitre.
Por otro lado, también ayudarán a cumplir la regulación de los bancos sistémicos los bonos de fidelización con los que pretende comprar a los afectados del Popular, dado que se han diseñado para aprovechar la compensación como un modo de cumplir con las exigencias que ha de cumplir para permanecer con uno de los 26 EISM, sobre todo en lo referido a su capacidad de absorción de deuda y el mínimo de fondos propios y pasivos, ya que estos dos factores son colchones de capital y de deuda que ayudarían al Santander a recapitalizarse si tuviera algún problema de solvencia.
Los bonos del Santander para afectados del Popular podrían ser unas «nuevas preferentes»
Los afectados que acepten la oferta de bonos convertibles del Santander tendrán que firmar una declaración en la que asumen que se trata de un producto complejo y que lo adquieren sin la recomendación ni el asesoramiento del Grupo Santander
En Diario16 ya hemos comentado en diferentes artículos las implicaciones que tendría para los afectados de la incautación del Popular la aceptación de la oferta de bonos convertibles. Se trata de un bono de fidelización con una naturaleza similar a un bono subordinado que dará un 1% de rentabilidad y que el afectado deberá mantener durante 7 años antes de poder cobrar en metálico el valor del producto. Quienes acepten este producto podrán venderlo antes de que finalice ese plazo. Según cálculos del Santander, más de 110.000 pequeños accionistas del Popular podrán acogerse a esta opción. Según el anuncio del producto que hizo la entidad cántabra en el mes de julio «importe nominal máximo a entregar de estos valores negociables será, en el caso de las acciones, y con determinados límites, el equivalente a la inversión realizada por cada cliente en el citado periodo. En el caso de las obligaciones subordinadas, será la diferencia entre el importe invertido en estos títulos menos los intereses percibidos. En ambos casos, tienen que haberlas mantenido depositadas en el Grupo Popular o Santander en la fecha de la resolución del banco y el importe a entregar dependerá de la inversión que realizaron. Los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad; para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%; y para el tramo entre 500.000 y un millón, el 50%. Todas estas cantidades son acumulativas».
Esta semana se ha iniciado la acción comercial, tal y como adelantamos en Diario16. La sorpresa viene por la tipología real del producto y por las condiciones a las que se obliga aceptar a los afectados, unas condiciones abusivas aprovechándose de la situación de extrema necesidad a la que la incautación ha llevado a las más de 300.000 familias. En Diario16 insistimos en que no se trata de grandes inversores o especuladores. Hablamos de trabajadores, pequeños autónomos, jubilados, pensionistas, empleados y ex empleados de la entidad que tenían esa inversión como un modo de mantener un pequeño colchón económico para, por ejemplo, poder pagarse las vacaciones de verano o para ayudar a los familiares que lo están pasando mal por los efectos de la crisis perversa diseñada e implementada por, precisamente, las grandes multinacionales que están copando los accionariados de las empresas del IBEX 35 y, por tanto, los que se han convertido en los máximos accionistas del Santander.
Además de la obligación de no iniciar ninguna acción judicial contra el Santander, el producto de los bonos convertibles tiene otras sorpresas, ya que, según confirma el propio folleto informativo «los bonos de Fidelización presentan complejidades que las hacen generalmente no convenientes para inversores minoristas como los Beneficiarios». Para poder aceptar la oferta se obliga a los afectados a que firmen una declaración manuscrita en la que declaren «conocer que los Bonos de Fidelización son un producto complejo que adquieren sin recomendación o asesoramiento de ninguna entidad de Grupo Santander y que han sido informados de su falta de conveniencia […] una operación no resulta conveniente cuando el cliente carece de conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del instrumento financiero sobre el que va a operar». El folleto informativo ha sido registrado en la CNMV y, según el mismo, no se realizarán los test de conveniencia a los clientes «dadas las características especiales de los bonos de Fidelización que son ofrecidos».
Los Bonos de Fidelización del Santander para los afectados de la incautación del Popular son «valores de carácter perpetuo y por tanto, sin fecha de vencimiento». Esto tiene un riesgo importante para el afectado porque, a pesar de que el Santander atenderá una remuneración trimestral (un 1% en los primeros siete años y, a partir del octavo, se hace un cálculo a través de un swap. Sin embargo, esto tiene elevados riesgos como, por ejemplo, que el mercado secundario de los bonos pueda tener poca liquidez, es decir, que el afectado por la incautación del Popular se puede encontrar con unos bonos sin fecha de amortización y sin ninguna posibilidad de venderlos en el mercado secundario. El folleto informativo no «garantiza a los titulares de bonos fidelización que vayan a poder vender los bonos en el momento que deseen, ni el precio al que podrán hacerlo».
El Santander está ofreciendo a cambio del silencio y de la «fidelidad» de los afectados del Popular, un producto complejo que podría convertirse en unas nuevas «preferentes» por lo que, el producto del banco cántabro es una doble trampa. La primera, aceptar no presentar acciones legales contra el Santander. La segunda, embarcarse en un producto en el que el propio cliente acepta unas condiciones abusivas como quitar toda la responsabilidad al Santander del conocimiento de la complejidad del producto. La oferta en sí misma es perversa y cruel porque, además de aprovecharse de la situación de necesidad de los afectados, les puede embarcar en un producto muy complejo desde un punto de vista del perfil de la persona por la que podrían perderlo todo por segunda vez.
Realmente, ¿qué pretende el Santander con esta operación? En primer lugar, ahorrarse las importantes minutas de los abogados por las miles de demandas que los afectados podrían interponer al banco cántabro. En segundo lugar, el propio producto y sus condiciones nos llevan a realizar un cálculo por el cual, finalmente, al afectado que aguantara los 7 años como cliente del Santander no se le iba a pagar nada sino que durante ese tiempo de permanencia el propio banco estará jugando con ese dinero para, con los intereses medios que se están pagando en la actualidad, obtener un beneficio del 100% de la cantidad que presuntamente devolverían al afectado, por lo que, realmente no le devuelven nada sino que le pagan con los beneficios obtenidos, lo cual generará al propio Santander un rendimiento que se añadirá a las ganancias ya obtenidas con la incautación del Popular. En tercer lugar, si el Santander no recomienda la contratación de un producto debido a la complejidad del mismo y al perfil minorista del cliente, ¿por qué lo ofrece? Estamos ante un claro ejemplo de cómo una entidad se quiere lavar las manos tras la experiencia de la estafa de las «preferentes» pero, en este caso, ¿por qué la CNMV permite la comercialización de estos bonos de fidelización cuando las evidencias de que no se trata de un producto adecuado para el perfil de cliente son expresadas incluso en el folleto presentado por el Santander? Realmente, los bonos de fidelización son unas nuevas «preferentes» que se están comercializando gracias la necesidad de los afectados tras haber sido arruinados por una decisión que, cada día que pasa, tiene más indicios de ilegalidad.
Las más de 300.000 familias arruinadas por el rescate del Santander sólo quieren recuperar lo que se les arrebató el 7 de junio, no quieren convertirse en clientes del banco cántabro atados por un producto extremadamente complejo que les puede llevar a la ruina más absoluta porque los mercados no van a permitir perder rentabilidad de la operación.
La operación de rescate del Santander se puede torcer aún más para los inductores de la misma porque la propia Fiscalía Anticorrupción es favorable a que se admitan a trámite las querellas presentadas tanto por afectados individuales como por las diferentes plataformas. El hecho de que esto sea así ya da una idea clara de que la operación tiene visos de presunta ilegalidad, lo que puede llevar a que un Juzgado o la Audiencia Nacional la anulen. Diario16 ya publicó que se habían saltado todas las leyes concursales. Sin embargo, los indicios son mucho mayores y de tal calibre que el propio Banco Central Europeo ha reconocido implícitamente que se pudieron aplicar las normas del MUR de manera errática.
No obstante, la realidad es que el hecho de que Anticorrupción sea favorable a la admisión de trámites nos plantea la pregunta que ya hemos lanzado en varias ocasiones en este medio: ¿por qué no entra de oficio? En el caso de la incautación del Banco Popular para rescatar al Santander hay indicios claros de que se ha producido una presunta corrupción en todos los niveles, tanto de la administración pública como de la aplicación de estrategias destinadas a favorecer a una entidad concreta generando un perjuicio a terceros. Ahí tenía que estar la Fiscalía entrando en la causa de oficio porque las evidencias son claras.
Anticorrupción se convierte en enemigo del Santander por el hecho de que si la operación de incautación del Banco Popular se anulara el perjuicio a sus cuentas sería tremebundo. Ya no podrían contabilizar los beneficios que le ha generado con la venta a BlackStone del 51% de la cartera inmobiliaria del Popular ni las cifras que ya están saliendo de la propia actividad comercial de la red de oficinas, esa misma red que quiere desmantelar, tal y como publicamos en el día de ayer. Todo ello con el impacto negativo que tendrán a final de año los datos macroeconómicos negativos de sus filiales de México y Brasil, que suponen un 35% de los ingresos del Grupo Santander. De ahí las prisas de la entidad cántabra para rentabilizar cuanto antes la operación para plantear ante los tribunales una situación de tierra quemada. Además, en la avenida de Pereda saben que cuentan con la protección del Estado y de Europa.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción es proclive a que en el caso del Popular se traten las demandas en piezas separadas, tal y como se indica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (los grandes casos se dividirán en causas separadas pero incluidas en un mismo sumario, evitando, de este modo, el alargamiento de los plazos para iniciar el juicio oral como ocurrió, por ejemplo, con el caso de la salida a bolsa de Bankia), lo que agilizará aún más la instrucción de las mismas. Además, a diferencia de otros casos de estafa bancaria, la multiplicidad de delitos y posibles encausados hace necesaria esa separación de las piezas, aunque se encuentren dentro de un mismo sumario. Estafa a inversores, falsedad contable, administración desleal, apropiación indebida, información privilegiada son algunos de los delitos que se están presentando en las querellas, además de los recursos que ya han sido admitidos a trámite contra el FROB. Los acusados por los afectados también son múltiples: Emilio Saracho, Banco de España, CNMV, Banco Popular (que tendrá que asumir el Santander como responsable solidario), PwC, Antonio del Valle, Reyes Calderón, etc. Sin embargo, los afectados se están encontrando con que son muchos los despachos de abogados que no van a litigar contra el propio Santander como inductor de la operación porque, tal y como alguno ya ha confirmado a los propios afectados, hay un conflicto de intereses por ser la entidad cántabra clienta de estos bufetes, hecho que, tal y como adelantamos en Diario16, se ha ampliado tras la contratación por parte del Santander de otros despachos con los que no tenía una relación antes de la intervención del 7 de junio.
El hecho de que la Justicia vaya a actuar y que una institución con la propia Fiscalía Anticorrupción sea proclive a la admisión de querellas, demandas y recursos —lo que da un carácter verosímil a las acusaciones— está poniendo nerviosos tanto a las propias entidades intervinientes en la operación, como a presidentes, empresas financieras de diferente tipología (nacionales e internacionales), bufetes de abogados, administraciones del Estado y de Europa y representantes públicos tanto en España como en las instituciones europeas.
Los representantes del tercer poder de la democracia son siempre muy cuidadosos a la hora de admitir o inadmitir a trámite una causa. Por esta razón, el hecho de que la propia Fiscalía Anticorrupción sea proclive a la admisión de las demandas, querellas y recursos de los afectados del Popular da una idea de que la operación de incautación no está muy clara desde un punto de vista legal. Ahora empieza el momento en que las dictaduras privadas y las élites intentarán protegerse de manera simbiótica sin importarles los daños colaterales que puedan provocar. Mientras, 300.000 familias arruinadas por el rescate al Santander esperan y miran con esperanza cómo la Justicia es su última tabla de salvación para recuperar el pequeño patrimonio y la dignidad que una noche del mes de junio les arrebataron porque había una entidad en dificultades y las élites no podían permitir que cayera.
Finalmente, diferentes plataformas de afectados se han puesto en contacto con Diario16 para hacernos saber que se está organizando una macro-asamblea en Madrid en la que se debatirá y se acordará la estrategia por la vía penal a seguir, evento del que daremos información puntualmente. La ruina a la que el Santander y todos los culpables han llevado a estas 300.000 familias requiere una respuesta y que cada cual asuma su responsabilidad, por lo civil o por lo penal.
El Santander coacciona con su propuesta a miles de afectados del Popular
La acción comercial del Santander de bonos convertibles dirigida a los afectados por la incautación del Banco Popular busca acallar con una oferta ridícula a quienes lo perdieron todo el 7 de junio, fundamentalmente a los empleados, pensionistas y clientes de la pequeña y mediana empresa
«A Rubén le robaron la cartera en el Metro. Denunció dicho robo ante las autoridades sabiendo que no iba a recuperar nada, pero, aun así, luchó y buscó una solución para recuperar lo que era suyo. Un día, para su sorpresa, recibió una llamada a su teléfono móvil. Su interlocutor se presentó como la persona que le había quitado su cartera y le ofrecía devolverle el dinero poco a poco pero cuando él quisiera no cuando Rubén lo necesitara. Además, le exigía que retirara la denuncia».
En estos días, los afectados por la incautación del Popular están recibiendo llamadas telefónicas de sus directores de oficina en las que se les está ofreciendo la posibilidad de aceptar la oferta comercial del Santander de bonos subordinados. En estas páginas ya denunciamos que se trataba de una oferta manipuladora y ofensiva. Un afectado se puso en contacto con Diario16 para contarnos el contenido de la llamada y dejó muy claro que la oferta de los bonos era una mala oferta, eran las migajas. El Santander no canjeará esos bonos hasta pasados 7 años en los que el cliente está obligado a mantenerlos, ofreciendo por ello una rentabilidad del 1% anual. Es decir, que, por cada 1.000 euros invertidos, el pequeño accionista recibirá una compensación durante esos siete años en que está obligado a mantener los bonos de 10 euros anuales que con los descuentos en base a ratio de intereses se quedará en bastante menos cantidad. El pequeño accionista podrá, eso sí, vender los bonos en el mercado y, teniendo en cuenta que por la situación económica a la que la operación de incautación del Popular los ha llevado, serán muchos los que los pondrían a la venta lo que, por lógica, bajará el precio por el aumento de demanda. De este modo, el propio Santander se podría hacer con esos títulos por menos cantidad a través de fondos y bancos de inversión dependientes de los bancos custodios que son sus máximos accionistas. Negocio redondo aprovechándose de la situación límite de muchos de los pequeños accionistas que lo perdieron todo por el rescate del banco cántabro a través de la intervención del Popular.
Otro aspecto que demuestra la presunta felonía que se está cometiendo es el mero hecho de obligar a los directores de oficina del Popular a ser quienes ejecuten la acción comercial. Según fuentes internas del Popular consultadas por Diario16, «La acción de captación de accionistas afectados realmente comienza el lunes 11 de septiembre pero se está haciendo una primera toma de contacto. Ahora mismo la presión es de tal calibre que los directores no saben a dónde apuntar. Es de locos. Pero a partir del lunes es la acción comercial estrella». En las comunicaciones internas del banco se dice que hay que contactar con todos los clientes afectados para llevar a cabo en firme esa acción a partir de la próxima semana. Por otro lado, se ha dado un aviso a la red de oficinas de que se realizará una segunda acción de verificación de los contactos realizados a los afectados, es decir, que los clientes recibirán una segunda llamada simplemente para concretar que se les han ofrecido los bonos subordinados.
El banco cántabro está potenciando esta acción comercial para, tal y como indicamos en Diario16, silenciar a los afectados y que no puedan reclamar judicialmente nada. Esto es, si un afectado se ve obligado a aceptar las condiciones de la acción comercial acepta no presentar demandas ni reclamaciones judiciales contra el Santander. Por tanto, ofrecen una limosna a cambio del silencio.
Esta oferta del Santander es cruel y, tal vez, roce la ilegalidad posiblemente tipificada en el código mercantil como irregular, falta jurídica penal, o presunto delito, ya que se quiere beneficiar de la necesidad de quienes se han visto sin nada de un día para otro. Es dar un sorbo de agua al sediento o un mendrugo de pan al hambriento a cambio de cobrarle el “sorbo y el mendrugo” por cien veces su valor en un mercado regulado por el “benefactor” .
Según cálculos de la propia entidad cántabra el coste estimado de estos bonos no superaría los 1.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que ya han ganado más de 5.000 millones con la venta del 51% de la cartera inmobiliaria del Popular, gastarse un 20% de ese beneficio no es más que una inversión puesto que las minutas que tendrían que pagar a los despachos de abogados, teniendo en cuenta el volumen de demandas que podrían llegar a interponerse, serían mucho mayores.
Por otro lado, tenemos la perfidia de utilizar a la red comercial del Popular para vender el producto del Santander, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los empleados y directores que la están realizando o que la van a realizar a partir del próximo lunes 11 también son afectados. Víctimas intentando silenciar a las víctimas. No se puede ser más cruel, además de que esas personas ni siquiera tienen su puesto de trabajo garantizado una vez que el Santander haga el ERE que todo el mundo sabe que va a aplicar en la red de oficinas del Popular. ¿Esta situación de inestabilidad también la aprovechará el Santander para obligar a los trabajadores que también son pequeños accionistas a aceptar la oferta de bonos? Si no lo hacen, ¿se tomarán medidas contra ellos o se les pondrá en los primeros lugares de la lista cuando se aplique el ERE? Hemos contactado con algunos trabajadores por si de una manera «no oficial» se les había podido llegar a insinuar una acción de este tipo y los propios trabajadores nos aseguran que, de momento, no.
No obstante, a nadie se le escapa que en esta acción lo que presuntamente pretende el Santander es ganar el silencio de quienes por necesidad se vean obligados a aceptar la oferta de bonos. Por otro lado, ya se ha garantizado la no interposición de medidas legales por la acción de diferentes despachos de abogados que representan a plataformas de afectados que no van a ir a por la entidad cántabra por tener conflictos de intereses.
Tras las demandas presentadas por miles de pequeños accionistas ante los tribunales europeos, serán los jueces los que determinen la cuantía de las indemnizaciones a pagar. Hay que recordar que el Banco Popular tenía un valor de 1.300 millones de euros en acciones que la madrugada del 7 de junio quedaron sin valor alguno dejando en la ruina a más de 300.000 pequeños accionistas, mientras que la JUR determinaba que se vendiera al Santander la sexta entidad española, Banco Popular Español, por un euro en una subasta de la que no hay ninguna documentación, ni acta, ni información. Las autoridades europeas habían regalado al Santander.
Es tal el caos generado dentro de las instituciones europeas que Bruselas se está planteando un cambio de rumbo porque las consecuencias a futuro de permitir que se intervengan entidades solventes, aunque tengan problemas de liquidez, para salvar a otras en dificultades son muy peligrosas para, incluso, la supervivencia de las autoridades bancarias europeas. Que los jueces del TJUE determinen que hay que devolver al Popular a la situación del 6 de junio sería catastrófico para quienes tomaron la decisión de intervenirlo y, por ende, para la propia Europa. Consecuencias horribles para los culpables de la ruina del Popular, pero que sería la solución más digna.
Implícitamente Bruselas está reconociendo que las cosas no se ajustaron a los reglamentos comunitarios, hecho que una reversión de la operación a través de una sentencia del TJUE verificaría. Por esa razón el Banco Central Europeo no quiere que se vuelvan a repetir los errores de bulto que los inductores y ejecutores del Popular cometieron a la hora de aplicar los reglamentos del MUR. De ahí que se quieran reformar dichas normas para que no vuelva a ocurrir que se incaute a una entidad solvente para salvar a otra por una serie de documentos con datos falsos, erróneos o sesgados. Uno de los primeros pasos que se quieren dar es imponer a la JUR un plazo previo a cualquier intervención para evitar la fuga de depósitos. Tal vez deberían también hacer que los directivos de la Junta de Resolución no lanzaran mensajes en cadenas de televisión para provocar el pánico en los mercados y la consecuente salida de depósitos, tal y como permitieron en el caso del Popular con las declaraciones de König a Bloomberg.
Tal y como se indica en la información de Intereconomía y que Diario16 ya publicó, el cambio de actitud del BCE en lo referente a los reglamentos del MUR y de la JUR es un reconocimiento de que todo lo ocurrido con el Popular se hizo de manera precipitada provocando un enorme daño a más de 300.000 accionistas y ahorradores que vieron cómo su patrimonio de más de 1.300 millones de euros quedaba reducido a cenizas tras el ataque con fuego valirio de la Junta de Resolución.
Por otro lado, los cambios que pueda aplicar el BCE, el reconocimiento del error cometido, deja al Santander en una situación difícil. De ahí las prisas en intentar hacer negocio rápido con el patrimonio del Popular o en que los propios afectados acepten la oferta de bonos convertibles de la que ya hablaremos en siguientes capítulos.
Los afectados del Popular tendrán que recurrir a la vía penal
Las víctimas se ven obligadas a recurrir a la vía penal para así poder acceder a la documentación que Europa tiene secuestrada y acabar con la opacidad de las instituciones europeas con el fin de proteger al Santander. Mientras, el banco cántabro sigue haciendo negocio con el patrimonio de la entidad incautada y con su terrible e inhumana propuesta de bonos canjeables
Como ya ha venido informando Diario16, los más de 300.000 afectados del Banco Popular se están viendo obligados a recurrir a la Justicia para que se les devuelva lo que se les expropió en la noche del 6 al 7 de junio de 2017. El Santander ya ha demostrado que no está por la labor de tomar la decisión más digna y ética: anular la operación y devolver el Popular a sus accionistas. Al contrario, el Santander ya ha hecho negocio con el 51% de la cartera inmobiliaria y está sacando beneficios de la red de oficinas o de la cartera de Pymes que supone un 18% del mercado.
Viendo los obstáculos que están poniendo las autoridades que, directa o muy directamente, estuvieron implicados en la operación, para que los afectados accedan a la información en la que se basó la intervención tendrán que recurrir a diferentes vías para reclamar ante las autoridades el dinero que se incautó de manera presuntamente ilegal, tal y como hemos contado en estas mismas páginas.
La Audiencia Nacional ya admitió a trámite varios recursos para anular la operación. Sin embargo, las autoridades europeas se niegan a que nadie tenga acceso al informe de Deloitte y a otros documentos. ¿Por qué esta opacidad? La propia Comisión Europea ya dio una respuesta a esta pregunta y no escondió cuál era realmente la intención de la operación: proteger al Santander, y presentó un informe censurado donde lo importante estaba bajo los tachones negros.
Los 300.000 afectados se verán en la obligación de recurrir a la vía penal —con posibilidades de prosperar puesto que, cada día que pasa, las actuaciones realizadas podrían presuntamente ser punibles— para poder conocer la verdad de lo que allí ocurrió. El abogado Pablo Rúa, en declaraciones a Europa Press, dijo que el acceso es «necesario para determinar y depurar las posibles responsabilidades de la SRB y del resto de intervinientes en la venta de Banco Popular». El problema de esto lo tenemos en que la vía penal es siempre más lenta que la civil o la contencioso-administrativo.
Todos los años que transcurrirán hasta que la Justicia determine que los afectados puedan tener acceso a esa documentación, son los años en los que el Santander ya habrá desmantelado el patrimonio del Popular dejando a los afectados en una situación de hechos consumados sobre los que no se podrá recurrir. Por tanto, estas más de 300.000 familias arruinadas están sufriendo la indefensión de las propias autoridades estatales y europeas.
Viendo las pruebas de que todo lo ocurrido con el Popular se ha producido a través de una operación diseñada, dirigida y ejecutada desde las más altas instancias del Estado y de Europa, ¿por qué la Justicia no actúa de oficio? ¿Por qué no se ponen en funcionamiento todos los resortes de la Justicia para investigar y llevar al banquillo de los acusados a los culpables? Las fuerzas de seguridad del Estado tienen unidades de investigación de delitos económicos, ¿por qué no se han movilizado aún? La respuesta es sencilla: el golpe que se dio a la soberanía del pueblo fue promovido desde arriba. En otras operaciones se ha sido extremadamente diligente y se pusieron todos los medios: Gürtel, Púnica, Familia Pujol, etc. Esto tuvo como consecuencia que hasta el propio Mariano Rajoy tuviera que declarar en la Audiencia Nacional. Lo mismo en otras estafas financieras, tales como la salida a bolsa de Bankia que ha llevado ante el banquillo de los acusados a un ex vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar, a un ex presidente del Fondo Monetario Internacional. En el caso del Popular no se está haciendo nada a pesar de que las evidencias cada día son más claras.
Lo mismo ocurre con los partidos políticos. ¿Dónde están? ¿Tanto le deben algunos al Santander para no mover un dedo? ¿Y los que no le deben nada a los bancos? ¿Por qué Podemos, que tiene como seña de identidad defender al pueblo de los abusos de la «casta» no se ha puesto en marcha para defender a las 300.000 familias arruinadas a las que se ha vulnerado sus derechos fundamentales? Si la izquierda es fiel a sus principios de defender a los más débiles frente a la tiranía de las dictaduras privadas, todos los partidos progresistas deberían ir más allá de la petición de una comparecencia, tengan o no tengan favores o deudas con el Santander. Ya lo han hecho en otros casos llevando a Mariano Rajoy a comparecer en un Pleno.
Puede que haya gente de estos partidos que piensen de las víctimas que se trata de especuladores. Cuando hablamos de los 300.000 arruinados nos referimos a personas de la calle, con hipotecas, a jubilados, a pequeños ahorradores, a trabajadores, a gente que no es «casta» ni que ganan cientos de miles de euros especulando en bolsa.
Ha llegado el momento de que la Justicia y los partidos de la izquierda prioricen. Ha llegado la hora de demostrar que son lo que dicen ser.
De Guindos hará perder el Gobierno al PP por su implicación en la incautación del Popular
Numerosos afectados de la incautación del Banco Popular se han puesto en contacto con Diario16 y nos han manifestado su intención de cambiar el sentido de su voto, de sus familiares y de sus amistades del Partido Popular a otras opciones políticas
Desde que Diario16 lleva informando sobre la operación que llevó al Popular a ser intervenido y entregado de forma prácticamente gratuita al Santander hemos recibido miles de comunicaciones de los afectados. Algunas de ellas las hemos hecho públicas, sólo las que hemos sido autorizados a publicar respetando, eso sí, el anonimato que se nos ha pedido mantener. En estos días estivales hemos detectado que el sentido de muchas de esas comunicaciones estaba cambiando de la indignación económica por haberse quedado en la ruina a las consecuencias políticas de la decisión adoptada. En uno de esos correos uno de los afectados nos comenta lo siguiente:
«Lo que ha acontecido con el Banco Popular a mí, como pequeño autónomo, me ha fulminado. Pero a los sufridores de la calle nos queda un arma que quizás ellos no han visto pero que, sin duda, la tenemos y, sin duda, la usaremos, pues han expropiado al banco más conservador de España y fuente de votos populares. En mi caso somos cuatro a votar y siempre lo habíamos hecho al PP pero ahora esto también tiene consecuencias políticas, familias con hijos, abuelos, padres, etc. que multiplicado por 300.000 salen un montón de votos. Así lo hemos comentado hoy en dos sucursales en las que hemos estado para pedir documentación sobre obligaciones subordinadas de 2011 que me vendieron como plazos fijos y poder denunciar. Ya en tiempos pasados el PP del sr Aznar, cuando tenía ganadas las elecciones y todo iba sobre ruedas para ellos y para mí, pues era votante suyo, debido a unos desgraciados acontecimientos, perdieron las elecciones en el último momento. La expropiación del Popular también tendrá consecuencias políticas, pues al conservador que le quitas todo lo radicalizas. “Sólo los “tontos” tiran piedras a su propio tejado”».
Como decimos, esta reflexión del lector no es la única que hemos recibido. Luis de Guindos, en su afán por salvar al Santander va a conseguir que el Partido Popular pierda el Gobierno, incluso ser el principal partido de la oposición en las próximas elecciones generales. El lector lo deja claro: son cientos de miles los votantes del PP que forman parte de los más de 300.000 arruinados y la transcendencia política de lo que se ha perpetrado va a tener sus consecuencias porque no son sólo los titulares sino que también son sus familiares, amigos, conocidos o compañeros de trabajo. Evidentemente, no todos los 300.000 eran votantes del Partido Popular. La sexta entidad financiera del país tenía clientes de todos los colores e ideologías políticas, pero el lector tiene razón de que el perfil era muy conservador, ese tipo de ciudadano conservador que se siente orgulloso de serlo a pesar de que su estatus social no se ajuste al de las élites: pensionistas, trabajadores, pequeños autónomos, jubilados, etc. Ese es el perfil de los arruinados por la operación de De Guindos para salvar al Santander. Lo hemos repetido muchas veces durante estos meses: los arruinados no son grandes inversores, son gente como usted o como yo, gente que tenía esa pequeña inversión para tener un colchón con el que poder pagarse las vacaciones de verano o para tener un remanente con el que poder ayudar a hijos o nietos que están son víctimas de la crisis.
El PP, tal y como afirma el lector, ya perdió unas elecciones que tenía ganadas de antemano —y con mayoría absoluta—, por la gestión manipuladora que hicieron de los atentados del 11M. La intervención del Banco Popular para rescatar al Santander permitida por el Gobierno del PP a través de la inacción de todos los órganos supervisores dependientes del Ministerio de Economía —Banco de España y CNMV—, de los movimientos en Europa, le va a costar al partido conservador más de 1 millón de votos. Con los votos que está recuperando el PSOE, los que recuperará Podemos y el trasvase de apoyos que recibirá Ciudadanos, además de otros partidos de la derecha como el PNV, el PP perderá el Gobierno gracias a Luis de Guindos.
Cuando un Gobierno maniobra para favorecer a las élites por encima de los intereses legítimos de los ciudadanos que son los tienen la soberanía del Estado la consecuencia es que ese Gobierno recibirá la rebelión del pueblo, incluso de quien es afín al partido gobernante. Hay una frase del lector que es lapidaria: «La expropiación del Popular también tendrá consecuencias políticas, pues al conservador que le quitas todo lo radicalizas». Poco más hay que añadir.
Los culpables del hundimiento del Popular (IV): Banco de España y CNMV, sin su inacción no habría sido posible la incautación
Tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores «pasaron» de frenar las operaciones a corto que tumbaron el precio de la acción del Popular, al contrario que con otras entidades en las que actuaron con celeridad
Nada, absolutamente nada de lo que ha ocurrido con el Banco Popular hubiera sido posible si las entidades supervisoras españolas dependientes del Ministerio de Economía hubiesen intervenido cuando era público y notorio que se estaba atacando con estrategias a corto al valor de la acción de la sexta entidad financiera de España.
Tal y como se ha demostrado con otras entidades en las que se prohibieron las estrategias a corto y que han remontado y estabilizado su valor en bolsa, si el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hubieran cumplido con su función el Banco Popular no habría sufrido una pérdida del valor de sus acciones ni, en consecuencia, ni se habría generado el pánico entre los clientes que acudieron a las oficinas, en primer lugar a solicitar información y, posteriormente, a retirar sus depósitos, tal y como confirmaron a Diario16 fuentes de los trabajadores de la red de oficinas del Popular días antes de la intervención presuntamente ilegal de la Junta de Resolución.
El ejemplo de Liberbank, que se dio una semana después de que el Grupo Santander se hiciera con el control de la sexta entidad española, es la mejor muestra de que si el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores hubiesen frenado las operaciones a corto que se estaban ejecutando en el Popular un mes antes de la intervención la historia hubiera sido otra muy distinta.
Los datos de Liberbank demuestran que tanto la CNMV como el Banco de España miraron hacia otro y permitieron que el Popular se hundiera en bolsa para que fuera entregado al Santander, tal y como estaba diseñado desde un año antes. El día 12 de junio, cinco días después de la intervención de la Junta Única de Resolución, la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohibió de manera inmediata las ventas a corto o bajistas sobre Liberbank. Esto ocurrió cuando el banco resultante de la fusión de Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremaduracuando en tres días el precio de su acción se desplomó un 50%. Después de lo ocurrido con el Popular, las posiciones bajistas que manejan los grandes bancos de inversión como JP Morgan Chase, por ejemplo, pensaron que se les había dado patente de corso sin tener en cuenta que la inacción en el caso del Popular estaba prevista. La decisión de la CNMV respecto a Liberbank se tomó cuando las posiciones bajistas eran sólo del 1,39% cuando en el caso del Popular llegó en los momentos más agresivos a ostentar el 12,37%, siendo uno de los fondos que más posiciones cortas tuvo fue Marshall Wace perteneciente, casualmente, a JP Morgan. A día de hoy, el precio de la acción de Liberbank está estabilizado mientras que el Popular fue regalado por un euro al Santander.
¿Por qué se actuó en el caso de Liberbank, una entidad mucho más pequeña y con menos influencia en el sistema financiero español, y no se hizo con el Popular que estaba sufriendo un ataque más agresivo? La respuesta es muy sencilla: porque las autoridades supervisoras dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos eran elementos fundamentales para que la operación diseñada para rescatar al Santander tuviera éxito. Si el Banco de España y la CNMV hubiese cumplido con sus funciones de supervisión de manera adecuada, el Popular no habría sido intervenido.
Sin embargo, la no actuación respecto a las estrategias a corto o bajistas permitiendo que el Popular perdiera un 66% de su valor en bolsa desde que Ángel Ron presentara su dimisión y Emilio Saracho actuara como «presidente in pectore» no es la única responsabilidad tanto del Banco de España como de la CNMV. Hay otros aspectos que determinan el alto grado de culpabilidad en que el Santander haya sido rescatado a costa de la ruina de más de 300.000 pequeños accionistas.
En primer lugar, el Banco de España tuvo que actuar cuando, a la hora de solicitar la línea de liquidez un día antes de la intervención, tuvieron sospechas de que Emilio Saracho no presentó todas las garantías de las que podía echar mano el Popular, tal y como reconoció el propio sub gobernador del BdE. Ante estas sospechas debió obligar al Consejo del Popular y a su presidente que presentaran todas esas garantías antes de permitir que la JUR interviniera a la sexta entidad financiera de España. Sin embargo, haber cumplido con su deber hubiera llevado al fracaso una operación en la que estaban involucrados los poderes del Estado español y de la Unión Europea porque era prioritario salvar a una entidad bancaria, aunque eso supusiera la ruina para más de 300.000 familias.
En segundo lugar, el Banco de España debió actuar en cuanto tuvo conocimiento de que Saracho estaba provisionando activos financieros que no tenían ningún tipo de toxicidad, ni de morosidad, y que eran totalmente viables, porque eso es ilegal. No lo hizo, dejó hacer.
En tercer lugar, tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores debieron obligar a Emilio Saracho a cumplir con el Plan de Viabilidad presentado por Ángel Ron y aprobado por el propio BdEy el Ministerio de Economía de Luis de Guindos. ¿Por qué no lo hicieron cuando ya comenzaba a dar resultados positivos en las cuentas del Popular?La respuesta es tan evidente como que su inacción y su abandono de funciones formaban parte de la operación que no podía permitir que la sexta entidad del país se recuperara, tal y como posiblemente hubiera ocurrido si el Plan de Ron se hubiese aplicado en su totalidad.
El agujero del Santander era tan grande que la operación precisaba de una entidad que le garantizara un retorno rápido y un volumen de negocio en líneas en las que el banco cántabro no tenía presencia que no sólo le generara beneficios rápidos con la venta de activos a fondos buitres, sino que garantizara unos beneficios continuos en el tiempo que remitieran las pérdidas que tendrían tanto con la desaceleración de las economías latinoamericanas como con los efectos negativos del Brexit. Esa entidad sólo podía ser el Popular y para poder llevar a éste a una situación límite era fundamental la permisividad tanto de la CNMV como del Banco de España, permisividad que no sería posible si cumplieran con sus obligaciones, tal y como ocurrió con Liberbank. Si las entidades supervisoras españolas hubiesen actuado cumpliendo con su deber el Santander no habría podido hacerse con el Popular en las condiciones en las que lo hizo y, sobre todo, los 300.000 pequeños accionistas arruinados no estarían en la situación límite en que se hallan.
No obstante, ¿el Banco de España y la CNMV dejaron de cumplir con su deber por iniciativa propia, porque recibieron órdenes superiores de Luis de Guindos o porque formaban parte directa de la operación diseñada un año antes para rescatar al Santander? Lo que queda claro es que, tras el descrédito sufrido hace unos años con la salida a bolsa de Bankia y con la falta de control durante la burbuja inmobiliaria, la decisión de no hacer nada durante la operación bajista no pudo tomarse de manera unilateral sin seguir instrucciones directas de la superioridad…, ¿del Ministerio de Economía o del Banco Central Europeo? En próximas entregas sobre los culpables de la caída del Popular tendrán la respuesta.
http://sabemos.es/2017/08/21/diferentes-responsabilidades-penales-la-incautacion-del-banco-popular_35097/ Diferentes Responsabilidades Penales en la incautación del Banco Popular FERNANDO PRESENCIA 21 AGO 2017 Desde mi último artículo, mi comentarista particular ha decidido no hacer más de sparring en el intercambio de opiniones sobre el escándalo del Banco Popular, y ya no me llega el eco del sector oficialista sobre mis propias reflexiones. Precisamente por eso, cada vez estoy más convencido del acierto de las mismas. Con el run run de los últimos acontecimientos, empieza a ser notorio y evidente lo que antes era solo una sospecha: que la estrategia de intervenir al Banco Popular tenía en realidad la finalidad de sanear al Banco de Santander. El insólito comunicado de prensa del BCE sobre la intervención del Popular ha sido la letra que le faltaba a la melodía de ese run run. Las autoridades europeas han empezado a ponerse a cubierto de la caótica actuación de las autoridades españolas, en lo que ya empieza a tomar tintes de revelarse como un verdadero escándalo, de una magnitud parecida al caso “Watergate”, que le costó la carrera al presidente Nixon. No en vano, el ‘Popular-Gate’ es la manifestación más cercana de la corrupción institucional española, y su capacidad de contagio a las más altas instituciones europeas. Jurídicamente es incomprensible todo lo que está pasando, aunque se nos siga pidiendo a los españoles que nos acostumbremos a no preguntar, y a mirar para otro lado. No tiene sentido que desde las instituciones crediticias españolas se haya alimentado el pánico que provocó artificialmente la falta de liquidez del Banco Popular; que luego las autoridades europeas hubieran contribuido a ese pánico para justificar la decisión de intervenir y no de liquidar; y que al final se haya “subastado” el Popular por 1 euro, fuera de las garantías del procedimiento concursal. A partir de este punto, la relevancia penal de los hechos que se acaban de describir es indiscutible. De un lado, el artículo 259 del Código Penal castiga los negocios especulativos injustificados –entre los que debe de encuadrarse las operaciones ‘bajistas’- cuando tengan por finalidad causar la insolvencia. De otro lado, el artículo 262 del Código Penal castiga a los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio final de los concursos y subastas públicas. Y esto precisamente es lo que ha denunciado el BCE en su último comunicado: que en el ‘Popular-Gate’ hubo un concierto ilegal para provocar, a través de la causación intencionada del pánico bursátil, operaciones ‘bajistas’ y salidas de depósitos que colocaron a la entidad en una situación provisional de falta de liquidez, que es precisamente lo que se castiga en el artículo 259 del Código Penal. De otra parte, al sustraerse la intervención del Popular a las garantías del proceso concursal, que es obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Concursal, se convirtió en un concierto ilegal el concurso público en el que terminó “subastándose” la entidad por 1 solo euro, con unos beneficios finales de 5.100 millones de euros para la adjudicataria, que es precisamente lo que se castiga en el artículo 262 del Código Penal. Ante estos hechos tan “relevantes” como los anunciados en su día por el Banco Santander a sus socios, así como los denunciados ayer por el propio BCE, la Fiscalía tiene el deber de investigar lo ocurrido y poner los hechos en conocimiento de la justicia española, que es quien tiene que tomar las decisiones en el ámbito penal.
http://diario16.com/bce-se-auto-inculpa-la-incautacion-del-banco-popular/ Nacional BCE se auto inculpa en la i Por Esteban Cano - 22/08/2017 La semana pasada informamos de cómo el Banco Central Europeo culpó a Emilio Saracho y de las decisiones desastrosas que tomó el banquero de inversión que no tenía ni idea de cómo gestionar un banco comercial. Según el BCE la situación que obligó a intervenir al Popular para regalárselo al Santander y, de este modo, rescatar a los cántabros de los efectos del Brexit y de la desaceleración latinoamericana, fue culpa de Saracho y de la prensa. Sin embargo, no se han quedado ahí. La presidenta del Consejo de Supervisión Bancaria, Danièle Nouy, en una carta dirigida a eurodiputados españoles que habían preguntado por las razones de la intervención, justificó la decisión de arruinar a 300.000 ciudadanos europeos se tomó porque el Popular tenía graves problemas de liquidez y de solvencia. Concretamente, en la respuesta dada a la eurodiputada de Izquierda Plural Paloma López Bermejo, Nouy fue mucho más concreta y no dudó en justificar la intervención porque «Los problemas estructurales de la entidad (elevado volumen de activos dudosos, bajo nivel de provisiones, baja rentabilidad) fueron detectados en la evaluación global llevada a cabo en 2014 cuando se estaba estableciendo el Mecanismo Único de Supervisión y se habían reflejado desde entonces en requisitos de capital acordes con dichos problemas en el marco del proceso de evaluación y revisión supervisora». Esta respuesta está llena de aspectos que no se ajustan a la verdad. En primer lugar, en el año 2014 aún no se había establecido el procedimiento por el que el BCE se hizo cargo de la supervisión bancaria europea. En segundo lugar, los propios test de estrés del BCE, tanto de 2014 como los de 2016, el Banco Popular superó las pruebas con cierta comodidad, tal y como se comprueba en los datos que aportó el propio Banco Central Europeo: En los test de 2014 el Popular sólo se quedó a unas décimas de otras entidades españolas como, por ejemplo, el Sabadell que, según se desprende de la respuesta de Nouy, no estaba siendo vigilado. La presidenta del Consejo de Supervisión Bancaria, en otra misiva al Parlamento Europeo dirigida a un grupo más amplio de eurodiputados españoles, afirmó que las inspecciones al Popular eran constantes porque la situación se hacía cada vez más apremiante desde el mes de abril. Nuevamente, el BCE culpa a Saracho. Sin embargo, si se hacían seguimientos casi a diario de la liquidez del Popular, ¿por qué no ofreció una línea de liquidez mayor que la que tenía asignada la sexta entidad española a través del Banco de España como ya se hizo con otras entidades tanto en España como en Europa? ¿Por qué no fue efectiva esa vigilancia y dejaron que el Popular siguiera cayendo hasta el punto adecuado en que el Santander pudiera hacerse con él de manera absolutamente gratuita? ¿Por qué el BCE permitió que Elke König creara el pánico definitivo con sus declaraciones en Bloomberg para rematar la fuga de depósitos y la caída del valor en bolsa? Las respuestas a estas preguntas son las pruebas definitivas de que el propio BCE estaba al tanto de la operación y de que alguien en su interior estaba supervisando la caída de la sexta entidad financiera de España para que su patrimonio, sus carteras de negocio y sus activos inmobiliarios sirvieran para salvar al banco que se expuso para dar fuerza al mercado bancario europeo. Nouy, en la carta a López Bermejo, también hace referencia a los test de estrés de 2016 haciendo hincapié en que la situación de capital del Popular era la peor de España. Sin embargo, tal y como rezan los propios datos del BCE, estaba un punto por encima del mínimo y, para evitar problemas, Ángel Ron acometió la ampliación de capital de 2016 tras conocer estos datos. Tantas excusas, tantas negaciones, tantas explicaciones son el elemento que demuestra que el BCE tiene un alto grado de responsabilidad respecto a la operación puesta en marcha en una ciudad transatlántica que tenía como objetivo provocar la caída de la sexta entidad financiera de España para que fuera la tabla de salvación del Santander porque éste era too big to fail y, además, había contribuido a construir el mercado financiero único con su entrada en el Reino Unido. Según Danièle Nouy las necesidades de capital eran tan grandes que no hubo otra opción y que las ampliaciones de capital efectuadas por el Popular desde el año 2012 no fueron suficientes. El Banco Central Europeo, directa o indirectamente a través del Banco de España, tenía la potestad de obligar al Popular a realizar una ampliación mayor o a aceptar capital público traspasando sus activos tóxicos a la Sareb. Por tanto, el BCE también hizo una dejación de funciones del mismo modo que hicieron el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que había una ampliación de capital prevista. El propio Saracho lo indicó como solución en la Junta de Accionistas del mes de abril, precisamente la fecha que indica Nouy en su respuesta a los eurodiputados españoles. Por otro lado, el Popular tenía un plan de viabilidad aprobado por el Banco de España y por el propio Ministerio de Economía y, por tanto, por Luis de Guindos. Este plan comenzaba a dar resultados cuando fue frenado por el propio titular de Economía sin razón alguna, sin dar explicaciones, a finales de 2016. Precisamente ahí es cuando comienzan las operaciones bajistas encabezadas y los bulos interesados de ciertos medios sobre la situación del Popular que indujeron al pánico tanto en los mercados como en la salida de depósitos que debilitaron la liquidez de la entidad. Fue Luis de Guindos quien frenó el plan de viabilidad cuando vio peligrar la operación diseñada y planificada un año antes y a la que denominaron «Washington», nominación que le dieron los asistentes a una reunión, según nos informa nuestro corresponsal en América del Norte. El desmentido rápido suele ser la antesala de la confirmación. En este caso el Banco Central Europeo ya ha querido quitarse la responsabilidad de la intervención del Popular de tantas formas que lo que está consiguiendo es confesar su responsabilidad y, en cierto grado, su culpabilidad en la ruina de 300.000 familias. Ha culpado a Emilio Saracho —que es uno de los máximos culpables—; ha culpado a la liquidez del Popular; ha culpado a la solvencia de la entidad, cosa que es falsa porque el problema que tenía el Popular podría ser de liquidez, pero jamás de solvencia con un patrimonio auditado y valorado en más de 10.000 millones de euros sin contar con la valoración de su cartera de negocio, de su inmovilizado, de sus activos inmobiliarios que alcanzan un valor superior a los 50.000 millones de euros. El BCE también ha culpado a la propia Junta Única de Resolución que, al fin y al cabo, fue quien tomó la decisión. Sin embargo, ¿quién estaba vigilante en la JUR para intervenir en el momento justo al Popular y entregárselo al Santander dejando en la ruina a 300.000 familias? El amigo y fiel escudero de Luis de Guindos, Antonio Carrascosa. Afirmar que el BCE no tuvo responsabilidad porque la decisión la tomó la JUR es como afirmar que Rajoy no tuvo nada que ver con la Reforma Laboral porque fue un Real Decreto del Ministerio de Empleo. Emilio Saracho es culpable por ser quien encabezó y ejecutó la operación con precisión de cirujano y con tanta diligencia que la llevó más allá de lo programado para generar un beneficio mayor a su verdadero patrón. Luis de Guindos es culpable porque fue uno de los que diseñó la operación y puso las herramientas necesarias para que las autoridades no hicieran su trabajo de supervisión y frenaran el ataque despiadado que los mercados y las posiciones bajistas, sobre todo las dependientes de JP Morgan (el antiguo banco de Saracho), estaban lanzando al Popular para generar un pánico, no sólo en la bolsa, sino también en los clientes que retiraron sus depósitos. Antonio Carrascosa es culpable porque fue el hombre puesto por De Guindos en la JUR para que nada fallara en el momento de tomar la decisión de intervenir el Popular y entregarla al Santander. Sin embargo, el BCE también es culpable por complicidad al no actuar como fue su obligación. Los desmentidos o el culpar a otros no hacen más que demostrar esa culpabilidad en la ruina de 300.000 familias.
Un comentario, de los muchos que hubo ayer, al artículo publicado por este diario bajo el título “El Santander cierra el círculo de un ‘fraude’ a los socios del Popular”, decía lo siguiente para justificar la estrategia del gobierno de la nación y del Banco del Santander sobre el Popular:
“POP se sanea ANTES por la JUR y se vende a SAN. SAN recapitaliza POP con una ampliación de capital por 7.000.000.000 EUR. ¿Les parece poca la inversión de SAN en POP?”.
Es cierto que la ampliación de capital del Santander para poder intervenir en el Popular ha sido una gran inversión. Y que también ha sido grande la rentabilidad del Santander al vender los activos tóxicos al fondo buitre Blackstone.
Pero de lo que tampoco cabe duda, y así lo advirtió ayer también el comentarista del artículo, es que la operación requería que “POP se saneara ANTES por la JUR y se vendiera a SAN”.
Esto es, se requería que el Popular entrara ANTES “saneado” en el Santander, porque se trataba en realidad de una operación de liquidación y no de saneamiento.
El problema estriba en que ni el gobierno de la nación ni tampoco el Ministerio del ramo, pueden llevar a cabo una operación de liquidación de una entidad financiera, ni cualquier otra entidad, sin acudir a un proceso concursal bajo la tutela del Juez de lo Mercantil.
Para vender una entidad de crédito que se dice que es insolvente, o está a punto de serlo, se necesita siempre la previa autorización del Juez de lo Mercantil a través de un procedimiento Concursal.
Ni el Gobierno de España, ni el Ministerio de Economía, ni la CNMV, ni el FROB, pueden intervenir una entidad de crédito insolvente sin que se abra previamente un procedimiento concursal, donde sea el juez de lo mercantil quien autorice los términos de la adjudicación y la venta de los activos de la empresa concursada.
Nadie hasta la fecha ha solicitado el concurso de acreedores del Banco Popular, ni ningún Juez de lo Mercantil ha autorizado la adjudicación de la entidad al Banco de Santander por 1 euro. Ni tampoco ha autorizado ningún juez al Banco de Santander para que venda parte de los activos del Popular al fondo buitre Blackstone.
Las leyes están para cumplirlas y la Ley Concursal, de 9 de julio de 2003, dice claramente en su artículo 2 que: “La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común”, y que “se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones”.
Estableciendo a renglón seguido cual ha de ser el camino a seguir cuando se trate de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas.
En la Disposición adicional segunda de la Ley Concursal, se dice expresamente que: “En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras, así como entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores, se aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales se hallen establecidas en su legislación específica, salvo las relativas a composición, nombramiento y funcionamiento de la administración concursal”.
Ni que decir tiene que en el caso del Banco Popular no ha sido nombrada tampoco ninguna administración concursal, ni ha habido Auto de declaración de concurso, ni informe del activo o del pasivo de la sociedad, ni propuesta formal de convenio, ni plan de liquidación.
Nada de esto ha existido para intentar remediar la “insolvencia” del Banco Popular. Sólo ha existido la complacencia del Gobierno y del PP para “saquear” el patrimonio del Banco Popular al margen de la Ley.
Alguien tendrá que responder por el absoluto y descarnado incumplimiento de la Ley, que al final ha perjudicado a más de 300.000 familias en beneficio de unos “pocos”. Entre ellos el Gobierno del PP, con los intereses de Aznar a la cabeza y por supuesto el Banco de Santander.
NOTA: Diario16 ha recurrido al Juez Fernando Presencia, teniendo pleno conocimiento de la situación laboral del magistrado, por su conocimiento enciclopédico de la Ley, por su experiencia en la rama Mercantil y por la interpretación de la misma en relación con un tema como es el caso del Popular que tiene muchas derivadas judiciales.
Premeditación y alevosía fraudulenta en la incautación del Banco Popular y en la ruina de 300.000 españoles/as
La carta de Danièle Nouy demuestra que el Banco Central Europeo no tomó en cuenta los datos de solvencia y liquidez reales del Popular, por lo que, al intervenirlo, las autoridades europeas y las españolas han incurrido presuntamente en un fraude premeditado en favor del Santander y arruinando a trescientos mil accionistas.
En nuestro artículo publicado en el día de ayer titulado «El BCE se auto inculpa en la incautación del Banco Popular» hicimos referencia a una carta, a la que ha tenido acceso Diario16, de la presidenta del Consejo de Supervisión Bancaria Danièle Nouy de mediados de julio en respuesta a la petición de parlamentarios europeos españoles sobre la intervención del Banco Popular.
La carta de Nouy, leída con calma no rebate ni una sola línea de la posición de solvencia y liquidez del Banco al cierre de 2016. Sin embargo, da algunas claves que hay que tener en cuenta:
En primer lugar, se trata de una carta defensiva, da pistas de cómo piensan defenderse las instituciones europeas por la confiscación del Banco.
En segundo lugar, remite a la JUR para el asunto de la resolución, por tanto, se deduce que apunta a que las pérdidas y los escenarios presentados en el informe oculto de Deloitte son cosa de la JUR, no del Banco Central Europeo, que se encargaban de la supervisión. El querer derivar la responsabilidad hacia una de las instituciones del propio BCE demuestra que están nerviosos porque saben que lo han hecho mal.
En tercer lugar, la respuesta de Danièle Nouy no pone en cuestión en ningún momento las cifras de solvencia, ni la liquidez del Banco Popular al cierre de 2016. Esto es muy relevante a efectos de las reclamaciones ante las autoridades europeas. Como dijo el Gobernador del BdE “la solvencia no es una cuestión poética, sino aritmética” y el Banco Popular fue solvente hasta el día de la intervención.
En cuarto lugar, Nouy habla de crisis idiosincrásica de liquidez, aunque los motivos que ella da no son exactamente los reales, pero en la que influyeron decisivamente las declaraciones en la Junta de Accionistas y las filtraciones a los medios por parte de Emilio Saracho.
En quinto lugar, cuando Danièle Nouy habla del test de estrés elude una cuestión relevante, el test no incorporaba la ampliación de capital de 2016 por una cuestión metodológica, pero ya estaba ejecutada cuando se anunciaron los resultados. Además, lo importante es que para el improbable escenario adverso para el cual había que prepararse el Banco Popular estaba preparado, dado que superaba ese escenario sin necesidad de más capital.
En sexto lugar, fue precisamente PwC quien dijo en su informe de auditoría de 2016 que el Banco Popular cumplía de largo los requerimientos de solvencia y, en un párrafo de énfasis, destacaba la importancia de cumplir con el plan de gestión diseñado por el Banco para seguir cumpliendo con las exigencias regulatorias a partir de 2018. Es evidente que esto no se hizo: se cambió al presidente y no se ejecutó el plan aprobado. Además, cosa destacable y según distintas fuentes consultadas por Diario16, Emilio Saracho atrajo consejeros con ese argumento: el Banco era solvente y tenía capital, había que hacer cosas para cumplir en el futuro, pero había tiempo de sobra. Jugo con el tiempo y se confundió fatalmente.
En definitiva, Danièle Nouy no dice nada nuevo en su respuesta a los europarlamentarios, sólo quiere dejar claro que el BCE cumplió con su labor supervisora, pero en ningún momento dice que el supervisado estaba cumpliendo con lo exigido.
Cada día que pasa es más evidente que los implicados en la ejecución de la incautación del Banco Popular y que su venta por un euro al Banco Santander arruinando a 300.000 españoles y españolas ha sido, sin lugar a dudas, una operación con intenciones al menos espurias y, más aún, una operación con premeditación y alevosía en todas sus formas y, como consecuencia, presuntamente fraudulenta.
Europa reconoce implícitamente que incautó al Popular para rescatar al Santander
La opacidad de todas las instituciones de Europa es la demostración de que ellos, junto al Gobierno español, arruinaron a los 300.000 accionistas del Popular para regalar la entidad al Santander
Nuevamente, las instituciones europeas están demostrando que fueron uno de los cómplices fundamentales para poder ejecutar la operación de incautación del Banco Popular y para que la ruina de 300.000 ciudadanos sirviera para rescatar al Santander.
Según ha informado el diario económico Expansión, la Comisión Europea se ha negado a explicar la venta del Banco Popular por un euro al Santander porque, según la versión del Gobierno de la UE, dar esas explicaciones iría en contra de la entidad compradora, es decir, el Santander, y del sistema financiero de la Unión. ¿Proteger a la entidad compradora? ¿Ser transparente con una decisión que ha arruinado a más de 300.000 pequeños accionistas es un peligro para el sistema financiero de la Unión Europea? La propia decisión ya conlleva una confesión: se hundió al Popular para rescatar al Santander porque las pérdidas de la entidad cántabra causadas por el Brexit y por la desaceleración de las economías latinoamericanas —Brasil sobre todo— podrían provocar la caída de uno de los gigantes de la banca europea que, además, fue fundamental para crear un mercado financiero único europeo con su entrada en el difícil mercado británico. Esto Europa no lo podía permitir y, por esta razón, se convirtió en uno de los cómplices fundamentales en la operación que se gestó a mediados del año 2016, precisamente cuando la salida del Reino Unido de la Unión Europea se veía más que probable.
Según un documento al que tuvo acceso Expansión, la Comisión Europea ha negado nuevamente que los afectados por la incautación del Popular puedan ver la documentación en la que se basó la decisión de intervenir a la sexta entidad financiera española y entregársela en una subasta secreta al Santander. Uno de esos documentos es el ya famoso informe de Deloitte, un documento que la propia auditora ha reconocido que se trataba de un informe de liquidación, no de solvencia o liquidez. Otros documentos a los que se está denegando el acceso es el informe de activos de la Junta Única de Resolución (JUR), el informe del Banco Central Europeo y de la resolución de la JUR. Es decir, que se deniega poder comprobar cómo, cuándo y por qué se tomó la decisión que llevó a la ruina a más de 300.000 familias. Esta negación de la Comisión Europea, además de ir en contra de uno de los principios fundamentales sobre los que se asienta la propia Unión Europea, es causa de indefensión para los afectados. Por otro lado, que la Comisión Europea esté siendo tan opaca a la hora de facilitar la información requerida por los afectados de la incautación del Popular es un reconocimiento implícito de que, en primer lugar, formó parte de la operación de rescate al Santander y, en segundo lugar, que las cosas se hicieron rozando los márgenes legales, cuando no superándolos. Si todo se hizo ajustándose a la ley no hay necesidad de opacidad.
El documento de la Comisión Europea al que ha tenido acceso Expansión lo deja muy claro: “La publicación de estos documentos podría socavar los intereses comerciales de Santander y de sus accionistas. Los datos financieros antes mencionados, en particular, la información sobre la posición de Popular en el mercado, además de información sobre sus activos y responsabilidades, constituyen información financiera sensible de Santander como comprador de Popular. La revelación de esta información, en este momento, podría socavar la protección de los legítimos intereses comerciales de Santander en lo relativo a su posición competitiva en el mercado bancario”. A lo que se añade lo siguiente: “Hacer públicos en este momento estos textos completos podría menoscabar la protección del interés público en lo relativo a la política financiera y económica de la Unión […]. En particular, los documentos concernidos contienen datos financieros muy sensibles que incumben al sector bancario de la Unión, y cuya revelación podría causar reacciones adversas en el mercado, poniendo en riesgo la estabilidad financiera en la Unión. Hacerlos públicos podría causar efectos indirectos que podrían afectar a la posición financiera de otras instituciones de crédito en la Unión”.
Se atropellan los derechos y se incauta el patrimonio de más de 300.000 familias para defender los intereses comerciales del Santander y para proteger la estabilidad financiera de la Unión Europea. Se anteponen los intereses del Santander a los de sus ciudadanos. Nuevamente se priorizan a las élites a las necesidades de la ciudadanía, tal y como se hizo con el rescate a las entidades españolas en julio de 2012.
Europa se está convirtiendo en una institución que actúa de espaldas a su ciudadanía. Cada día que pasa se hace más lógico el paso que dio el pueblo británico, un paso que los españoles deberían reclamar porque si esta Europa es capaz de tomar decisiones para defender la estabilidad de una entidad privada incautando las propiedades de más de 300.000 familias, quiere decir que han olvidado los principios fundamentales que deberían regir la actividad de la Unión.
El Santander consiguió hacerse con el Popular gracias a la complicidad de las autoridades europeas y del Gobierno de España. Por un lado, Europa esperó a que la operación bajista y los movimientos de Emilio Saracho llevaran al Popular a una situación límite, todo ello permitido por los organismos dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos —Banco de España y CNMV—. Una vez que el precio de la acción se derrumbara por debajo de 0,40 euros y el pánico de los mercados se trasladara a los clientes y comenzaran a retirar sus depósitos, las autoridades europeas tenían que intervenir a la sexta entidad española y entregársela al Santander, todo ello justificado con informes y documentos que permanecen tan ocultos que incluso ya se duda de que realmente haya existido tal documentación.
La decisión de dar luz verde a la ejecución de la operación y, por tanto, a la intervención del Popular se tomó en Estados Unidos, en el hotel Westfields Marriott de Chantilly (Virginia), a pocos kilómetros de la Casa Blanca, entre los días 1 a 4 de junio de 2017. En esas fechas, Luis de Guindos se reunió con la presidenta del Santander. La noche del 6 al 7 de junio el Popular fue incautado y regalado a la entidad cántabra por un euro en una subasta igual de clandestina que la documentación sobre la que se asentó la decisión de dejar en la ruina a más de 300.000 familias.
Un comentario, de los muchos que hubo ayer, al artículo publicado por este diario bajo el título “El Santander cierra el círculo de un ‘fraude’ a los socios del Popular”, decía lo siguiente para justificar la estrategia del gobierno de la nación y del Banco del Santander sobre el Popular:
“POP se sanea ANTES por la JUR y se vende a SAN. SAN recapitaliza POP con una ampliación de capital por 7.000.000.000 EUR. ¿Les parece poca la inversión de SAN en POP?”.
Es cierto que la ampliación de capital del Santander para poder intervenir en el Popular ha sido una gran inversión. Y que también ha sido grande la rentabilidad del Santander al vender los activos tóxicos al fondo buitre Blackstone.
Pero de lo que tampoco cabe duda, y así lo advirtió ayer también el comentarista del artículo, es que la operación requería que “POP se saneara ANTES por la JUR y se vendiera a SAN”.
Esto es, se requería que el Popular entrara ANTES “saneado” en el Santander, porque se trataba en realidad de una operación de liquidación y no de saneamiento.
El problema estriba en que ni el gobierno de la nación ni tampoco el Ministerio del ramo, pueden llevar a cabo una operación de liquidación de una entidad financiera, ni cualquier otra entidad, sin acudir a un proceso concursal bajo la tutela del Juez de lo Mercantil.
Para vender una entidad de crédito que se dice que es insolvente, o está a punto de serlo, se necesita siempre la previa autorización del Juez de lo Mercantil a través de un procedimiento Concursal.
Ni el Gobierno de España, ni el Ministerio de Economía, ni la CNMV, ni el FROB, pueden intervenir una entidad de crédito insolvente sin que se abra previamente un procedimiento concursal, donde sea el juez de lo mercantil quien autorice los términos de la adjudicación y la venta de los activos de la empresa concursada.
Nadie hasta la fecha ha solicitado el concurso de acreedores del Banco Popular, ni ningún Juez de lo Mercantil ha autorizado la adjudicación de la entidad al Banco de Santander por 1 euro. Ni tampoco ha autorizado ningún juez al Banco de Santander para que venda parte de los activos del Popular al fondo buitre Blackstone.
Las leyes están para cumplirlas y la Ley Concursal, de 9 de julio de 2003, dice claramente en su artículo 2 que: “La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común”, y que “se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones”.
Estableciendo a renglón seguido cual ha de ser el camino a seguir cuando se trate de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas.
En la Disposición adicional segunda de la Ley Concursal, se dice expresamente que: “En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras, así como entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores, se aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales se hallen establecidas en su legislación específica, salvo las relativas a composición, nombramiento y funcionamiento de la administración concursal”.
Ni que decir tiene que en el caso del Banco Popular no ha sido nombrada tampoco ninguna administración concursal, ni ha habido Auto de declaración de concurso, ni informe del activo o del pasivo de la sociedad, ni propuesta formal de convenio, ni plan de liquidación.
Nada de esto ha existido para intentar remediar la “insolvencia” del Banco Popular. Sólo ha existido la complacencia del Gobierno y del PP para “saquear” el patrimonio del Banco Popular al margen de la Ley.
Alguien tendrá que responder por el absoluto y descarnado incumplimiento de la Ley, que al final ha perjudicado a más de 300.000 familias en beneficio de unos “pocos”. Entre ellos el Gobierno del PP, con los intereses de Aznar a la cabeza y por supuesto el Banco de Santander.
NOTA: Diario16 ha recurrido al Juez Fernando Presencia, teniendo pleno conocimiento de la situación laboral del magistrado, por su conocimiento enciclopédico de la Ley, por su experiencia en la rama Mercantil y por la interpretación de la misma en relación con un tema como es el caso del Popular que tiene muchas derivadas judiciales.
El Santander cierra el círculo de un “fraude” a los socios del Popular
Diario16 ha consultado a diferentes juristas, entre ellos al Juez Decano de Talavera, don Fernando Presencia, quien nos ha puntualizado y ratificado con precisión jurídica la operación de incautación del Popular y la posterior entrega impune al Santander
Al final teníamos razón en lo que veníamos denunciando sobre que la compra del Popular por el Santander era algo más que un “fiasco” de 1 euro. Era una más que presunta estafa.
Tal y como acaba de anunciar la mismísima entidad cántabra, la operación tenía como finalidad adquirir los activos del Popular, pero no los pasivos, todo sin hacer ningún tipo de provisión.
Se trataba de simular una absorción “sanadora” de un banco en “crisis”, bajo la apariencia de la compraventa de “todo” su patrimonio por el precio simbólico de 1 euro, recibiendo con ello los parabienes de las autoridades crediticias españolas y europeas.
Sin embargo, la realidad que es muy tozuda ha demostrado que la finalidad última del Santander no era “sanear” al Popular, sino “sanearse así mismo” recibiendo un patrimonio libre de pasivos, a costa de los accionistas del Popular, sin dotar un solo euro en concepto de provisiones.
La propia entidad cántabra lo ha hecho público ella misma en un comunicado a sus socios que lleva fecha de 8 de agosto.
Se trataría “para el Banco Popular y Banco Santander de la desconsolidación de sus balances de esos activos ‘non performing’, sin impacto en resultados”. Para ello “Banco Santander comunica que Banco Popular ha formalizado con el fondo BlackStone los contratos para la adquisición por el fondo del 51%, y, por tanto, del control del negocio inmobiliario de Banco Popular integrado por la cartera de inmuebles adjudicados, créditos dudosos procedentes del sector inmobiliario y otros activos relacionados con esta actividad de Banco Popular y sus filiales”.
Sigue diciendo el comunicado que “el cierre de la operación conllevará la creación de una sociedad a la que Banco Popular traspasará el negocio constituido por los activos señalados”. Y termina indicando que “la gestión del patrimonio integrado en la sociedad conjunta estará atribuida desde el cierre a BlackStone”.
A partir de este punto, la relevancia penal de los hechos que se acaban de describir es indiscutible. El artículo 262 del Código Penal castiga con pena de prisión a los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio final de los concursos y subastas públicas.
Es evidente que el concierto ilegal entre el Santander y el fondo Blackstone ya existía cuando la Administración hizo público el concurso para la adjudicación del Popular.
Una operación como la anunciada por el Santander a sus socios no se prepara en cuatro días.
Pero también es evidente la connivencia de la propia Administración del Estado en el “fraude” a los socios del Banco Popular.
Esto se comprende fácilmente si se tiene en cuenta que ni el Banco de España ni la CNMV autorizan habitualmente una “componenda” de este estilo si previamente no existen garantías para la necesaria dotación de las provisiones.
En este caso no se consignó ni un solo euro de provisión. A partir de este punto, es evidente también que los directivos del Popular “dejaron” intervenir a la entidad.
Ante estos hechos tan “relevantes” como los anunciados por el Banco Santander a sus socios, la justicia española tiene que tomar alguna decisión, y la competente debía ser desde luego la Audiencia Nacional.
¿Por qué no se ha suspendido cautelarmente los efectos de la intervención tras haber admitido a trámite dos recursos contra la decisión del FROB y, por tanto, las operaciones especulativas que pueda hacer el Santander con el patrimonio del Popular? Estas suspensiones cautelares son habituales, tal y como vemos con los recursos presentados por el Gobierno en otros casos. Sin embargo, cuando se trata de defender a los ciudadanos en vez de a los intereses del poder, estas suspensiones parece que no son tan habituales. Los poderes fácticos se protegen entre ellos y los daños colaterales que pueda generar esa protección simbiótica son asumibles. Da igual el número de muertos (en este caso son 300.000) mientras el general siga vivo.
La inacción del Banco de España y de la CNMV se contagia a la Fiscalía Anticorrupción que no ha entrado aún de oficio para investigar quiénes fueron los responsables de la ruina de 300.000 pequeños accionistas
El Santander necesitaba ayuda urgente. El descenso de sus beneficios era patente, tal y como demostraban sus cuentas, por más maquillaje contable que le quisieran poner. La situación económica en España puede estar mejorando a nivel macroeconómico, pero no en lo referente a aquello que da beneficio a un banco comercial, es decir, al consumo interno que es lo que genera demanda de crédito. En Latinoamérica han vivido desde la mitad de la primera década del 2000 hasta los primeros años de la actual en una burbuja financiera que va desinflándose poco a poco y eso ha hecho resentirse a la unidad de negocio que supone un tercio del Grupo Santander. Finalmente, el Brexit está dejando muy tocado los resultados puesto que una parte de los beneficios van destinados al ROE en España y las consecuencias que está teniendo en la economía británica la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea son, quizá, más graves de lo que pudiera pensarse. Ya hay bancos que han implementado planes para salir del Reino Unido incluso antes de que se cierren las negociaciones de salida con la UE, cosa que el Santander no puede hacer porque la entidad cántabra, a diferencia de otros grandes bancos internacionales, no está sólo presente en la City, sino que está dentro del sistema bancario británico y su salida supondría pérdidas mil millonarias.
Ante esta situación, se pusieron en marcha todos los resortes económicos, gubernamentales y europeos para salvar al Santander. Eran muchos los favores a devolver como para dejarle caer. Fue anunciarse el Brexit e iniciarse con una operación en la que están directa o indirectamente implicadas gobiernos, autoridades europeas, banca de inversión internacional y bancos custodios que son los máximos accionistas del Santander y, que, además, controlan los mercados.
Para que todo se resolviera en un plazo muy corto de tiempo había que generar un escenario de pánico en los mercados porque ese era el único flanco por el que poder atacar al Popular ya que, a nivel patrimonial, no tenían nada que hacer. Tenían que ser los mercados. Para que nadie interviniera tenían la connivencia de Luis de Guindos y de todas las autoridades supervisoras que dependen del Ministerio de Economía. Sin esa complicidad hubiera sido impensable que ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervinieran para frenar las operaciones en corto que se estaban aplicando contra el Popular, operaciones que fueron frenadas en otros casos y que tuvieron como resultado la no intervención de otras entidades. Sin la complicidad de Luis de Guindos no hubiera sido posible que el Popular hubiera sido ofrecido a Bankia y que estas conversaciones fueran filtradas para que toda la prensa se enterara de que la entidad dirigida por José Ignacio Goirigolzarri era la principal candidata del ministro para hacerse con el Popular. Como la operación tenía tantos puntos oscuros el presidente de Bankia se negó u opuso mucha resistencia, pero, evidentemente, todo eso se tenía que saber porque era la cortina de humo para que el Santander no apareciera ni en los papeles ni en los digitales. La complicidad de Luis de Guindos se comprueba con la no intervención del Banco de España cuando Emilio Saracho provisionó productos sanos, algo que es ilegal, con la finalidad de reducir la liquidez del Popular cuando la acción ya estaba por debajo de 0,45 euros y un día antes de la intervención. Pero hubo complicidades también en las autoridades europeas. No es normal que Elke Konig saliera en un portal televisivo afirmando que el Popular estaba en serias dificultades lo que aceleró el ritmo de bajada del precio de la acción por el pánico que generó. Tampoco es muy normal que el inseparable compañero de De Guindos, Antonio Carrascosa, tomara parte y decidiera con el informe secreto de Deloitte intervenir a la sexta entidad. La complicidad de las autoridades europeas se comprueba con la opacidad con que se llevó todo el proceso de intervención y de entrega del Popular al Santander. Se dice que hubo una subasta, pero no se ha hecho público si hubo más de un candidato en la puja. No hay actas de dicha subasta. Nada. Todo oscuro, todo opaco, todo contrario a la propia legislación por la que se rigen los órganos regulatorios europeos.
Esta complicidad de las autoridades gubernamentales y europeas con una operación que estaba destinada a rescatar a una entidad too big to fail y la puesta a su disposición de organismos públicos es un modo de corrupción por la que tendría que entrar a investigar de oficio la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. ¿O es que dentro de la operación también estaba incluida la inacción del tercer poder? ¿Tanta influencia tiene el Santander como para evitar que se investigue la operación que ha dejado en la ruina a más de 300.000 familias? La Justicia está para defender los intereses de los ciudadanos, independientemente de su estatus social. Sorprende que ningún fiscal o que ningún juez haya determinado que habría que investigar todos los movimientos realizados contra el Popular desde, al menos, mayo de 2016, fecha en la que se sabía que se iba a convocar un referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Los abusos de la banca contra los ciudadanos están suponiendo un filón de oro para ciertos despachos de abogados de este país. Cláusulas suelo, preferentes, salida a bolsa de Bankia, gastos de hipoteca, son sólo algunos de los ejemplos en los que bufetes como Arriaga Asociados, Rosales o Martínez Echevarría están siempre en la actualidad. ¿Cuándo se ha visto que un despacho de abogados pueda permitirse contratar a una estrella del fútbol o de la comunicación para sus campañas publicitarias? En Estados Unidos es más habitual ver a los letrados anunciándose en la televisión por la cultura norteamericana de poner demandas por cualquier cosa. Sin embargo, el éxito de estos bufetes, sin desmerecer el trabajo de sus profesionales, no está en la cantidad de casos que ganan sino en la legislación que las autoridades judiciales españolas y europeas han generado en los últimos años. Cada cliente que cogen es, prácticamente, un caso ganado que conlleva su correspondiente comisión.
En el caso del Banco Popular, en el que por una decisión política adoptada por una institución europea se dejó en la ruina a más de 300.000 pequeños accionistas, los despachos de abogados han encontrado el nuevo filón. Todos los bufetes se pusieron en marcha, incluso meses antes de la intervención, para captar a las víctimas de uno de los movimientos más corruptos de la historia de este país.
Julia y Joaquín salieron a cenar una noche con unos amigos. Nada anormal, una noche fabulosa, tranquila, de conversación inteligente. Cuando llegaron a su casa se encontraron con que otra familia había ocupado su vivienda. Llamaron a la policía, quien les dijo que no era posible sin una orden judicial. Preguntaron quién había permitido entrar en la propiedad a esa familia y fueron informados de que fue la propia comunidad de vecinos la que había permitido que eso pudiera suceder. Julia y Joaquín estaban atemorizados, sorprendidos e indignados. Lo habían perdido todo. Recurrieron a distintos abogados que les decían que lo que deberían hacer era litigar contra la comunidad no contra la familia. No sabían qué hacer. Lo importante era recuperar su casa. Uno de los abogados les dijo que habían recibido una oferta por parte de la comunidad de vecinos: les pagarían en dinero para que la familia que había ocupado la casa se quedara. Le dieron permiso al letrado para que negociara con quienes les habían robado. Esperaron intranquilos, pero con un rayo de esperanza: al menos podrían recuperar el dinero del valor de su casa e iniciar una nueva vida en otro lugar. Cuando el letrado llegó les dijo que lo máximo que iban a ofrecer eran 20.000 euros. ¿Cómo iban a aceptar esa cantidad cuando la casa les había costado 15 veces más? Era indignante. Se sentían impotentes mientras su abogado les recomendaba que lo aceptaran.
Esta pequeña historia de ficción resume muy bien cómo han vivido los pequeños accionistas del Banco Popular la incautación del valor de sus acciones y cómo están viviendo los movimientos de los diferentes despachos de abogados que les venden esperanza pero que realmente lo que están haciendo es proteger uno de los principales responsable de todo lo que ha ocurrido.
Son muchos los bufetes de abogados que están reuniendo a afectados del Banco Popular para presentar demandas colectivas. Sin embargo, tal y como ya hemos comentado en Diario16, no están dirigiendo sus estrategias de demanda hacia el Santander que, al fin y al cabo, es el responsable solidario y quien se tendría que hacer cargo de todas las reclamaciones porque fue quien se quedó con el Popular por un euro. Toda la acción de estos despachos pasa por dirigir las reclamaciones al FROB o hacia el JUR para buscar una indemnización que ellos creen justa para las víctimas de la incautación del Popular. Eso sí, por, al menos, un 25% de lo recuperado. Hacer eso no es otra cosa que jugar con las esperanzas de quien está desesperado y no hay cosa más baja que utilizar la esperanza de quien lo ha perdido todo para ganar dinero.
En estos días hemos sabido que la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) reclamará a la Junta Única de Resolución un precio por acción de 1,85 euros que, según los analistas del despacho de abogados Cremades&Calvo-Sotelo, es el precio que tenían a 31 de diciembre de 2016, según los datos del último balance auditado de la entidad. Teniendo en cuenta que la acción llegó a estar por debajo de 0,30 euros horas antes de la intervención, serán muchos los accionistas que lo vean como una buena cantidad. Sin embargo, no es así. No es más que otra de las muchas maniobras de distracción que se están realizando para desviar el foco de quien debe ser el que devuelva el dinero a los pequeños accionistas del Popular: el Banco de Santander.
Cremades ya reconoció en una reunión con pequeños accionistas en Almería que ellos no podían ejercer ningún tipo de acción legal contra el Santander porque la entidad es cliente del bufete y, por tanto, se produciría un conflicto de intereses. No es sólo Cremades, son muchos los grandes despachos los que, ya sea porque ya tenían al Santander de cliente antes del 7 de junio, ya sea porque han sido contratados en estas semanas, tienen ese inconveniente para ofrecer unos servicios completos a quienes lo han perdido todo. No ir contra el Santander podría, incluso, suponer un doble juego que iría en contra de cualquier ética y buena praxis en el ejercicio de la abogacía.
La realidad es que ir en contra del FROB o de la JUR con el fin de reclamar una indemnización es una forma de dar falsas esperanzas y de no atacar a los verdaderos responsables, a los que deberían devolver inmediatamente el valor de las acciones a quienes se lo quitaron con nocturnidad y alevosía.
Los ciudadanos se indignan cuando se usa dinero público para rescatar a un banco. Eso es lo que están exigiendo estos despachos de abogados, que sea el Estado el que se haga cargo de devolver el dinero incautado una noche de junio, ya que si es el FROB el condenado el pago de esas indemnizaciones correría a cuenta del Estado español. En cambio, la Comisión Europea ha afirmó que si las demandas iban contra el FROB sería Europa quien se hiciera cargo de las mismas. La situación es la misma, es dinero público que se debería utilizar para mantener la sanidad, la educación o para garantizar una vida digna a los ciudadanos. No para hacerse cargo de la culpa de otros.
Es el Santander el que tiene que hacer frente a las indemnizaciones porque, además de responsable solidario, fue uno de los principales actores de la operación de acoso y derribo del Popular. En Diario16 ya hemos informado de que, a pesar de las vueltas que le quiso dar Luis de Guindos y la prensa afín a la operación, desde el primer momento sólo había un candidato: el Banco de Santander.
¿Por qué pagar la cantidad que reclama AEMEC? 1,85 euros por acción es el precio calculado en base a las cuentas auditadas a fecha de 31 de diciembre de 2016. El propio Santander afirmó en la presentación de sus bonos de fidelización para los minoritarios del Popular que sólo podrían acogerse a la misma quienes tuvieran títulos comprados a partir de la ampliación de capital de 2016.
Ese es el precio mínimo que debería pagar el Santander por las acciones, 2,50 euros. El mínimo, insistimos porque, en realidad, el justiprecio sería pagar por el valor total del banco. Como les explicábamos hace unos días los beneficios del Santander con la compra del Popular se van a empezar a ver en un plazo muy corto.
Según esas mismas cuentas auditadas a fecha de 31 de diciembre de 2016 el banco tenía un valor patrimonial superior a los 11.000 millones de euros. Si a eso le sumamos la cartera de clientes, sobre todo en el sector Pyme, o la cartera inmobiliaria, estaríamos en un valor superior a los 53.000 millones de euros. Todo esto sin contar con los 7.808 millones que tenía en bolsa. El Santander ha comprado todo esto por un euro y ha necesitado invertir 12.000 millones, una parte suplida con los 7.000 millones captados en la ampliación de capital y la otra parte que retornará a través del ahorro de 5.000 millones vía impuestos por los créditos fiscales del Popular. Es decir, que a la entidad cántabra comprar a la sexta entidad del país le ha costado exactamente eso, 1 euro. El resto son beneficios. En las próximas semanas venderá la cartera de activos inmobiliarios del Popular al fondo LoneStar por 30.000 millones. En menos de dos meses el Santander habrá obtenido un beneficio por esa cantidad, además de los que ya le está generando el propio negocio generado a través de las diferentes carteras de clientes, de las operaciones de las oficinas y de la banca on-line.
Esta es la razón por la que el Santander debe devolver a los accionistas del Popular que lo perdieron todo en la noche del 6 al 7 de junio el valor correspondiente al precio de la acción en base al valor total de la entidad: 12,62 euros por acción.
No hacerlo así lleva la operación a algo que podría ser catalogado por cualquier tribunal como delito de estafa puesto que se ha despojado de una parte importante de su patrimonio a 300.000 personas para obtener un beneficio de ello. Y todo lo ocurrido con la complicidad, la connivencia o el apoyo de élites privadas y gubernamentales porque ante lo que ocurrió desde el mes de abril hasta junio el hecho de que ni la CNMV, ni el Banco de España, ni el Ministerio de Economía de Luis de Guindos interviniera para frenar el ataque de los mercados y a los torpedos internos lanzados por Emilio Saracho, da un grado de complicidad o de connivencia muy elevado.
Los afectados del Popular no quieren migajas, quieren lo que les corresponde por justicia. Los intereses de las dictaduras privadas no se pueden anteponer a los del pueblo y los gobiernos deben ponerse del lado de su pueblo que, al fin y al cabo, es el que tiene la soberanía de la nación. Hacer lo contrario, como se ha hecho, es, cuanto menos, una traición. Esas propuestas de los abogados que tienen intereses con el Santander no son más que juegos de leguleyo que se aprovechan de la desesperación o, lo que es peor, de la necesidad.
La banca española se beneficia de la ruina de los 300.000 afectados del Popular
Abanca, CaixaBank y Santander reconocen que están ganando depósitos y beneficios gracias a la incautación del Banco Popular. Rajoy y De Guindos benefician a la Venezuela de Maduro y a financieros catalanes.
Desde el mes de mayo en que comenzaron los rumores de quiebra del Banco Popular, rumores que se lanzaban desde los despachos de la planta noble del Edificio Beatriz de la calle Jose Ortega y Gasset de Madrid y que cierta prensa cómplice con la operación que se estaba beneficiando de la caída de la sexta entidad financiera del país colocaba en portada de sus ediciones en papel y digitales, la salida de depósitos y la venta masiva de acciones por parte de clientes y accionistas fueron una constante que llevaron al Popular a ser regalado al Santander por un euro, con los beneficios expuestos ya en este medio.
Estamos en fechas en que las grandes empresas presentan sus resultados del primer trimestre del año. En estas presentaciones diferentes entidades bancarias españolas han hecho alarde de la mejora de sus resultados y, además, han mostrado su satisfacción por su incremento de negocio con la llegada de depósitos de antiguos clientes del Popular. Es decir, toda la banca española se está beneficiando de la caída de la sexta entidad financiera del país, una caída que fue provocada por los movimientos y las estrategias pergeñadas por las élites privadas y gubernamentales, tanto españolas como europeas, con el único fin de beneficiar a una entidad en concreto, una entidad que estaba pasando por dificultades por más que se quisiera vender con cifras globales que no es así, ya que no es lo mismo un incremento del 15% de un beneficio de partida de 1 que un 15% de 1.000.
Ya han sido dos entidades las que han anunciado públicamente que están sacando réditos de la caída del Popular. En algún caso ya recogieron los frutos meses antes de que se produjera la intervención por parte de la Junta Única de Resolución (JUR).
Por un lado, CaixaBank, por boca de su Consejero Delegado Gonzalo Gortázar, ha reconocido que han ganado clientes gracias a la desaparición del Banco Popular. «Es notorio que nos hemos visto beneficiados», ha afirmado en el acto de presentación de los resultados del primer semestre. No ha confirmado una cifra concreta de nuevos clientes procedentes del Popular.
Por otro lado, Abanca, la entidad gallega presidida por el venezolano Juan Carlos Escotet, también se ha visto beneficiada por la compra del Popular por el Santander. Aquí, además, hay un punto que le diferencia de CaixaBank, dado que un mes antes de la intervención del Popular Emilio Saracho le vendió Popular Servicios Financieros (la antigua financiera del Pastor) por 39 millones de euros y unas plusvalías de 6,7 millones. Es decir, Abanca ya captó una parte de la clientela de la sexta entidad financiera del país en el mes de mayo. Entre esto y la captación de antiguos clientes del Popular que salieron huyendo por la incertidumbre creada por los falsos rumores difundidos por cierta prensa y no desmentidos ni por Saracho ni por las autoridades supervisoras, el banco gallego ha ganado un 1,7% de cuota de mercado, sobre todo de clientes procedentes del Banco Pastor que veían más seguro llevar sus depósitos a una entidad de su tierra.
Es algo curiosa la presencia de Escotet, el banquero que se enriqueció con Hugo Chávez y que le compró Novagalicia al Estado español por 1.000 millones que se tradujo en una pérdida para los ciudadanos españoles de 8.000. Al igual que la es de otros millonarios del chavismo protegidos por el Gobierno español, como el caso del señor Ramírez y su desmedido amor por las «yemas de Santa Teresa» que ya contamos en Diario16, sobre todo teniendo en cuenta la urticaria que presuntamente le produce al PP todo lo relacionado con Venezuela…, salvo cuando hay mucha plata de por medio. Al igual que otros muchos empresarios millonarios venezolanos que tienen negocios o su residencia en España, y a los que su pasado/presente chavista no les impide campar a sus anchas por los círculos privilegiados (económicos, sociales y políticos), Juan Carlos Escotet tiene asuntos oscuros fuera de nuestro país como, por ejemplo, su presencia en la Lista Falciani por tener cuentas en el HSBC suizo, tanto personales como de Banesco, su banco venezolano, de la que era apoderado.
Lo que queda claro es que la banca española se está beneficiando de la caída del Popular. Aún no hemos hablado del Santander. En su presentación de resultados semestrales, Ana Patricia Botín ha afirmado que el impacto en las cuentas del semestre no ha sido muy importante, pero que ya ha dado un pequeño beneficio de 11 millones de euros.
Lo verdaderamente importante es el cálculo que ha hecho del coste total de la operación. Según el Santander, será de 12.000 millones de euros que en parte será compensado con los 7.000 millones procedentes de la ampliación de capital. También ha informado que los depósitos en el Popular han crecido en 5.000 millones en las últimas semanas.
Lo que no se ha dicho en esa presentación es en el beneficio a muy corto plazo que se va a obtener. Ya explicamos ayer que las cifras de beneficio estarán por encima de los 30.000 millones de euros por los movimientos que se están realizando para la venta de la cartera inmobiliaria del Popular. Tampoco se ha dicho el beneficio que obtendrá el Santander del negocio de Pymes del Popular.
Todas las entidades bancarias españolas se están beneficiando de un modo u otro de la caída del Banco Popular. Los únicos perjudicados son los 300.000 pequeños accionistas, jubilados, empleados, pensionistas que lo han perdido todo y que están perdiendo hasta la salud. El dolor de estas personas está sirviendo para mejorar los resultados de la banca española, la sangre de las víctimas sirve, nuevamente, para abonar los parabienes de las «dictaduras privadas».
Mariano Rajoy “aplasta” a más de 300.000 accionistas del Popular mientras beneficia a presuntos corruptos venezolanos amigos de Nicolás Maduro y al buque insignia de la economía de Cataluña.
Pero, a ambos, de una u otra forma, ¿no los desprecia?
La auditora que firmó la salida a bolsa de Bankia y que arruinó a cientos de miles de personas ha hecho lo mismo con el Banco Popular. PwC, la auditora del Santander y del Popular, ha sido contratada para la operación de venta de los 30.000 millones del ladrillo del BPE.
Durante todo el proceloso camino del Banco Popular hasta su intervención por la Junta Única de Resolución y posterior venta por un euro al Santander ocurrieron cosas muy oscuras, tal y como hemos contado en Diario16. Sin embargo, hasta ahora hay un aspecto que apenas se ha tocado y que es fundamental para el sector financiero: el papel de las auditoras.
Es significativo el hecho de que tanto al Santander como al Popular las auditara la misma empresa: PricewaterhouseCoopers (PwC) y que la anterior auditora del Santander fuese Deloitte. También es significativo el hecho de que un informe de ésta fuese el que inclinara la balanza hacia la intervención y venta al banco cántabro de la sexta entidad financiera española por un euro, decisión que ha dejado a más de 300.000 pequeños accionistas en la absoluta ruina.
PwC fue la empresa en la que coincidieron Luis de Guindos, actual ministro de Economía de España, y Antonio Carrascosa, ex director general del FROB y que actualmente ocupa una de las vicepresidencias de la JUR. Es decir, que hubo una relación entre el ministro de Economía español, uno de los responsables de la caída del Popular, y el vicepresidente de la Junta de Resolución, quien tomó la decisión de intervenir a la sexta entidad española, con una empresa que tenía intereses tanto en el Santander como en el Popular. ¿En las dos o sólo estaba trabajando para el banco cántabro?
La responsabilidad de Luis de Guindos en todo lo que ha ocurrido con el Banco Popular está sobre la mesa. En primer lugar, por no intervenir a través del BdE y la CNMV las operaciones en bolsa que devaluaron el valor de la acción un 66% en apenas tres meses. En segundo lugar, por no frenar a Emilio Saracho viendo los errores de libro que estaba cometiendo de manera interesada, errores que alguien como Francisco González o José Ignacio Goirigolzarri no hubieran cometido. En tercer lugar, por no intervenir para parar la filtración constante de información privilegiada a las instituciones públicas, privadas y religiosas para que sacasen sus depósitos y productos de inversión del Popular.
De Guindos sabía de la realidad del Popular porque su relación con PwC hacía que conociera de primera mano todo. Aquí entra también Carrascosa, un hombre suyo, un hombre que siempre fue de la mano del ministro desde los tiempos en que De Guindos fue secretario de Estado en los gobiernos de José María Aznar, un hombre que ocupó cargos de responsabilidad en la CNMV, el Banco de España o en el Ministerio de Economía. Siempre bajo la manta de Luis De Guindos.
Carrascosa era el hombre clave para que, si el Popular no era comprado por el Santander a un precio no superior a los 4.500 millones de euros, fuera intervenido por el puesto que ocupa en la Junta Única de Resolución. Toda la operación de acoso y derribo al Popular estaba orientada desde un principio a que fuera el Santander el comprador de la sexta entidad financiera del país, una operación que llevaba meses, incluso años, gestándose en reuniones secretas en las que intervinieron directivos de ambas entidades. Esta es la razón por la que, tras la llegada de Emilio Saracho —un hombre del Santander a pesar de que en los últimos años desempeñó cargos en el banco de inversión BP Morgan Chase—, ningún rumor o ninguna filtración a la prensa apuntara al Santander. En los últimos días se habló mucho de Bankia y se pasó de lado por el Sabadell o el BBVA y sólo en la tarde del 6 de junio se comenzó a afirmar que el banco cántabro había calculado que si se quería hacer con el Popular tendría que realizar una ampliación de capital de 5.000 millones de euros. Apenas dos meses antes de que se interviniera al Popular y se regalara al Santander por un euro, la entidad cántabra realizaba un fichaje importante: Eduardo Pomares, al que se le llamaba Monseñor Pomares, porque era la persona que gestionaba los activos y depósitos de la Iglesia Católica, de Fundaciones Diocesanas, Diócesis, organizaciones como el Opus Dei o de la propia Conferencia Episcopal. Un total de 5.500 millones de euros (un 0,55% del PIB español). El fichaje de Pomares es un claro indicio de que el Santander ya estaba organizando la entrada del Popular en su estructura varios meses antes de la intervención.
Hay un hecho internacional que marca el inicio de la operación, tal y como ya informamos en Diario16: el Brexit. El Santander hizo un gran favor a las autoridades bancarias y a la Unión Europea. En el año 2013 David Cameron anunció que convocaría un referéndum antes de 2018 para que el pueblo británico decidiera si quería que el Reino Unido continuara en la UE si el Partido Conservador ganaba las elecciones de 2015. Las ganó y el 8 de septiembre de ese año la Cámara de los Comunes da luz verde a la ley que autoriza la convocatoria de un referéndum europeo. El Santander sabía perfectamente que un voto favorable a la salida del Reino Unido de la UE iba a tener efectos muy negativos en su negocio británico y, por tanto, en el Grupo, sobre todo teniendo en cuenta el descenso de los beneficios en España y en las distintas divisiones latinoamericanas. Es entonces cuando el Santander pasa factura y los mecanismos se ponen a funcionar para buscar una solución que rescatara a la entidad cántabra.
Casualmente, en el periodo que va desde la victoria de Cameron en mayo de 2015 y la aprobación por la Cámara de los Comunes de la convocatoria del referéndum es cuando se anuncia el cambio de auditora por parte del Santander: tras 25 años de relación con Deloitte la entidad cántabra contrata a PwC para auditar sus cuentas durante los años 2016, 2017 y 2018. Precisamente PricewaterhouseCoopers, la auditora del Popular y la auditora donde trabajaron Luis De Guindos y Antonio Carrascosa.
Las auditoras siempre han tenido un papel polémico dentro del sector financiero mundial. En España el último gran escándalo se pudo ver en los informes de Deloitte respecto a la salida a bolsa de Bankia que aprobaban las cuentas presentadas por la entidad entonces presidida por Rodrigo Rato y que, como posteriormente se está viendo en el proceso judicial por los peritajes independientes realizados a las mismas, no reflejaban la realidad del banco nacido de la fusión de diferentes cajas de ahorro entre ellas Cajamadrid y Bancaja.
En todo lo que rodea al caso del Banco Popular, las auditoras han tenido un papel fundamental, tanto PwC como Deloitte. La primera porque era, casualmente, la empresa que auditaba las cuentas tanto del Popular como del Santander, tal y como ya hemos afirmado anteriormente. La segunda, porque la decisión de intervenir y regalar a la sexta entidad financiera de España se basó en informes presentados por Deloitte, informes que, en algunos casos, están embargados por la Junta de Resolución y a los que nadie tiene acceso, hecho éste que va en contra de las normas europeas y españolas.
Sin embargo, en el caso del Popular esta entrada de las auditoras va mucho más allá porque demuestra el papel que tuvieron otros poderes en la decisión que ha dejado en la ruina a más de 300.000 pequeños accionistas. Veamos por qué.
Como ya hemos dicho, PwC era la empresa que auditaba las cuentas tanto del Popular como del Santander, en este caso tras la no renovación de su contrato con Deloitte en el año 2015 tras 25 años de relación para contratar a PwC. Por otro lado, Deloitte, que dio por buenas las cuentas de Bankia para su salida bolsa y que realizó el informe de liquidación del Popular, ha sido multada recientemente por el Ministerio de Economía con 1 millón de euros por una infracción grave en la auditoría de 2011 de las cuentas del banco cántabro.
PwC, como decimos, era la auditora del Banco Popular y determinó que a fecha de 31 de diciembre de 2016 la sexta entidad financiera de España tenía un patrimonio cercano a los 11.000 millones de euros y unos recursos de más de 8.000 millones. A los pocos días de dar por buenas estas cifras, PwC reexpresó su informe y afirmó que eran necesarias más provisiones y reestructuraciones por valor de 600 millones de euros. Sin embargo, Emilio Saracho, el hombre que puso el Santander para liquidar al Popular, no hizo caso a estas recomendaciones de PwC y aprobó las cuentas porque, según el presidente que llegó con la misión de liquidar al Popular y entregándoselo al Santander en bandeja, esos apuntes del auditor no eran importantes. No se podía esperar otra cosa de Saracho que no fuera tomar decisiones que fueran en contra de sus clientes, de sus accionistas y de sus empleados.
Entonces, ¿por qué se encarga a Deloitte un informe de liquidación? Lo que perdió el Popular con la operación de Saracho, el Santander y De Guindos, con la complicidad necesaria de los mercados y ciertos medios de comunicación, fue el valor en bolsa pero no todo su patrimonio (11.000 millones) ni el valor de negocio, por ejemplo, el 40% del mercado de Pymes. ¿Cómo se va a liquidar una entidad con tales cifras patrimoniales y de volumen de negocio? ¿Es esta la razón por la que se está ocultando el informe de Deloitte? La noche del 7 de junio se entregó por un euro al Santander ese patrimonio y esos volúmenes de negocio, además de la cartera inmobiliaria que está tasada en más de 30.000 millones. Todo ello en base a un informe de liquidación de una entidad que tenía capacidad para hacer frente a la situación generada en los mercados por los movimientos y el ataque de las estrategias a corto pergeñadas por Emilio Saracho y con la complicidad por ausencia del Banco de España y de la CNMV.
Por otro lado, PwC se ha hecho con un contrato con el fondo LoneStar para auditar la compra de la cartera inmobiliaria del Popular. ¿Qué prisa tiene el el banco cántabro en liquidar el ladrillo del Popular? Cuando esta operación se cierre el Santander obtendrá un beneficio 6 veces superior a lo que ha tenido que invertir con la ampliación de capital, todo apenas dos meses después de que los accionistas del Popular fueran despojados del valor de sus acciones. También demuestra que el Santander no tiene ninguna intención de echar para atrás la operación, por mucho que su presidenta afirmara en sus círculos íntimos que se arrepentía de haber comprado el Popular, sino, más bien, amortizarla para compensar las pérdidas que está teniendo la entidad cántabra. No puede anular la operación porque el futuro del Santander depende de los beneficios que va a sacar del Popular.
En conclusión, demasiados intereses cruzados, pero con una única víctima, los 300.000 pequeños accionistas del Popular que lo perdieron todo.
Insensible oferta del Santander a los pequeños accionistas, incluido empleados, del Popular
La oferta de bonos de fidelización tiene, aunque no sea su intencionalidad, interpretaciones oscuras que van más allá del «buenismo» que ha querido vender la entidad cántabra
La semana pasada el Grupo Santander hizo pública una acción comercial dirigida a los pequeños y medianos accionistas/inversores del Banco Popular que lo perdió todo tras la compra de éste por aquél el día 7 de junio de 2017. Es cierto que el Santander no tiene ninguna obligación legal de lanzar un producto de este tipo. Sin embargo, el producto en sí, aunque no haya una intencionalidad manifiesta en el mismo, encierra cierto grado de perversidad porque podría estar jugando con la necesidad o con la línea vital de decenas de miles de afectados. Además, es una acción que también tiene un carácter de rentabilidad para la propia entidad cántabra.
Tal y como hemos informado en Diario16 desde hace meses, la operación de acoso y derribo al Banco Popular tiene demasiadas sombras. La propia intervención y compra está rodeada de múltiples misterios a causa de la opacidad con la que se está llevando ya que, incluso, la propia Junta Única de Resolución está atentando contra uno de los principios fundamentales de la Unión Europea al ocultar informes que son fundamentales para entender por qué se tomó la decisión adoptada cuando la realidad del Popular era muy otra.
Los bonos de fidelización tienen una naturaleza similar a un bono subordinado que dará un 1% de rentabilidad y que el afectado deberá mantener durante 7 años antes de poder cobrar en metálico el valor del producto. Quienes acepten este producto podrán venderlo antes de que finalice ese plazo. Según cálculos del Santander, más de 110.000 pequeños accionistas del Popular podrán acogerse a esta opción. Según el Santander, el «importe nominal máximo a entregar de estos valores negociables será, en el caso de las acciones, y con determinados límites, el equivalente a la inversión realizada por cada cliente en el citado periodo. En el caso de las obligaciones subordinadas, será la diferencia entre el importe invertido en estos títulos menos los intereses percibidos. En ambos casos, tienen que haberlas mantenido depositadas en el Grupo Popular o Santander en la fecha de la resolución del banco y el importe a entregar dependerá de la inversión que realizaron. Los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad; para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%; y para el tramo entre 500.000 y un millón, el 50%. Todas estas cantidades son acumulativas», a lo que la entidad añade que el «99% de los clientes y empleados de Banco Popular que compraron acciones de la entidad entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016 realizaron inversiones inferiores a 100.000 euros, por lo que gran mayoría recibirá bonos por el importe total que invirtió». La entidad cántabra calcula que el valor total de estos bonos de fidelización es de 980 millones de euros.
Sin embargo, el acogerse a esta acción comercial los accionistas minoristas deberán renunciar a emprender acciones legales contra el «Grupo Santander, sus administradores, directivos y empleados. Además, tendrán que mantener, cuando se entreguen los bonos de fidelización, una relación comercial equivalente con el banco a la que tenían en el momento de adquisición de las acciones o de las obligaciones subordinadas».
Es un producto que, como hemos dicho, encierra cierto grado de perversidad, aunque la intencionalidad del Santander no sea esa. En primer lugar, están jugando con la necesidad de muchos de los pequeños accionistas que con la intervención del Popular lo perdieron todo. Hay que tener en cuenta que un porcentaje muy elevado de los afectados son jubilados que tenían en su inversión un colchón económico con el que compensar su pensión para llevar una vida digna. Otro porcentaje importante lo tenemos en los empleados que compraron acciones en la ampliación de 2016 y al que el propio Popular dio un adelanto para adquirir los títulos, adelanto que, por cierto, se les está exigiendo devolver tras la intervención. Estas dos categorías de pequeños accionistas tienen necesidades económicas a causa de la expropiación de sus acciones y pueden ver en la solución dada por el Santander una salida rápida a la situación actual.
En segundo lugar, la entidad cántabra, teniendo en cuenta la edad de decenas de miles de los afectados por la expropiación de sus acciones, lanza este producto para dar la idea de que ofrece a estos jubilados y pensionistas una solución a cambio de mantenerse como clientes del Santander y de que se callen. Esta posible intención es oscura, e, incluso, desprendida de humanidad porque, con los precedentes de otras estafas bancarias que se han producido en este país como, por ejemplo, la de las preferentes en la que muchos no han podido ver cómo recuperaban el dinero que les habían quitado porque murieron en medio de procesos judiciales eternos, el Santander se podría querer aprovechar de que la línea vital de muchos se está agotando para, en primer lugar, fidelizar clientes que de no haber comprado el Popular no tendrían y, en segundo lugar, asegurarse de que no van a tener problemas en los tribunales. El Santander no hará efectivo el valor de dichos bonos hasta pasados 7 años y las demandas que se presentarán tendrán un recorrido judicial también de años, por lo que serán muchos miles los que morirán antes de ver recuperado lo que les fue arrebatado con nocturnidad el pasado 7 de junio. En referencia a los 7 años, ¿se aplicará el mismo criterio para los empleados que pidieron adelantos o créditos para adquirir las acciones de la ampliación de capital de 2016?
En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, el Santander puede hacerse con el control de una importante parte de esos bonos a través de la compra de los títulos por medio de empresas interpuestas o de bancos de inversión como, por ejemplo, JP Morgan Chase quien, además de ser la entidad de la que Emilio Saracho era vicepresidente mundial, es propietaria de uno de los bancos custodios(Chase Nominees) que, además, es uno de los máximos accionistas del Santander. Hay que tener en cuenta que los bonos de fidelización no podrán liquidarse hasta pasados 7 años, como hemos dicho antes, pero pueden ser vendidos por sus titulares en el momento en que quieran. De este modo, quienes tengan necesidad económica o vital se lanzarían a una venta masiva en el mercado lo que nos lleva a unos precios a la baja por el aumento de la oferta. Lo mismo ocurriría con los empleados del Popular que adquirieron acciones en la ampliación de 2016 y a los que se ofrecieron créditos o adelantos que ahora se les están reclamando. Si estos trabajadores no pueden hacer efectivo el bono hasta pasados esos 7 años es muy probable que lo vendan a la baja y que pueda ser la propia entidad cántabra la que se haga con ellos porque, de otro modo, tendrán que seguir pagando los créditos o los adelantos. Por tanto, el Santander se haría a través de terceros con el control de títulos por un precio mucho más bajo que su valor inicial.
En cuarto lugar, el anuncio de los bonos de fidelización tiene otra intención: dividir a los accionistas que estaban unidos en distintas plataformas para interponer demandas. El hecho de que unos cuantos puedan renunciar a su derecho a ir a los tribunales ya establece una desigualdad de trato a través de la adquisición de estos bonos de fidelización. La máxima «divide y vencerás» es la que marca esta acción comercial.
En quinto lugar, esa división ya ha llegado a través de ciertos despachos de abogados que en un principio se pusieron al frente de las reivindicaciones y de las reclamaciones de los afectados, anunciando grandes querellas, pero que, llegados al punto en que hay que presentarse ante el Juzgado e interponer las correspondientes demandas, dan un paso atrás y afirman que sólo las interpondrán contra las instituciones europeas, no al Santander. Cada despacho de abogados que va a defender los intereses y los derechos de los afectados por la compra del Popular pueden actuar según quieran, eso es evidente y fuera de toda discusión, pero aquellos que tengan conflictos de intereses respecto a las entidades públicas y privadas a las que dirigir las demandas tendrán cercenada su libertad y, sobre todo, su capacidad de hacer una defensa de sus clientes sin ningún tipo de hipoteca.
El Santander, con sus bonos de fidelización, ha puesto en marcha una acción comercial que, aunque no tenga esa intencionalidad, podría generar resultados no exentos de perversidad ya que se podría querer aprovecharse de la necesidad de quienes son las víctimas de un movimiento del mercado diseñado y perpetrado por quienes tenían intereses personales o institucionales. Poner una zanahoria delante del hambriento no tiene ninguna intención de restañar el daño causado sino, por un lado, un lavado de cara ante la opinión pública y, por otro, sacar rentabilidad a las necesidades de quienes son las víctimas de una operación perversa dirigida por Emilio Saracho.
Tal y como venimos informando en Diario16 desde los días 6-7 de junio del presente año, la fecha en la que la Junta Única de Resolución (JUR) tomó la decisión de entregar a la sexta entidad financiera de España al Santander por un euro y arruinar a más de 300.000 pequeños y medianos accionistas, se preveían millones de demandas, por un lado, hacia las instituciones españolas y europeas y hacia los responsables de la operación bajista y, en consecuencia, de quienes llevaron al Popular a la «presunta» insolvencia, por otro.
Según informa el diario ABC, Bruselas ya ha reconocido que tendrán que ser las instituciones europeas las que hagan frente a las millonarias indemnizaciones a las que se exponen en el caso de las demandas planteadas contra el FROB o la propia Junta de Resolución. Evidentemente, no se tendrán que hacer cargo a las presentadas contra el Santander o las individuales que presumiblemente se interpondrán contra Emilio Saracho, Antonio Del Valle o Reyes Calderón como responsables directos de los movimientos a corto que llevaron la acción del Popular a perder su valor en 6 meses.
Tal y como hemos venido informando en Diario16 las primeras previsionesrespecto al valor de las demandas estaría por encima de los 2.000 millones de euros, razón por la cual el Santander amplió esa cantidad en la ampliación de capital que, en un primer momento, calcularon en 5.000 millones para hacer frente a la absorción del Popular. Sin embargo, los últimos cálculos ya llevan esa cifra por encima de los 15.000 millones puesto que las víctimas se están asociando para presentar demandas colectivas que serán llevadas por despachos tan prestigiosos o tan especializados en estafas bancarias como Cremades&Calvo Sotelo, Iuris Tantum – Iván Hernández, Arriaga, Rosales, Durán&Durán, Navas&Cusí o Elpidio Silva, por citar algunos. Los grandes accionistas, recurrirán a los grandes bufetes. En el momento en que estamos cerrando este artículo, nuestros compañeros de la redacción de Diario16 Mediterráneo nos confirman que el bufete Cremades&Calvo Soteloha reconocido a un grupo de afectados que se habían unido a su demanda colectiva que no van a ir contra el Santander por un conflicto de interesesya que la entidad cántabra es uno de sus clientes y que la estrategia la establecerán a través de ir contra la Junta de Resolución, contra el Banco de España y contra la CNMV. Este comportamiento es cruel puesto que la gran mayoría de quienes habían confiado en este despacho de abogados son jubilados y una batalla legal contra las instituciones europeas es muy larga, lo que provocará que muchos mueran antes de ver recuperada su inversión y su dignidad, la dignidad que se les arrebató una madrugada del mes de junio.
El reconocimiento de Europa de que tendrá que hacer frente a las demandas de las víctimas de la expropiación del Popular es un modo de desentrañar la añagaza dicha por Luis de Guindos al afirmar que la operación no iba a costar un solo euro público. El dinero de Europa es públicoy, una parte, le corresponderá aportarlo a España.
Porque el dinero de Europa es dinero de todos los ciudadanos de la UE, la adopción de una medida de este calibre es un insulto a todos los europeos. Bruselas no tiene que hacerse cargo de las indemnizaciones, aunque las demandas vayan dirigidas al FROB o a la JUR, por mucho que así lo diga el reglamento. Europa sólo tiene una salida digna y ética a toda esta situación que ha creado con la expropiación del Popular: anular la operación, devolverle el euro al Santander y restaurar a los pequeños y medianos accionistas el valor de sus acciones para que sean los verdaderos dueños del banco los que puedan poner en ejecución el plan de viabilidad de la entidad que presentó Ángel Ron y que fue aprobado por el Banco de España y el Ministerio de Economía.
La operación de intervenir el Popular es mucho más escandalosa que el propio rescate bancario español a las antiguas Cajas de Ahorro porque, en primer lugar, no se dejó en la ruina a cientos de miles de ciudadanosespañoles y, en segundo lugar, no se utilizó para pagar favores a otras entidades. Si Europa quería rescatar al Santander por su entrada en el mercado británico y por las pérdidas que está teniendo tras el Brexit lo podían haber hecho de otro modo sin generar tanto dolor como están creando, por ejemplo, que los fondos europeos se gestionen a través de la entidad cántabra.
¿Por qué tienen que pagar todos los ciudadanos europeos las consecuencias de una operación que tenía como fin potenciar a una entidad bancaria? ¿Por qué tienen que pagar todos los ciudadanos europeos la opacidad de la intervención del Popular? ¿Tantos fueron los favores del Santander como para que la propia Unión Europea anteponga los intereses de una entidad privada a los de sus ciudadanos?
Por otro lado, la propia JUR y el Banco Central Europeo están exigiendo al Gobierno español que defienda al Santander de los cientos de miles de demandas que va a recibir por parte de quienes han sido expropiados por una decisión tomada al margen de su voluntad. ¿Acaso está pidiendo Europa que sea el Estado español el que se haga cargo de las decenas de miles de millones que le va a suponer al Santander el volumen total de las demandas que, por la propia opacidad de la operación, están ganadas de antemano por los demandantes? Esto es un escándalo, un verdadero escándalo. El Gobierno español lo que tiene que hacer es defender los intereses de sus ciudadanos y no bajarse los pantalones una vez más ante los deseos de Europa.
La operación de expropiación del Banco Popular se hizo de un modo tan opaco que sigue generando incógnitas más de un mes después de la noche de autos. Tal y como afirma el abogado José Luis Losada Pescador, socio del bufete Navas&Cusí, «Según el informe de la Junta Única de Resolución (JUR) El 2 de junio -4 días antes de que el BCE lo declarara insolvente- la JUR solicitó al Banco Popular información sobre su proceso de venta. La JUR señala en su informe que dos entidades se mostraron interesadas en comprar la entidad una vez liquidada. La JUR no menciona a las dos postulantes, pero Luis de Guindos, sí: BBVA y Santander.
» El 5 de junio el Popular reclamó una línea de liquidez de emergencia (denominada ELA) que fue autorizada por el BCE. Pero al día siguiente, 6 de junio a las 15:00 Saracho informó que ya no disponía de más liquidez. ¿Por qué entonces el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, reconoce que “sospecha” que el Popular tenía más garantías que las que presentó?, ¿por qué Saracho no trató de defender el banco que presidía hasta el último minuto?, ¿qué hay de cierto en lo que afirman los antiguos gestores de que presentaron 40.000 millones de garantías y sólo obtuvieron 3.800 millones de liquidez?
» A última hora de la tarde de ese 6 de junio, el BCE declaró al Popular insolvente porque su crisis de liquidez impedía atender la tesorería del día siguiente. Esa noche del 6 al 7 la JUR decidió la resolución y la venta al Santander por un euro. La JUR informa que el Santander fue la única oferta vinculante.
» ¿Por qué el BBVA que se había postulado dos días antes se retira de la competición?, ¿por qué la JUR se niega a hacer público el informe de Deloitte que establece un valor negativo del banco de entre -2.000 y 8.200 millones?, ¿por qué la JUR toma una decisión tan drástica como la resolución de un banco basado en un informe tan poco preciso que establece una horquilla tan generosa?, ¿qué hay de cierto en que Deloitte habría hecho una tercera valoración positiva de 1.500 millones de euros?, ¿por qué ese empeño de la JUR en no hacer público el informe de Deloitte? La falta de transparencia dispara conjeturas innecesarias.
» Por otra parte, el informe elaborado por el JUR vincula la fuga de depósitos con la exposición mediática del banco: “La continua cobertura negativa en la prensa sobre los resultados financieros de la institución y sobre el posible riesgo inminente de quiebra o falta de liquidez ha resultado en un incremento de las salidas de depósitos”. ¿El pensamiento antecede a la acción y los malos augurios se convierten en profecías autocumplidas?, ¿había alguien con interés en que el banco fuera resuelto?
» El resumen es que la JUR trata de exculpar al Santander y aDeloitte y culpabiliza vaporosamente a los medios. El Santander responsabiliza a Bruselas; Saracho y su equipo, responsabilizan al Banco de España… y entre todos se murió. ¿La clave? Cherchez l´argent. O si lo prefieren: qui prodest?».
Cada día que pasa los acontecimientos van dando una idea de opacidad y de oscuridad en toda la operación que las sospechas de que había una mano perversa moviéndolo todo son más grandes. El problema es que no se trata de una conspiración en las alturas, sino que cientos de miles de seres humanos los que han sido perjudicados por la irresponsabilidad de unos cuantos, tanto personas físicas como entidades públicas.
Tal y como ya informamos en Diario16, los afectados/expropiados del Banco Popular se están organizando para demandar a las diferentes instituciones públicas y privadas que fueron cómplices o estuvieron metidas en las operaciones que finalizaron con la venta de la sexta entidad española al Santander por un euro dejando sin valor las acciones, la deuda subordinada y las CoCos. Las estrategias son diferentes y, dependiendo las mismas, el destinatario de las demandas será uno u otro.
Por un lado, tenemos a los grandes accionistas, aquellos que están afirmando que han perdido millones de euros con la intervención y que, en muchos casos, lo perdido no ha sido su inversión, sino los beneficios logrados, sobre todo, en la ampliación de capital de 2014. Estos grandes accionistas entre los que se encuentran, por ejemplo, la familia Luksic, Pau Gasol, Félix Revuelta o ¡Antonio del Valle!, ya se han puesto en manos los grandes bufetes de abogados para reclamar recuperar su inversión. Sin embargo, ellos tienen medios suficientes para afrontar el viaje judicial por su cuenta y sin necesidad de asociarse con nadie.
Por otro lado, están los más de 350.000 pequeños y medianos accionistas que lo han perdido todo, las verdaderas víctimas de esta operación. Sí, repetimos, víctimas, porque lo que desde los distintos frentes que manejaron las estrategias para llevar al Popular a ser comprado por el Santander y que han arruinado a esos cientos de miles de seres humanos.
Estos pequeños y medianos accionistas, debido la expropiación de los bienes monetarios que tenían invertidos en el Popular, se verán obligados a presentar demandas colectivas contra el Santander, contra las instituciones españolas de supervisión (CNMV y BdE) que miraron para otro lado mientras se perpetraba la descapitalización bursátil de la sexta entidad española y contra las instituciones europeas (BCE, Comisión Europea, MUR). Y ya se están organizando al margen de las colectivas presentadas por asociaciones de consumidores como Adicae o la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), de las que hablaremos más adelante.
Despachos de abogados especializados en reclamaciones por abusos de la banca como Cremades, Iuris Tantum – Iván Hernández, Arriaga o Rosales han ido captando a miles de pequeños y medianos accionistas para emprender las demandas colectivas. Ya hay al menos de 9 plataformas, pero se prevé que sean muchas más. La última de la que tengamos noticia, la Asociación de Afectados por el Banco Popular están contactando con diferentes bufetes como, por ejemplo, el del ex juez Elpidio Silva.
Por otro lado, tenemos las demandas colectivas que se plantearán a través de las asociaciones de consumidores. La OCU, por ejemplo, ha reclamado a la Comisión Europea acceder al expediente del proceso resolución del Banco Popular. En una nota publicada el pasado día 6 de julio envió esta reclamación en base al «derecho de acceso a documentos» que está reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Lo realmente sorprendente es que se hayan arrogado la representación de todos los afectados por la pérdida de sus acciones. Como acción tiene una valoración positiva. Nadie ha accedido hasta la fecha a dicho expediente, lo mismo que al ya famoso informe de Deloitte del que la propia auditora ha afirmado que se trataba de un documento de liquidación. Sin embargo, ¿qué esconde este movimiento de OCU? ¿Sólo buscar la garantía del respeto a los derechos de los consumidores o hay algo más? ¿Dónde estaba la OCU cuando se estaba perpetrando la operación bajista y los pequeños y medianos accionistas ya pedían la intervención de diferentes organizaciones para pararla? (No hay que olvidar que se trata de una organización cercana al Santander en su historia). La resolución de este movimiento determinará hacia dónde camina OCU.
Desde el primer día en que el Santander compró por un euro al Banco Popular y la Junta de Resolución determinó que el valor de las acciones, deuda subordinada y CoCos era nulo, se previó que el volumen de demandas sería muy elevado. La propia entidad cántabra modificó la cantidad de la ampliación de capital necesaria para hacer frente a las indemnizaciones determinadas por los tribunales. Pasó de 5.000 millones anunciada horas antes de la compra a los 7.000 con que se ejecutó en esta semana. Esa diferencia iría destinada a crear un fondo con el que hacer frente a las compensaciones. Sin embargo, distintos expertos consultados por Diario16 nos confirman que el valor de las demandas podría superar los 10.000 millones, del que el Santander tendría que hacerse cargo de más de 4.500 —la cifra mágica de Artajo, Saracho y JP Morgan—, cantidad que, por cierto, está ya cubierta con el ahorro en impuestos.
Ha comenzado el calvario de los más de 350.000 pequeños y medianos accionistas para recuperar lo que con nocturnidad y alevosía se les expropió. La operación de compra del Popular finalmente sí que va a tener un coste para las arcas públicas españolas porque una parte de las demandas va a ir contra las autoridades supervisoras dependientes del Ministerio de Luis de Guindos y que incumplieron con sus funciones por omisión de acción al no intervenir antes de que se produjera la intervención de Europa. También tendrá un coste para las autoridades europeas ya que decenas de miles de demandas irán contra la propia Comisión Europea y el BCE. El camino judicial será largo y muchos no verán su final porque más de 250.000 de esos pequeños y medianos accionistas son pensionistas y jubilados y el ciclo de la vida no para. Algo similar a lo que les ha ocurrido a muchos de los estafados por las preferentes o la deuda subordinada.
Sin embargo, hay una salida digna y ética, tal y como informamos en Diario16, que es anular la operación y devolver el Popular a sus legítimos dueños, aunque los últimos movimientos respecto a la venta de los activos inmobiliarios determinan que no va a ser así, por más que la presidenta anunciara a su círculo íntimo que se arrepentía de la compra del Popular.
Hemos recibido en nuestra redacción la siguiente carta remitida por un grupo de 900 afectados por la venta del Banco Popular por parte del Santander por un euro tras la decisión tomada por el MUR. Estos afectados forman parte de una de las muchas plataformas de pequeños accionistas que litigarán en un futuro próximo para recuperar lo que es suyo. Muchos de los aspectos que ponderan en su misiva ya han sido publicados por Diario16, pero creemos que desde este medio tenemos la responsabilidad de ofrecer un espacio para quienes han sido expoliados por una decisión tomada en base a movimientos diseñados para, precisamente, dejar a la sexta entidad bancaria española en una situación de liquidación para que otro banco pudiera hacerse con sus activos.
Esto es lo que nos dicen:
Después de 26 días de la resolución del Banco Popular, todavía no conocemos el informe Deloitte, sobre el que se basa el BCE para declarar “inviable o cerca de la inviabilidad” al banco Popular.
Un informe Deloitte que plantea tres escenarios, habiéndose reconocido inicialmente dos que planteaban situaciones patrimoniales negativas en sus balances. Siendo posteriormente cuando aparece una tercera valoración positiva de 1500 millones.
¿Cuáles son esos intereses que premeditadamente hacen primeramente una valoración negativa, por lo cual, el valor real del banco es 0 € al haber un desfase patrimonial, y a los pocos días salir una tercera valoración de 1500 millones de euros positivos?
1.- El Gobierno tiene que vender la imagen que la operación ha sido un verdadero éxito. No se va a poner dinero público. Aunque el Banco Santander va a dejar de pagar 5000 millones por los créditos fiscales que dispone el Banco Popular, por tanto, un ahorro para el Santander, pero un menor ingreso del Impuesto de Sociedades para el Estado.
2.- El Banco Santander compra al Banco Popular por un euro, a pesar de que los dos resultados presentados inicialmente por el informe de la auditoria de Deloitte, el precio es 0 €. Entonces, ¿por qué se paga el euro?
3.- Para la compra del Banco Popular por el Banco Santander hay una persona que molesta a la presidenta del Santander, y no lo quiere en el lote de la compra. Esta persona es el mexicano Antonio del Valle. Todos lo conocen por sus operaciones bajistas, para tumbar el valor y cotización de una empresa y poder comprarla a precios irrisorios. El mexicano estaba molesto de cómo no le dejaron acudir con mayor capital a la ampliación de 2016, y ese malestar es el que puso a su lugarteniente Reyes Calderón a ser la voz de su jefe en el Consejo de Administración del Banco Popular.
»Mientras el Consejo de Ángel Ron, estudia, valora y plantea las opciones para salir de la situación que se encuentra el Banco, a pesar que no presentan la imagen fiel de la entidad, y maquillan los resultados y los balances del mismo, se encuentra con un consejo divido. Esto es aprovechado por el mexicano para hacerse fuerte en el Consejo, y con el beneplácito del ministro Luis de Guindos y del BdE, van tumbándose todas las propuestas que son presentadas para reflotar a la entidad. Entre las propuestas que hay, en esos momentos, está la creación de un Banco malo para acoger los activos tóxicos del balance del Popular, el proyecto SUNRISE de la venta de activos a fondos y particulares que diseño Pedro Larena, y que actualmente recoge el Santander para realizar la venta de estos activos tóxicos.
El Consejo no puede llevar adelante las propuestas para reflotar la entidad, al no tener la autorización del BdE y del ministro Luis de Guindos. El mexicano acampa a sus anchas: solicita la destitución del Presidente y el nombramiento de un nuevo Presidente. Esas acciones vienen acompañadas por el posicionamiento bajista que realiza a través de sociedades interpuestas, no llegándose a conocer que porcentaje de posiciones bajistas disponía a fecha de la resolución.
El mexicano, adiestrado y teniendo de maestro de ceremonia al Presidente de la Bolsa Mexicana, quería comprar a precio de saldo una participación mayoritaria del Banco Popular, pero todos aquellos que lo habían apoyado anteriormente en sus planteamientos para reflotar el Banco Popular, son ahora sus mayores enemigos, empezando por el ministro Luis de Guindos y la CNMV.
»Y la pregunta es ¿El ministro, junto con todas las instituciones ligadas a él, actuaron consintiendo la operación que tenía diseñada el mexicano para tumbar el precio de la acción y derrocar a Ángel Rón, o bien hicieron oídos sordos sobre la base que la CNMV alego que había que dejar funcionar al mercado? Tanto por acción o por omisión lo que han hecho o han dejado de hacer, han favorecido claramente al mexicano.
»El desaguisado estaba montado con la connivencia del ministro y las instituciones que tenían que preservar el control y seguimiento de las operaciones bursátiles.
»4.- La llegada del nuevo Presidente, Emilio Saracho, fue un motivo para pensar en apaciguar el Consejo de Administración del Popular y emprender acciones comunes, y fue todo lo contrario. Hay mayor inquietud, en el seno del Consejo, publicando hechos relevantes en la CNMV desmintiendo publicaciones de alguno medio de comunicación vinculado familiarmente al accionista mexicano. Todo esto provoco, sin ningún hecho relevante de la sociedad Banco Popular, crear un malestar que llevo a la acción a marcar mínimo tras mínimo.
»5.- ¿A quién beneficia estas caídas del valor de la acción? Por supuesto a todos los que disponían de posiciones cortas. ¿Y quién es el que más interesado estaba en bajar el precio de la acción para poder comprar la sociedad a precios irrisorios? El que tenía interés por tener la mayor participación social del Consejo y poder tomar las riendas del mismo. Ahora, si la forma de actuar de esta persona es tumbar el valor para realizar la compra y tomar una participación mayoritaria a precios de saldo. ¿Se le ha ido de las manos al mexicano o alguien ha cambiado el rumbo del timón, ofreciéndoselo al Santander? Lo que sí está claro es que el ministro de Economía, junto con Patricia Botín y el gobernador del Banco CentralEuropeo, Mario Draghi, han tenido que hacer una jugada maestra para quitarle las cartas marcadas a Antonio del Valle y ganarle la partida. Una jugada maestra con la que han arrinconado al mexicano, pero también han arruinado a 305.000 ahorradores españoles, muchos de ellos pensionistas y jubilados que no han pasado el test de cultura financiera porque muchos no saben leer ni escribir, y que tenían unos pocos ingresos más que les ofrecían las rentabilidades de las deudas emitidas y los dividendos de las acciones que les habían aconsejado los directores de cada una de las sucursales del Banco Popular de su entorno. Por tanto, para eliminar el mayor problema que presentaba esta operación, que era el mexicano, han arruinado a muchísimos ahorradores que tenían su capital depositado en uno de los bancos más solvente y eficaz en estos últimos años.
6.- Ya todos sabemos cómo hizo la operación la JUR junto con el FROB, el BCE y el ministerio de economía. Operación acordeón para amortizar las acciones existentes, habiendo pasado las deudas subordinas y demás deudas a acciones, valorándolas a 0 €, junto con la consiguiente ampliación de capital. Una operación administrativa que se salta todo normativa y crea una inseguridad jurídica en el terreno de los activos financieros.
De esta acción realizada por el JUR y el FROB, se desprende que se hurta la titularidad de las acciones que dispone cada persona, cosa novedosa en nuestra sociedad y nuestro derecho, ya que la acción es propiedad personal e intransferible, y aquí, vía administrativa, se ha hurtado un bien o propiedad personal, sin poder reclamar una valoración justa y un justiprecio. Esto es propio de las sociedades donde la propiedad privada no existe y los bienes son bienes del Estado. En este caso, el Estado junto con los organismos europeos han hurtado la propiedad privada, menospreciando a los verdaderos propietarios de dichos bienes.
7.- Tanto en esta operación, como en la venta del Banco de Valencia a Caixabank, se realiza la venta por un euro. Todos nos preguntamos, ¿qué significado tiene el pago de un euro?, puesto que las valoraciones son negativas, eso indicaron en un primer momento. La valoración puede ser negativa o positiva pero, ¿quién ha decidido dicha valoración? Es una valoración arbitraria, pero la misma en el caso Caixabank con Banco de Valencia y en Banco Santander con el Banco Popular.
8.- Todos sabemos las dificultades financieras que está atravesando elBanco Santander. Gran parte de sus beneficios venían de Hispanoamérica y Gran Bretaña, siendo España un problema en la generación de beneficios. Si esos beneficios que engordaban al grupo están cayendo en picado, por reducción de la actividad económica en Brasil, Chile y Argentina y el Brexit, solo le queda aumentar la actividad en España para incrementar los flojos beneficios que está logrando en nuestro país.
Por tanto, ¿que mejor que engordar la cartera de clientes, tanto de particulares como pymes, que el Banco Popular disponía?
Y como resumen de todo, parece que esta operación se ha realizado para eliminar al mexicano y sus planes para quedarse con el Banco Popular, y realizado el cambio de timón por el ministro y su sequito, poder ofrecer un regalo al Banco Santander que con la fusión con el Banco Popular va a lograr 18.500 millones extras en los próximos tres años.
Y todo con la incautación, hurto y privación de los ahorros de 305.000 personas que tenían depositados todo aquello que habían logrado con sudores y lágrimas y que van a ser el EFECTO COLATERAL de esta guerra sucia de poder y dinero».
La primera reacción ha sido la destitución del Presidente del Banco Popular, después de estar cuatro meses al frente del cargo, así como el Consejo directivo, siguiendo las directrices del FROB. Saracho fue “fichado” para vender la entidad en las mejores condiciones y solucionar en la medida de lo posible lo que algunos expertos han considerado “el fiasco de –Angel- Ron”. A pesar de la situación en la que Ron dejó al Popular , la estrategia de Saracho fue intentar que no cundiera el pánico, y de algún modo no culpar a su antecesor, temiendo que esta información pudiera desatar las alarmas en el exterior. Sin embargo su estrategia, hoy evidencia que no fue correcta, y esa falta de información supuso aún más debilidad para la delicada situación de la entidad financiera.
A pesar de los continuos intentos por mantener su independencia, el Popular ha tenido que seguir los dictados que vienen del nuevo Mecanismo Único de Resolución europeo, quien ha declarado esta opción como inviable.
Dos han sido las entidades que se estrenan con el proyecto de Unión Bancaria Europea: el Banco Popular en España y el Monte di Paschi en Italia. Al primero la jugada le ha salido mal y ha tenido que ser rescatado; el italiano todavía sobrevive.
Según declaraciones de las que vozpopuli se hace eco, Ana Botín no ha querido asumir el riesgo de incorporar un equipo que ha sido incapaz de controlar la saliad de depósitos y el desplome de las acciones durante los últimos meses. Además, Botín es consciente de la cantidad de demandas que muy probablemente puedan venir en próximas fechas por parte de accionistas y dueños de la deuda del Popular. Muy seguramente Saracho y el consejo de administración tendrán que rendir cuentas ante los tribunales, puesto que las pérdidas de más de 10.000 millones de euros no quedarán en el olvido de los accionistas.
El nuevo presidente ya ha sido designado por Botin: será José García Cantera, y viene acompañado por un nuevo Consejo, que estará formado por Pedro Pablo Villasante, Javier García-Caranza, José Doncel y Gonzalo Tejuca.
Ante la intranquilidad de socios y accionistas, la nueva dirección del Banco Popular mantendrá reuniones durante el final de esta semana con los responsables del Santander para intentar trasladar un mensaje que consiga tranquilizarles, así como dar la mayor transparencia sobre la nueva estrategia que se comenzará a trazar desde estos instantes. Se calcula que el coste de la reestructuración de la entidad bancaria asciende a 1.300 millones de euros; la marca del Popular seguirá funcionando lo mínimo imprescindible hasta que Santander la absorba totalmente.
http://diario16.com/desastre-operacion-del-santander-totalbank/ El desastre de operación del Santander con el TotalBank Mientras Saracho paró la venta de TotalBank al chileno BCI por 540 millones el día antes de intervenir al Popular porque consideraba que se trataba de una mala operación, el Santander lo vende por 50 millones menos y se considera una gran operación Por Esteban Cano - 02/12/2017 3 La familia del Santander (el Grupo, el Banco y los medios controlados) parece estar de enhorabuena por el cierre de la operación de venta del banco americano del Popular: TotalBank. Nada más lejos de la realidad puesto que se trata de una operación nefasta en la que el grupo chileno BCI se está aprovechando de las necesidades de hacer caja que tiene el Santander para poder presentar unas cuentas a final de año que enmascaren la verdadera realidad de la entidad presidida por Ana Patricia Botín....
Plataformas Sindicatura de Popular: los accionistas de estudian demandar al Mecanismo Único de Resolución . Ampopular.com : macrodemanda impulsada desde Kiluva (Naturhouse), por Félix Revuelta, presidente de esta compañía, el magnate mexicano Antonio del Valle y el empresario chileno Andrónico Luksic, al servicio de los accionistas minoritarios del Banco Popular. Afectados de bonos subordinados de Banco Popular . Bonos del Banco Popular . Asociación de Afectados por la venta del Popular. Accionistas de Banco Popular. Agrupación de Afectados del Banco Popular. Plataforma de afectados de bonos convertibles en acciones de Banco Popular Organizaciones de consumidores y usuarios: OCU ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra la cúpula del Banco Popular a los que acusa de presuntos delitos de falsedad contable y estafa a los inversores. OCU hace un llamamiento a todos los inversores y accionistas minoritarios afectados a que se s...
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